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"Tan culpables como los militares"
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El Gobierno se presentó en la causa por el secuestro de dos
empresarios y solicitará la anulación de los indultos del menemismo.
Por Adriana Meyer. "Creemos que esto es parte del reclamo de memoria
verdad y justicia, y que los responsables económicos son tan
responsables como los militares", afirmó ante Página/12 Luis Alén,
jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
tras presentar la querella del Gobierno en la causa por el secuestro
de dos empresarios durante la dictadura. La reapertura de este proceso
fue pedida por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre, el fiscal federal Federico
Delgado y el fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido.
En sintonía con los demás querellantes, la posición oficial
presentada ayer en conferencia de prensa por el secretario Eduardo
Luis Duhalde y Alén reclamará la inconstitucionalidad de los indultos
menemistas que favorecieron a los tres imputados: el dictador Jorge
Rafael Videla y sus ex ministros del Interior y Economía, Albano
Harguindeguy y Alfredo Martínez de Hoz, respectivamente.
Estos represores fueron acusados por el secuestro de Federico Gutheim
y su hijo Miguel, quienes pasaron cinco meses presos a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional. El verdadero móvil de la detención habría
sido presionarlos para que negociaran con representantes de empresas
extranjeras a raíz de un frustrado negocio de exportación del que José
Alfredo Martínez de Hoz había tomado conocimiento en una visita
oficial a Hong Kong. El gobierno de facto pretendía que Sadeco, la
empresa textil de los Gutheim, cumpliera con un contrato de
exportación que le habilitaría a Martínez de Hoz obtener créditos
desde esa ciudad china. Mientras estuvieron detenidos fueron
trasladados cuatro veces, en enero de 1977, a oficinas en las que se
desarrollaron negociaciones con los representantes de tales empresas y
uno de la cartera económica.
Harguindeguy, como ministro del Interior, y Videla, como presidente de
la Nación, fueron responsabilizados como coautores por haber firmado
los decretos de detención, en la medida en que sólo ellos tenían poder
de hecho para dar tales órdenes, y por haber permitido y facilitado
los traslados de los detenidos. El 5 de noviembre de 1976 Gutheim
padre e hijo fueron arrestados a disposición del PEN y el 6 de abril
de 1977 fueron liberados, en ambos casos con sendos decretos que
habrían sido elaborados luego de los hechos para darle cierta
apariencia de legalidad al encarcelamiento ya materializado. Antes que
la causa se cerrara por los indultos que Carlos Menem dictó en 1990,
la Justicia ya había determinado que no existían elementos para
detener a los Gutheim, tan sólo habían sido acusados por
irregularidades en trámites de exportación de algodón.
"Se encuentra acreditada la organización y funcionamiento de una
estructura ilegal, orquestada por las Fuerzas Armadas, la cual tenía
como propósito llevar adelante un plan clandestino de represión",
dicen los fundamentos de la presentación oficial. En tal sentido, Alén
agregó que "hay una parte que falta, la dictadura no fue sólo una
cuestión para combatir a la guerrilla sino la deliberada puesta en
marcha de un programa económico con beneficiarios, cuyo comandante fue
Martínez de Hoz, y las muertes y las desapariciones fueron un modo de
disciplinamiento para imponer esa política". Y agregó que por ese
motivo, en los argumentos de la querella citaron a Rodolfo Walsh, en
su Carta Abierta a la Junta, cuando habla de la política económica. En
la presentación también se mencionan párrafos del discurso de la
ministra de Economía, Felisa Miceli, en su homenaje a los
desaparecidos de la cartera económica pronunciado el 31 de marzo.
En julio de 1988 la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva de
Harguindeguy y de Videla, calificó sus conductas como secuestro
extorsivo reiterado y consideró como ilegal y carente de razonabilidad
las detenciones. La tanda de indultos del menemismo benefició a los
tres acusados y ésa es la situación que ahora pretenden revertir los
querellantes Alicia Palmero y Rodolfo Yanzón, de la Asociación y de la
LADH respectivamente, y los representantes del Ministerio Público
Fiscal, ahora junto con el Gobierno. La causa fue reabierta cuando el
fiscal Delgado impulsó el pedido de los organismos de derechos
humanos.
Las fuentes judiciales consultadas por este diario afirmaron que, en
realidad, el Estado ya estaba representado en la causa por el
Ministerio Público Fiscal, por lo cual la presentación gubernamental
viene a reforzar la realizada oportunamente por los fiscales de la
causa. Y anticiparon que el juez federal Norberto Oyarbide está en
condiciones de resolver en breve la inconstitucionalidad de los
indultos en este caso.FIN.