La Cámara Federal de Apelaciones decidió no conceder el recurso de casación interpuesto por el fiscal subrogante contra la sentencia que les otorgaba el beneficio a los represores. Los militares retirados cumplen prisión preventiva acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
Los represores Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez podrán gozar del beneficio de la detención domiciliaria en lugar de cumplir en la cárcel de Villa Urquiza la prisión preventiva que pesa sobre ellos por violaciones a los derechos humanos, se informó.
La Cámara Federal de Apelaciones resolvió no conceder el recurso de casación que había interpuesto Emilio Ferrer, en el carácter de fiscal de Cámara subrogante, contra la sentencia a favor de que a los militares retirados se les concediera la detención domiciliaria.
La resolución fue firmada por Graciela Fernández Vecino, Marina Cossio de Mercau y Enrique Andrada Barone (este en el carácter de conjuez), informaron hoy voceros judiciales.
El fiscal Ferrer pretendía que la cuestión fuera revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal, pero los camaristas concluyeron que el recurso no era procedente, porque la sentencia de la Cámara no era definitiva, sino que se limitaba a señalar que la prisión preventiva que pesa sobre los procesados podía ser convertida en arresto domiciliario por razones humanitarias.
Bussi tiene 80 años y padece problemas cardíacos, mientras que Menéndez tiene 79 y ambos cumplen prisión preventiva acusados de violaciones a los derechos humanos durante el último proceso militar.
El juez federal número uno, Jorge Parache, había ordenado que Bussi y Menéndez cumplieran la prisión preventiva en la cárcel de Villa Urquiza ante un pedido efectuado por Ferrer, pero la resolución fue apelada por el abogado de los ex militares, Horacio Conesa Mones Ruiz.
El abogado solicitará en las próximas horas, una vez que tenga en sus manos la resolución judicial, que se ejecute la sentencia de la Cámara para que Bussi pueda ser trasladado desde el ex arsenal Azcuénaga, donde se encuentra alojado, a un domicilio particular.
Menéndez, por su parte, ya goza de este beneficio en Córdoba, aunque está a disposición de la Justicia Federal de Tucumán.
Al fiscal general Gustavo Gómez, en tanto, le quedará interponer un recurso extraordinario, porque Ferrer hizo reserva del caso federal, a fin de llevar eventualmente el caso a la consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.