Por Victoria Ginzberg. Diario Página 12, 12 de julio
de 2006. La medida incluye a Astiz, Acosta y Pernías.
Se dictaron embargos que alcanzan los 175 millones de
pesos. Todos están presos. Los represores Jorge “El
Tigre” Acosta y Alfredo Astiz encabezan la lista de
represores procesados.
“Los hechos ilícitos investigados en esta causa no
resultaron producto de una decisión solitaria, sino
que son consecuencia de un modo de acción que los
comandantes resolvieron y fueron ejecutados
confluyendo una compleja gama de factores que
involucró a personal militar y a toda la estructura y
logística de la Armada”, señaló el juez federal Sergio
Torres al procesar a los represores Alfredo Astiz y
Jorge “El Tigre” Acosta y otros 16 miembros del grupo
de tareas de la ESMA. El magistrado analizó 175 casos
de víctimas de la dictadura y embargó a los acusados
con sumas que llegan a los 175 millones de pesos.
Además de Acosta y Astiz, los represores que fueron
procesados son: Oscar Antonio Montes, Manuel Jacinto
García, Antonio Pernías, Alberto Eduardo González,
Jorge Raúl González, Jorge Perren, Jorge Radice,
Francisco Lucio Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar
Savio, Pedro Antonio Santamaría, Víctor Francisco
Cardo, Roque Martello, Ernesto Frimon Weber, Luis
María Mendía y Ricardo Guillermo Corbetta. Todos están
detenidos.
Los acusados formaron parte del grupo de tareas 3.3/2
que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada
durante la última dictadura y que, según fue
ratificado en la investigación judicial, detuvieron
ilegalmente, torturaron e hicieron desaparecer a miles
de personas que pasaron por allí. “Se encuentra
debidamente probado que una vez producido el secuestro
y conducida la persona a la ESMA se la sometía
sistemáticamente a un interrogatorio acompañado de
tormentos (pasaje de corriente eléctrica, golpes,
simulacros de fusilamiento, etc)”, señaló Torres.
El juez utilizó como pruebas los legajos de las
víctimas de la Conadep y todos los antecedentes que
hay de ellas en la Justicia militar o cualquier fuero
civil. Además, interrogó a sobrevivientes, familiares
y amigos de los desaparecidos e incluyó, entre otros
informes y documentos, la causa que instruyó en España
su colega Baltasar Garzón.
Martín Gras, sobreviviente de la ESMA, explicó en su
declaración que la creación del grupo de tareas 3.3/2
fue apoyada decididamente por el dictador Emilio
Eduardo Massera para obtener su propia cuota de poder:
“Desde el punto de vista jerárquico organizativo, el
GT es el brazo ejecutor del SIN (Servicio de
Inteligencia Naval), pero en la práctica realiza sus
propias tareas de inteligencia, convirtiéndose
paulatinamente en un sector de dependencia directa de
Massera, agudizándose las contradicciones políticas
con el SIN, cuya jefatura no era considerada
‘masserista’”.
Otros ex detenidos de la ESMA, como Andrés Castillo y
Graciela Daleo, aportaron datos sobre la estructura de
la patota armada por Massera. Relataron que se
establecieron tres sectores: inteligencia, operaciones
y logística. Los integrantes del primer grupo eran los
encargados de interrogar y torturar a los
secuestrados. Los de operaciones, planificaban y
ejecutaban las detenciones, robos de autos, saqueos de
viviendas y otras maniobras. Los miembros de logística
eran los que se ocupaban del desarrollo y
mantenimiento de la infraestructura del grupo de
tareas.
Durante la investigación, Torres pudo probar más de
ciento cincuenta casos de personas que fueron privadas
de su libertad, trasladadas a la ESMA y sometidas a
tormentos para posteriormente ser liberadas o
eliminadas físicamente. “Los responsables de estas
actividades actuaron con total libertad e impunidad en
cualquier hora del día y en cualquier lugar”, señaló
el magistrado.
El descargo de Pernías
La mayoría de los dieciocho represores procesados se
negó a declarar cuando fue citado por el juez Sergio
Torres. Pero no todos callaron. Si bien intentaron
culpar a sus superiores o justificar sus crímenes en
base a una supuesta “guerra contra la subversión”, los
que hablaron no hicieron más que ratificar las
acusaciones en su contra. Uno de ellos fue Antonio
Pernías, el represor que junto con Juan Carlos Rolón
fue dado de baja al confesar en el Senado que aplicó
torturas en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Pernías admitió que se desempeñó como integrante del
sector de inteligencia de la unidad de tareas 3.3/2 y
en el Centro Piloto de París. “Finalizada la guerra,
la Armada me destinó a las escuelas y unidades
correspondientes a su jerarquía. Esto lo considero un
reconocimiento a cualidades profesionales y éticas
probadas en cumplimiento del deber. Pasé a retiro ante
la imposibilidad de salvar o contrarrestar las
presiones mediáticas que ejercían sobre la Comisión de
Acuerdo (del Senado) determinados organismos o medios,
particularmente Página/12”, dijo Pernías. El represor
no se animó a admitir cuál era el destino final de las
víctimas: “Era una decisión tomada en niveles
superiores de conducción, corresponde por lo tanto que
la metodología empleada sea respondida por quienes
tuvieron esa responsabilidad”.