EL PAIS. ESPAÑA. 18 DE JULIO DE 2006. Un ex piloto de los helicópteros
del ex dictador Augusto Pinochet ha confesado a un juez haber lanzado
al mar en 1987 los cuerpos de cinco opositores a la dictadura, que
previamente fueron asesinados con un veneno. Según reveló ayer el
diario La Nación, el piloto del comando de Aviación, apodado Chino
Campos, contó al magistrado Hugo Dolmetsch que su jefe, el coronel
Mario Navarrete, le ordenó ir en un helicóptero al campo militar de
Peldehue a buscar "unos paquetes".
Los "bultos" eran los cuerpos de cinco militantes del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez, una facción del Partido Comunista que
combatía al régimen, que habían sido detenidos por la Central Nacional
de Informaciones (CNI) para canjearlos por el coronel Carlos Carreño,
secuestrado por el grupo. Los detenidos —Gonzalo Fuenzalida, Julio
Muñoz, José Peña, Alejandro Pinochet y Manuel Sepúlveda— son los
últimos nombres que se conocen de los más de 1.000 desaparecidos por
la dictadura. Por el caso de estas cinco víctimas están procesados
hasta ahora el jefe de la CNI, general Hugo Salas, tres oficiales, dos
suboficiales y cuatro empleados civiles del Ejército.
Pinochet, sin inmunidad
Por otra parte, el pleno de jueces de la Corte Suprema desaforó ayer a
Pinochet, lo que confirma un fallo previo de la Corte de Apelaciones
de Santiago, por su presunta responsabilidad en el secuestro y
ejecución de dos víctimas de la Caravana de la Muerte.
Aunque el Tribunal Superior no dio a conocer el dictamen ni su
votación y sólo lo hará cuando esté redactado el texto, el pleno de
jueces sólo puede quitar un fuero —garantía que en este caso Pinochet
tiene por su condición de ex presidente— si logra "sospechas fundadas"
de la participación del inculpado. El juez Víctor Montiglio, a cargo
del sumario, deberá ahora interrogar al ex dictador por estos dos
crímenes y resolver si lo somete a proceso.
Las víctimas, Wagner Salinas y Francisco Lara, eran miembros de la
escolta del ex presidente Salvador Allende y ambos fueron detenidos en
la ciudad de Curicó el 30 de septiembre de 1973, tres semanas después
del golpe militar. El general Sergio Arellano, jefe de la Caravana de
la Muerte, una comitiva militar enviada por Pinochet que asesinó a
decenas de prisioneros políticos de la dictadura en distintas
ciudades, ordenó trasladar a Salinas y Lara a Santiago, donde ambos
fueron asesinados y sus cuerpos arrojados en una calle.
Los casos de Salinas y Lara no fueron incluidos en la querella por los
75 secuestros y homicidios que se le imputan a la comitiva. Pero en la
práctica, esta resolución de la Corte Suprema reabrió el proceso por
la Caravana de la Muerte, por el que Pinochet fue juzgado, aunque
después ese mismo tribunal lo sobreseyó en 2002 por su supuesta
"demencia senil".