Nota del Ciudadano al Tato
La causa de la Triple A sumó un testigo del Gran Rosario. Tres décadas después de las torturas, un militante del PC de Villa Constitución aportó su testimonio.
Aunque no es su cumpleaños ni un aniversario especial, el 3 de febrero de 1976 quedó grabado para siempre en la memoria de Alberto González, quien entonces era un muchacho de 21 años nacido en Villa Constitución y mudado a La Matanza por razones familiares. La viuda de Perón, María Estella Martínez, llevaba un año y ocho meses a cargo del gobierno de la Nación tras la muerte de su esposo el 1º de julio de 1974, y el país se encaminaba sin remedio hacia lo que luego sería las más cruel dictadura militar de las cinco que desalojaron a gobiernos constitucionales durante el siglo XX en la Argentina. Un operativo de control de Gendarmería en el Camino de Cintura y avenida Ricchieri lo sorprendió ese día arriba de un colectivo junto a su amigo y también militante de la Federación Juvenil Comunista, Pascual Manganielo, de sólo 15 años, con “material del partido” que los gendarmes mostraron especial interés en conocer. Los chuparon durante 60 horas, los picanearon y padecieron simulacros de fusilamientos en la cochera del destacamento de Gendarmería Nacional ubicado allí, sitio que apenas unos meses después comenzaría a funcionar como centro clandestino de detenciones y se conocería, más tarde, como El Vesubio. El martes Alberto González fue aceptado por el juez federal de la Capital Norberto Oyarbide como querellante en la causa que investiga los crímenes de la Triple A, y ese mismo día prestó declaración ante el secretario del juzgado.
“Yo en algún momento creí que lo que me había pasado era menor por todo lo que pasó después”, dice ahora González, un laburante de 52 años que “junto a otros 15 compañeros” constituyó una cooperativa dedicada a la construcción de viviendas en Villa Constitución, lugar al que la vida lo devolvió tras su paso por el Gran Buenos Aires. Sin embargo, la apertura de la investigación judicial de los crímenes de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) le hizo cambiar de idea y ahora cree que “es necesario que se haga justicia”.
No fue casual que Alberto González se convirtiera en militante de “la Fede”, como se conoce a la Federación Juvenil Comunista. Mamó la lucha de clases en su hogar. Su padre, un obrero metalúrgico de Villa Constitución, era un trabajador peronista y delegado gremial en la fábrica Metcon, de la que fue despedido “durante la dictadura de (el general Juan Carlos) Onganía”, recuerda Alberto. Allí comenzó “un peregrinaje como familia” en busca de empleo que depositó a los González en la localidad de Villa Madero, en el partido bonaerense de La Matanza.
El 3 de febrero
“Veníamos de una reunión del partido en San Alberto. Nosotros éramos dos, yo que tenía 21 años y el otro chico (Pascual Manganielo) que tenía 15 y era militante de la Fede en secundarios”. Tres décadas después, el recuerdo de aquel día permanece claro en la memoria de Alberto González, que realiza un relato preciso de lo ocurrido.
Recuerda, por ejemplo, que junto a Manganielo viajaban “en el colectivo 97”. “Al llegar al Camino de Cintura y Ricchieri –cuenta González–, donde había un destacamento de Gendarmería que creo que todavía está, nos para un operativo de control. Hacen la requisa en el colectivo y nos encuentran el material del partido que llevábamos encima”. En febrero del 76, con la Triple A del Brujo López Rega actuando con discrecionalidad y sin freno, llevar papeles del Partido Comunista no era la mejor credencial posible.
“Nos bajan a patadas y golpes”, recuerda González sobre los modales de los gendarmes argentinos, “y nos llevan hasta la dependencia de Gendarmería que está a unos cien metros” del lugar donde habían detenido el ómnibus.
“A partir de ahí nos empiezan a torturar a Pascual y a mí”, relata González. ¿Los métodos? “Con picana eléctrica, con submarino seco (consistente en tapar la cabeza con una bolsa produciendo ahogo), estábamos encapuchados y esposados, nos golpean muy sofisticadamente con pelotas de fútbol para que los golpes sean internos y no externos”, agrega. La “sofisticación” tenía por fin que no quedaran vestigios constatables de la paliza, precursora de los métodos que poco días después comenzarían a aplicarse de modo sistemático y extendido.
Dónde están las armas
Mientras le pasaban electricidad por el cuerpo los gendarmes, acompañados según González por policías de la provincia de Buenos Aires, le preguntaban: “Dónde están las armas”. Él les explicaba que sólo realizaba tareas políticas, y sus torturadores lo alentaban, asegurándole que mientras permaneciera allí (en la cochera del destacamento) no tendría problemas. “Si los llevan para el otro lado sí”, agregaban en referencia a las dependencias contiguas donde luego funcionó el chupadero El Vesubio.
