Julio 11, 2006

Con apoyo en España, llega a la Justicia el caso de 12 desaparecidos

Silvana Boschi. El ex ministro de Economía de la dictadura, José
Alfredo Martínez de Hoz, podría ser investigado por la desaparición de
un ex funcionario, el español Juan Carlos Casariego de Bel. Su caso,
revelado por Clarín, aún no fue esclarecido, pero su familia sospecha
que ex el ministro pudo haber tenido participación o complicidad en su
secuestro.

El martes 18 de julio, el caso Casariego de Bel junto al de otros once
desaparecidos de origen gallego será presentado ante el juez federal
Daniel Rafecas, en la causa en la que se investigan violaciones a los
derechos humanos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército.

La presentación será durante una audiencia con el juez, donde se
entregará un escrito encabezado por Francisco Lores y Manuel Campos
Janeiro, presidente y vice de la Federación de Asociaciones Gallegas
de la Argentina. Allí pedirán ser tenidos como querellantes, se darán
detalles de los 12 casos de ciudadanos de Galicia o descendientes de
gallegos que desaparecieron en el área controlada por el Primer
Cuerpo, y se solicitará la detención inmediata de los acusados.

Luis Fernández Ageitos, de la Federación de Asociaciones Gallegas de
Argentina, explicó a Clarín que "debe haber unos 90 casos registrados
de desaparecidos de origen gallego en nuestro país, de un total de 600
españoles, pero sólo estos 12 casos pertenecen a la jurisdicción del
Primer Cuerpo del Ejército".

Además de Casariego de Bel, figuran en la presentación: Ernesto
Fernández Vidal, Ramón García Ulloa, Dolores del Pilar Iglesias,
Manuel Souto Leston, Urbano López Fernández, Manuel Gómez Aguirre,
Jaime Emilio Lozano Nieto, Inés Olleros, Miguel Angel Castiglioni
Cornes, Alberto Horacio García López, y Alicia Raquel D'ambra
Villares.

El caso de Casariego de Bel involucra al ex ministro Martínez de Hoz,
actualmente imputado en una causa por el secuestro de los empresarios
Federico y Miguel Gutheim. En esta causa el Gobierno pidió la nulidad
del indulto contra Martínez de Hoz.

María Casariego de Gainza, hija del funcionario desaparecido en junio
de 1977, también planea sumar el caso de su padre a esta causa, para
que la Justicia investigue la posible participación o complicidad del
ex ministro y del secretario, Guillermo Walter Klein. "Si bien no
tenemos una prueba directa sobre la participación de Martínez de Hoz
—dice—, hay elementos de peso en favor de esta hipótesis: uno es la
negativa del ministerio a intervenir ante la desaparición de uno de
sus principales funcionarios; la otra es que al mes se nombró a un
director interino, que firmó negociados que mi padre rechazaba, como
el caso Italo".

La presentación que se realizará el 18 en el juzgado de Rafecas fue
anunciada el viernes en Vigo, España, en una conferencia en la sede de
la Confederación Intersindical Gallega (CIG). Participaron Francisco
Lores, presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas de la
Argentina; Fermín Paz, secretario de la CIG; Luis Pérez Leira, del
departamento de Migracion de la CIG, y Gustavo García, abogado de la
CIG en el juicio de Madrid contra los delitos de genocidio cometidos
en la Argentina.

Estas entidades solicitan también que el Parlamento gallego constituya
una comisión de investigación de los delitos de lesa humanidad
cometidos en la Argentina contra ciudadanos gallegos y sus familiares.
También se solicitó a la Junta de Galicia que, a través de su
presidente, presente una querella institucional y dé asistencia
jurídica a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en
Argentina.

Por último, pidieron que Galicia solicite a la Argentina amplia
información sobre las circunstancias de las desapariciones y
asesinatos de los ciudadanos gallegos y sus familiares.

La comunidad autónoma de Galicia está gobernada ahora por el Partido
Socialista, que el año pasado logró desplazar al gobierno conservador
de Manuel Fraga Iribarne.

Desde Argentina, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)
participó en la elaboración de la querella. Adriana Calvo, de la AEDD,
explicó que desde la reapertura de las causas por violaciones a los
derechos humanos se impulsó en Buenos Aires y La Plata un espacio que
se llama "Justicia Ya" "que reúne a organismos de derechos humanos,
organizaciones gremiales, sociales y políticas, interesadas en
participar en las causas". "Todas las organizaciones tienen el derecho
y el deber de reclamar por sus desaparecidos", señaló.

Posted by federico at Julio 11, 2006 12:08 AM | TrackBack
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