La denuncia que formularon los abogados de la Capital, solicitando la investigación administrativa, determinó que la Corte Suprema de Justicia iniciara por vía de Superintendencia el Expte. N° 1306/82, con el resultado de la clausura del sumario por resolución dictada el 7 de junio de 1983, por cuanto «....no revela irregularidades susceptibles de ser objeto de la potestad disciplinaria del Tribunal».
Sin embargo, no han sido de la misma opinión los nuevos magistrados que han integrado la Corte a partir del advenimiento del Gobierno Constitucional; por Resolución N° 908/84, acaban de disponer la reapertura de las mismas actuaciones por entender que los argumentos en que se fundó el cese de la investigación «...no se ajustan a derecho y tampoco encuentran base suficiente en las constancias del sumario».
El razonamiento que hilvana el alto Tribunal en su nueva composición conforma un sólido bagaje argumental para el debido sustento jurídico de la decisión; pero al propio tiempo revela el inequívoco deseo de inducir la actividad judicial para que se extremen y agoten, de aquí en más, las investigaciones tendientes a aclarar el trágico problema de los desaparecidos.
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