“Me ponen en la nuca un FAL (Fusil Automático Liviano) y me revientan al lado del oído con otro, simulando un fusilamiento”. Luego de 60 horas de secuestro, interrogatorios y torturas lo subieron a un automóvil tapando su cabeza con una funda de almohada que, impunidad mediante, tenía inscripta la leyenda de Gendarmería Nacional. “Me pasean un rato y me dejan en los bosques de Ezeiza”, cuenta Alberto González, quien aunque ya no tiene edad para integrar “la Fede” todavía sigue siendo militante comunista.
Antes de ser privados de su libertad, Alberto y Pascual alcanzaron a gritar sus nombres mientras eran bajados del colectivo. El chofer, recuerda Alberto, “avisó a un local del partido y empezaron a buscarnos inmediatamente”. Al mismo tiempo, pero por separado, también lo soltaron a Pascual luego de torturarlo y golpearlo.
Los dos jóvenes denunciaron el hecho “en dependencias policiales de San Justo” –donde un médico constató las lesiones, recuerda González– y también lo hicieron públicamente en el Concejo Delibertante de La Matanza y hasta en el Congreso de la Nación, donde el Partido Comunista tenía dos diputados.
La cosa no terminó allí. Luego sufrieron persecución, allanamientos en sus viviendas y debieron cambiar de domicilio para evitar la represión. ¿Eran conscientes de la existencia de las tres A?, le preguntó este diario a González. “Teníamos conocimiento de la Triple A, porque a esa altura habían asesinado a algunos militantes comunistas y ya había pasado lo de Ortega Peña (el asesinato del abogado y diputado del PJ)”, responde el ahora cooperativista de Villa Constitución.
“Yo en algún momento creí que lo que me había pasado era menor por lo que pasó después”, agrega el militante comunista, que aún arrastra secuelas de aquel 3 de febrero. “A mí me costó mucho”, dice, “hay que estar ahí picanéandote cuando uno tiene 20 años”. Todo lo contado arriba fue lo que escuchó el secretario del Juzgado federal de Oyarbide, el juez que pidió la extradición de Isabelita para que declare por los crímenes cometidos durante su gobierno por las fuerzas paramilitares (conformadas por policías, militares y patoteros y mercenarios civiles) que su ministro de Bienestar Social, José López Rega, organizó bajo el paraguas y la protección del Estado. Tres décadas después, Alberto González testimonió por qué cree que “se puede hacer justicia”.
Aquella madrugada del 75 que nunca se investigó
Los secuestros, torturas y desapariciones ocurridas a partir del 20 de marzo de 1975 en la localidad de Villa Constitución, cuando fue ocupada por personal militar, policial y parapolicial de la Triple A también serán investigados en la causa que lleva el Juzgado federal de Norberto Oyarbide en la Capital Federal. Así lo anticipó a El Ciudadano el ex detenido Alberto González, quien ya prestó declaración ante el juez por otro caso también vinculado a los delitos cometidos por la patota conducida por el ex ministro de Bienestar Social de Isabel Perón, José López Rega.
En la madrugada de aquel 20 de marzo, un año antes del golpe militar de 1976, un centenar de automóviles –muchos de ellos Ford Falcon– ingresó a la ciudad tripulados por entre cuatro y cinco personas cada uno que mostraban sus armas largas por las ventanillas. Tenían un objetivo claro: desarticular la lucha de la combativa lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica, que había ganado las elecciones un año antes y controlaba las comisiones internas de Acindar, Marathon (dependiente de la primera) y Metcon.
El gobierno constitucional de la época consideraba las reivindicaciones y luchas de los obreros metalúrgicos como el “complot rojo contra la industria pesada del país”. Los métodos que se emplearon adelantaron un año la maquinaria de la represión clandestina que se pondría en marcha el 24 de marzo de 1976. El albergue destinado al personal jerárquico de Acindar, ubicado en el interior de la planta de la empresa, fue convertido en uno de los primeros centros clandestinos de detención.
A partir del 20 de marzo hubo allanamientos, detenciones, secuestros, torturas y asesinatos en Villa Constitución. Entre los “vengadores” que llegaron hasta la ciudad del sur santafesino se encontraba Aníbal Górdon, comandante de una banda de secuestradores e inorgánico oficial de inteligencia. La columna de más de cien autos también traía a “pesados” de la derecha peronista, provistos por los sindicatos burócratas aliados al Brujo López Rega. Esa inmensa operación policial y paramilitar, de la que aún quedan decenas de testigos y protagonistas, comenzará a investigarse judicialmente por primera vez.