URUGUAY, REANUDA DEBATE SOBRE LA NECESARIA NULIDAD DE LA LEY DE
CADUCIDAD, QUE IMPIDE EL JUZGAMIENTO DE LOS DELITOS DE TERRORISMO DE ESTADO COMETIDOS POR LA DICTADURA CIVICO MILITAR DEL URUGUAY.
Hugo Cores. PVP-567 Frente Amplio. La República, Montevideo, 10 de
julio de 2006. La realidad de las fuerzas armadas uruguayas ha sido,
en los últimos decenios, muy poco transparente. Hasta ahora poco se ha
avanzado en aclararla. El tipo de mensaje que se usa habitualmente
invita a creer que todo sigue dentro de los cauces de la normalidad,
sin explicar qué se entiende por 'normal'. En el seno de nuestra
fuerza política, pese a los invalorables aportes del Compañero General
Victor Licandro, la discusión sobre estos temas ha sido pertinazmente
desalentada.
La fuga del ex coronel Gilberto Vázquez, al romper durante cuatro días
las reglas de las relaciones entre el gobierno y las fuerzas armadas,
al protagonizar un episodio de desenlace imprevisible, alteró los
límites de 'lo normal' y amplió fugazmente el área de problemas acerca
de los que se habla en forma pública. Las 96 horas de incertidumbre
achicaron el campo al discurso de rutina, hecho de silencios,
anestésico y fosilizado.
Esta vez, los medios de comunicación amplificaron el contacto del
público con los hechos. Es lógico que así fuera. No se termina de
entender el reproche que se les ha formulado por haber dado
importancia al episodio. La fuga de G. Vázquez y los avatares
posteriores fortalecieron la posición del gobierno, mostraron una
policía adecuada a las circunstancias y debilitaron y dividieron al
núcleo más duro de la represión en el período del terrorismo de
Estado. Entre los hechos que afloraron quedan para ser examinados
varios puntos.
Para empezar, las referencias reiteradas por parte de las autoridades
civiles y militares a la significación de los compromisos emanados del
'código de honor' que caracterizaría a los militares. Cabe
preguntarse, como lo hacía Raúl Olivera en un intercambio de opiniones
reciente, cuál es el alcance de este concepto 'código de honor' que
posee tanta y tan espectacular eficacia. Un código que proporciona el
derecho a estar en libertad cuando los magistrados han ordenado la
prisión preventiva. Un código de tan espléndidos efectos que paraliza
la acción de los jueces. Que coloca al estamento militar por encima de
las obligaciones que circunstancian la vida del resto de sus
conciudadanos. ¿Dónde latía ese sentido del honor hace 33 años, cuando
integrantes de una institución del Estado, se transformaron en
instrumento de la devastación de ese Estado y de su transformación en
una aparato destinado a paralizar la acción ciudadana mediante el
terror? Desde hace 33 años, Gavazzo, Vázquez, etc. se han comportado
como delincuentes: en dictadura cometiendo los peores crímenes. En
democracia ocultando la verdad, mintiendo.
Hace unos pocos días, Búsqueda (1.360) informaba en su página 1 "Jefe
del Ejército cree que la única forma que existe para evitar
extradición de militares a Argentina es que sean enjuiciados en
Uruguay". Para llegar a ese fin, la opción razonable, la única legal y
pertinente es la anulación de la ley de Caducidad. Pero no es ese el
camino que ha preferido transitar la cúpula del Ejército. Las
propuestas manejadas que, en nota de análisis publicada ayer en El
País son confirmadas por fuentes militares a Alfonso Lessa, son de
otro carácter. Y no se caracterizan, precisamente, por su apego a la
Constitución y la Ley ¿Como es posible que la máxima jerarquía del
Ejército nacional mantenga reuniones con los acusados por la Justicia
argentina en las que se aborda la problemática de cómo evitar la
extradición?
¿Qué asidero legal tiene la posibilidad que se manejó en el sentido
que los oficiales acusados por la justicia argentina se hicieran
responsables de alguno de los delitos (se llega a hablar del 'caso
Adalberto Soba' y hasta del número de años en prisión que costaría
hacerse cargo) para de este modo evitar ser trasladados a Argentina.
¿Tiene el mando del Ejército potestades para negociar carátulas,
delitos, penas? ¿Por qué habría que negociar en materia tan delicada?
¿Cuál es la fuerza del grupo de Gavazzo, que frente a ellos se
suspende el orden legal y hay que negociar? ¿Cuál es la fuente de
legitimidad de esa fuerza?
Si esa fuerza existe no puede ser sino como un factor residual de la
dictadura. Un poder nacido del accionar clandestino, de las manos
sucias, de los crímenes repugnantes, al decir de Tabaré. Un poder
ilegítimo, basado, más que en la fuerza en el recuerdo, en el reflejo,
de la fuerza. La amenaza desde el pasado con respaldo en las
autoridades militares de hoy. Ese es el asunto. Y un gobierno popular,
democrático y defensor de los valores de la legalidad republicana no
puede tener una actitud distante, neutral o 'pragmática' ante la
supervivencia de esa gravitación cuya sola existencia desmoraliza al
estado de Derecho. La democracia republicana se asienta en valores y
esos valores son incompatibles con los que personifican Silveira,
Gavazzo, Vázquez y Medina, herederos y beneficiarios de los miedos
paralizantes del terrorismo de Estado. Finalmente, un día sí y otro
también, la prensa se hace eco de la existencia de logias dentro del
Ejército. Logias, vale decir, organizaciones clandestinas de oficiales
con mando de tropa. También se reitera la existencia de vínculos de
alguna de estas logias con sectores políticos entre los que se
incluyen a grupos del Frente Amplio. La existencia de estos vínculos
constituye un grave error.
Cabe preguntarse ¿qué fundamento tiene en el ordenamiento legal
vigente la existencia de estas relaciones? Esto es lo decisivo. Hemos
elegido acumular fuerzas a partir del desarrollo y la profundización
democrática, acrecentando la transparencia de los asuntos políticos y
la más amplia participación de los ciudadanos. Ese ha sido, desde sus
orígenes, la impronta estratégica fundamental del FA. Si en algún
territorio de la realidad estatal las normas no ayudan a resolver los
problemas, como ocurre ahora con la ley de impunidad, habrá que
movilizarse y convencer para cambiar las normas con arreglo al Estado
de derecho y con la más amplia participación democrática del pueblo.
Las relaciones con logias clandestinas es una opción que no va en esa
dirección. Habría que preguntarse cuáles son los fundamentos políticos
de esta línea de trabajo hacia las fuerzas armadas y explicar cómo
empata ese accionar con los puntos de vista y el programa de la
izquierda acerca de la necesidad de ganar para el pensamiento
democrático a los integrantes de los cuerpos armados del Estado. El FA
no triunfó solamente para cambiar los titulares de las viejas palancas
del poder estatal. Se propuso cambiar, en un sentido democrático y
popular, una estructura del Estado heredada que había sido montada
durante decenios por los conservadores para respaldar al orden
capitalista dependiente.
Este Estado es, para la izquierda, un campo de lucha. Lucha frente a
los residuos de la doctrina de la seguridad nacional, frente al
servilismo ante los grandes corporaciones y organismos
internacionales, frente al burocratismo, el clientelismo y demás
formaciones parasitarias que traban la acción social del Estado, que
impiden su rol en el desarrollo de nuestra identidad cultural y de
nuestra soberanía.FIN.