G. Desaparición de periodistas

Si cabe señalar un estamento que notoriamente estuvo bajo la óptica preocupada del siniestro aparato de persecución y represión político-social montado por el gobierno militar, forzosamente habrá que mencionar a los periodistas argentinos. No fue a causa de la casualidad o por error que es tan alta la cantidad de víctimas en proporción a los profesionales que integran el sector: además de afectar con este ataque el vasto campo de la cultura, siempre vista con recelo por las dictaduras, es evidente que se apuntó a silenciar un grupo social de gran importancia para evitar de raíz todo tipo de cuestionamiento público.

Naturalmente, la actividad periodística siempre convocó la más diversa gama de intelectuales, personal idades del arte y de las letras , así como gente con alto grado de inquietud política y sociológica. Por añadidura, los organismos sindicales que agrupan a los periodistas se destacaron por su firme actitud de defensa de sus asociados, y en tal sentido lucían en el escenario de las luchas en pos de la vigencia de la libertad de pensamiento, con particular brillo.

El mismo día 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe en su comunicado N° 19 hizo saber que sería «reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales».

El tiempo fue dando cuenta del significado y alcance de tal advertencia. Se intervino militarmente a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; se expulsó a corresponsales de agencias extranjeras y se requisó haciendo incinerar numerosos libros de bibliotecas privadas y públicas.

En «La Razón» del 29 de abril de 1976, se informaba que el Teniente Coronel Jorge Eduardo Gorleri, Jefe del Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada, dependiente del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, había invitado a periodistas a presenciar una quema de libros de autores marxistas o afines, confiscados en diferentes librerías de esa ciudad, manifestando en esa oportunidad que se procedía a «incinerar esta documentación perniciosa que afecta el intelecto, a nuestra manera de ser cristiana... y en fin a nuestro más tradicional acerbo espiritual sintetizado en Dios, Patria y Hogar».

Un gran número de periodistas sufrió la prisión, la desaparición o la muerte.

Los represores interpretaron que los periodistas ponían en riesgo el pretendido consenso que debía acompañar las muy polémicas y comprometedoras facetas de la acción de gobierno, así como el sigilo y secreto con el que operaba el aparato represivo ilegal que debía paralizar por el pánico a toda la Nación.

La sola posibilidad de que se publicitaran eventuales denuncias o que se dieran a conocer noticias acerca de lo que estaba ocurriendo, fue vivido por el régimen como un peligro mayúsculo para la política de desaparición forzada que estaba en marcha. Había que hacer algo más que aplicar las insoslayables medidas de «control» sobre las voces opositoras o simplemente interesadas en transmi ir con aproximación objetiva los sucesos de la realidad. Había que hacer sentir a quienes trabajaban en el medio de prensa todo el peso del aparato terrorista, para desalentar de antemano el menor intento de crítica al gobierno, impedir así sea el menor indicio que confirmara públicamente la espantosa suerte reservada a las miles de víctimas de los cotidianos secuestros.

A pesar de ser uno de los problemas más graves que afectó al país, o quizás por ello mismo, se mantuvo desinformada a la opinión pública sobre lo que estaba sucediendo.

Así fue como los medios de comunicación social en general se abstuvieron de difundir el arresto de personas consideradas por las autoridades como elementos subversivos. Todo el país sabía que se practicaban detenciones, pero le estaba vedado conocer cuántos eran, quiénes eran y dónde eran llevados. En los primeros años los periódicos de mayor circulación hasta consideraron prudente evitar la públicación de «solicitadas» con las listas de las personas buscadas por sus familiares.

Es sintomáatico en este sentido, el «Memorandum Interno N° 44», del diario cordobés «La Voz del Interior», fechado el 22/4/1976 y dirigido a la Secretaría de Redacción del matutino, que reza así: «Cordoba, 221411976. Por disposición de ests Dirección, y con motivo de las directivas del Comando del III Cuerpo de Ejército en el día de la fecha, no se deberan públicar reclamos de familiares de presuntos detenidos que deseen conocer su paradero».

La consecuencia fue que amplios sectores de la población creyeron ingenuamente en la inexistencia del problema o al enterarse de los casos concretos, incurrieron en incredulidad o, a lo sumo, le restaron importancia.

Paralelamente, en el lapso circunscripto a los primeros meses de gobierno de facto, cuando éste instrumentó el basamento funcional para el cumplimiento de sus fines y objetivos, se produce la más alta proporción de secuestros de periodistas. Ciertamente, en el curso del año 1976 fueron privados irregularmente de su libertad, situación que se mantiene al presente sin reaparición de sus cuerpos, 45 profesionales de prensa. En los ocho meses siguientes, desaparecieron 30 más, estimándose que el guarismo total de «desaparecidos» de este gremio asciende a un centenar, tal como surge del listado anexo.

Cabe agregar, para diseñar más propiamente el cuadro, que más de cien periodistas fueron encarcelados sin proceso judicial alguno a partir del 241311976. Cifra por demás ilustrativa, a la cual deben añadirse el gran número que debió abandonar el territorio nacional, dado el grave peligro que corrían sus mismas vidas.

Esta Comisión ha elaborado su información con incuestionable acopio de elementos acreditantes de lo que ha sido casi una constante: la participación de fuerzas públicas en los secuestros, la destrucción, el saqueo y hasta la extorsión de los familiares de las víctimas.

Simplemente a título ejemplificativo, daremos seguidamente referencias sintéticas de algunos de los casos denunciados: