Fuente: Carlos Cue, El País, Madrid, Esp, 17jul06.
recolectado por Equipo Nizkor.
Después de un larguísimo proceso con múltiples
retrasos, el Gobierno ultima el informe y la Ley de
Memoria Histórica para presentarla en Consejo de
Ministros antes de agosto. Con el tiempo y las
críticas feroces del mundo conservador, el Gobierno ha
ido suavizando el contenido de la ley para tratar de
limitar la polémica y aplacar al PP, contrario a hacer
cualquier tipo de ley "que remueva el pasado". El
Ejecutivo ha anunciado en los últimos días el reparto
de tres millones de euros para asociaciones de
víctimas del franquismo, pero desoye sus peticiones
más reiteradas.
El 18 de julio, día en que se cumplen 70 años del
golpe de Estado del general Francisco Franco contra la
II República, llegará sin que la Ley de Memoria
Histórica, prometida desde junio de 2004, haya visto
la luz. El Ejecutivo duda entre el 21 y el 28 de
julio. Esta última fecha garantizaría que la polémica
llegue ya con el país de vacaciones, en pleno agosto,
el mes menos activo en política.
El Gobierno tiene ya ultimados dos documentos. Uno, el
informe con todo el trabajo realizado por la comisión
interministerial creada para este fin y presidida por
María Teresa Fernández de la Vega. Ahí estarán lo que
piden las asociaciones de víctimas del franquismo
-casi 40 han pasado por la comisión-, y lo que se ha
hecho desde 1978 en cuanto a reparación moral y
material de las víctimas y recuperación de la memoria.
Al contrario de lo que puede parecer, según fuentes de
la comisión, se ha hecho mucho, sobre todo en los
primeros años de Gobierno del PSOE: rehabilitación de
soldados republicanos, compensaciones para los que
lucharon con el Ejército fiel a la legalidad o
sufrieron cárcel bajo el franquismo. Las asociaciones
siempre se han quejado de que estas compensaciones
eran ínfimas.
Los dos bandos.
En el informe, que seguramente será muy polémico, el
Gobierno planteará una descripción del horror de la
Guerra Civil, y destacará que hubo desmanes en los dos
bandos. Lo dijo el viernes el propio presidente José
Luis Rodríguez Zapatero: "España tuvo un drama
histórico, una guerra incivil en la que todo el mundo
fue víctima. Hubo víctimas de un lado y de otro",
señaló en Punto Radio.
A partir de ahí vendrá el cuerpo fundamental de la
iniciativa: un reconocimiento moral, desde la
democracia, a quienes sufrieron, después de la guerra,
la represalia franquista, que fue especialmente dura
en los primeros 10 años pero duró hasta la muerte del
dictador. Sólo dos meses antes de su fallecimiento
firmó las sentencias de muerte de dos presos de ETA y
tres de los FRAP, que inspiraron la canción Al Alba,
de Luis Eduardo Aute.
"Tenemos que reconocer a las víctimas del franquismo
porque fueron fruto de una dictadura militar que
cercenó las libertades durante cuarenta años y que
utilizó métodos propios de la dictadura", explicó
Zapatero. Además, el presidente confió en que la
polémica sea limitada: "Este es un país donde somos
todos ya hermanos políticos y de convivencia, que con
30 ejemplares años de democracia ha demostrado que
nada del pasado le puede perjudicar ni afectar".
En esta parte de las víctimas sólo habrá
reconocimiento moral, pero hay otras que tendrán
compensaciones: son las de los últimos años del
franquismo y la Transición. La ley de víctimas del
terrorismo, que cubre desde 1968, cuando ETA comenzó
sus actividades, dejó fuera a varias decenas de
muertos a manos de la policía o extremistas en toda
esa época convulsa. Es el caso de estudiantes y
obreros asesinados por la policía en huelgas y
protestas, como los cinco trabajadores muertos en
Vitoria en 1976, o los dos carlistas fallecidos por
los disparos de militantes de la extrema derecha en
Montejurra (Navarra). Una ley cubrirá este hueco.
La comisión ha realizado también un intenso trabajo
para garantizar la recuperación de todos los archivos
con datos de la represión franquista. Además, se
prepara un protocolo para la reapertura de fosas
comunes, hasta ahora realizada sin apenas control ni
apoyo público. "No pretendemos resucitar muertos, sino
hacer que personas que tuvieron muertos tengan la
posibilidad de saber dónde han estado", explicó
Zapatero. Además, en el Valle de los Caídos se
instalará una exposición permanente sobre la
represión.
Las asociaciones reclaman muchas más cosas, como la
anulación de los juicios sumarísimos o la eliminación
de los nombres franquistas de calles y plazas y las
placas falangistas de las puertas de las iglesias. El
Gobierno, sin embargo, quiere limitar la polémica y
sobre todo evitar el mensaje del PP, que le acusa de
"dividir a los españoles". De momento, el Ejecutivo ya
ha aprobado la mayoría de las peticiones de subvención
de los colectivos de víctimas que luchan por recuperar
la memoria histórica. Hasta tres millones de euros ha
repartido entre asociaciones, la mayoría de ellas muy
pequeñas, para distintos proyectos, una manera
evidente de reconocer su trabajo y el interés del
Gobierno por apoyarlo.