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CLARIN, ARGENTINA.
Por pedido de Argentina, la ONU declaró "crimen de lesa humanidad" la
desaparición forzada de personas
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Se trata de una iniciativa conjunta impulsada por los gobiernos
argentino y francés. La propuesta fue aprobada por unanimidad por el
nuevo Consejo de Derechos Humanos del organismo. Ahora pasará al
plenario general.
El flamante Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU)
aprobó hoy en Ginebra por unanimidad la Convención Internacional
contra las Desapariciones Forzadas de personas, por iniciativa de la
Argentina y de Francia.
Las 47 naciones que componen el Consejo votaron a favor de la
Convención, que ahora deberá ser girada al plenario general para su
aprobación y puesta en vigencia. De todos modos, el carácter unánime
de la decisión hará que el trámite pueda ser rápido y burocrático,
dado que el apoyo sin fisuras alcanzado en el Consejo le brinda una
fortaleza política inédita, según fuentes de la cancillería argentina.
El titular del Palacio San Martín, Jorge Taiana, estuvo presente en la
sesión aprobatoria que se realizó en la ciudad suiza y calificó la
medida del Consejo como una "resolución (que) constituye un momento
histórico para la causa de los derechos humanos".
Taiana recordó que el "proyecto fue preparado y consensuado, no
solamente por los Estados, sino con el concurso de las organizaciones
no gubernamentales, en particular las asociaciones de familiares y
víctimas de violaciones de los derechos humanos que hoy nos
acompañan".
El canciller argentino sostuvo hoy que "este no es el final del camino
sino el comienzo de una nueva etapa en la promoción de los derechos
humanos". Con la aprobación de este instrumento, los Estados reconocen
el derecho de todas las personas a no ser víctimas de desaparición
forzada, a la vez que reafirman el derecho a la verdad, la reparación
y la justicia, y confirman que la práctica sistemática de ese delito
constituye un crimen de lesa humanidad.
Ahora la Convención consagra el deber de incriminar las desapariciones
forzadas como delito autónomo, a la vez que estipula la obligación de
los Estados de proceder a adoptar una serie de medidas para la
prevención, investigación, procesamiento y castigo de quienes resulten
responsables.