La medida, dispuesta por la justicia provincial, tiene como objetivo localizar fosas comunes donde se habrían sepultado personas desaparecidas durante la última dictadura. El lugar denunciado es una estancia del Ejército argentino.
La justicia federal santafesina ordenó el inicio de excavaciones en una estancia donde habría funcionado un centro clandestino de detención durante la dictadura militar, ubicado en jurisdicción de Campo Andino, a unos 90 kilómetros de esta ciudad, informaron hoy fuentes judiciales.
El objetivo es localizar fosas comunes donde se habrían sepultado personas desaparecidas durante la última dictadura militar.
La denuncia fue realizada por integrantes de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe, quienes indicaron ante el juez federal Nro. 2 de Santa Fe, Francisco Miño, la presunta existencia de un centro de exterminio de la última dictadura militar, en el llamado campo "San Pedro", donde se encontrarían dos fosas comunes con restos humanos.
El lugar denunciado es una estancia de unas 2.200 hectáreas pertenecientes al Ejército Argentino, dependiente del Comando de Artillería 121, correspondiente al segundo cuerpo del Ejército, con sede en Rosario, que está ubicada en jurisdicción de Campo Andino, a la vera del camino que une esa localidad con Arroyo Aguiar.
Los denunciantes informaron que el campo tiene unos tres kilómetros de frente por más de siete kilómetros de fondo, y que durante muchos años se utilizó como lugar de instrucción del Comando de Artillería y de otras fuerzas militares de la zona, lo que incluía el disparo de cañones de tierra y baterías antiaéreas.
La presentación judicial aporta pruebas documentales, testimoniales e instrumentales y solicita una medida cautelar urgente para preservar el sector señalado como posible centro de exterminio.
A la vez, pide se de intervención al Equipo de Antropología Forense para que se constituya en el lugar y proceda a realizar los trabajos de investigación para determinar la existencia de restos humanos.
En las últimas horas, el juez federal Miño ordenó cercar el perímetro y comenzar los trabajos de excavaciones y esas tareas fueron observadas por los denunciantes, integrantes de organizaciones de Derechos Humanos y efectivos de la policía federal.
Por su parte, la representante de la Casa de Derechos Humanos, Milagros Demiryi, aclaró que "esta información viene circulando desde hace mucho tiempo sin que se hiciera jamás una investigación judicial seria y sistemática al respecto".
Seguidamente, explicó que desde la organización se presume que "más que como centro clandestino de detención ha funcionado como centro de exterminio, porque los elementos que se constituyen como indicios fuertes apuntan a ello".
Posted by marga at Abril 20, 2007 10:44 PM | TrackBack