Luego que un semanario local acusara a líderes de esos grupos de persistir en conductas delictivas desde la cárcel, el gobierno de Uribe decidió abrir una investigación oficial. En tanto, el jefe de la misión de la OEA reiteró que, de corroborarse los hechos, los imputados perderán los beneficios conseguidos.
El acuerdo de 2004 entre el gobierno colombiano y los grupos paramilitares, para avanzar hacia su desarme y desmantelamiento, quedó al borde de la ruptura a partir de la denuncia de que sus líderes presos persisten en conductas delictivas, lo que obligó al Ejecutivo a abrir una investigación.
Ministros nacionales salieron a defender la investigación iniciada por la administración de Alvaro Uribe y dejaron abierta la posibilidad de que los líderes "paras", si se comprueba que incumplieron el acuerdo, sean extraditados a Estados Unidos.
Las repercusiones de la investigación se amplificaron, además, porque la Corte Suprema ordenó la detención de otros 5 congresistas y una ex, a los que acusa de haberse reunido con los jefes "paras" y de haber firmado acuerdos con ellos. Tres de ellos ya habían sido capturados esta tarde.
"Se tomarán decisiones esta misma semana y se procederá a quitarle los beneficios a la gente implicada. Si encontramos una prueba que comprometa a jefes paramilitares también les vamos a quitar los beneficios de la ley de Justicia y Paz, bajo la que fueron desmovilizados", anunció el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
El funcionario afirmó que el Ejecutivo procederá "con toda la contundencia" para verificar la autenticidad de las grabaciones telefónicas reveladas en un informe que publicó la revista "Semana", y que denunció que desde la cárcel los ex jefes paramilitares supuestamente daban órdenes para ejecutar asesinatos, traficar con narcóticos y rearmar a sus hombres.
También el titular de Interior, Carlos Holguín, explicó que la aspiración del Ejecutivo es "saber si (los dirigentes presos) están cumpliendo con los requisitos de justicia y paz" y aunque admitió que en casos las grabaciones no constituyen una prueba, "allí hay un buen elemento y debe servirnos una vez que se complemente con la investigación que haga la Fiscalía".
Holguín puso en duda la continuidad del proceso de desarme porque ahora existe "una situación distinta". "Hasta ayer se suponía que ellos estaban cumpliendo con los requisitos y las exigencias de justicia y paz, y esto deja la impresión de que no es así", amplió el titular de Interior.
Tras conocerse el informe periodístico, el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el argentino Sergio Caramagna, reiteró que de corroborarse la autenticidad de la denuncia, los paramilitares vinculados perderán los beneficios con los que fueron desarmados.
"Si se demuestra que personas que se han acogido a la ley de Justicia y Paz siguen delinquiendo y están relacionadas con el tema van a perder los beneficios de la ley; eso está claro", declaró Caramagna.
Por su parte, el director de la Policía Judicial (Dijin), general Oscar Naranjo, insistió en que ninguno de los tres organismos colombianos que tienen el aval para realizar interceptaciones telefónicas realizaron las grabaciones reveladas por la revista.
"El servicio secreto (DAS), el Cuerpo Técnico Investigativo (CTI) de la Fiscalía y la Dijin son los organismos responsables de estas intercepciones. Hemos verificado esta situación, dado que cualquier información que sea intervenida bajo uno de estos tres organismos debe contar con autorización previa y fiscalizada por una autoridad competente", agregó, según consignó la agencia DPA.
La revista "Semana" publicó ayer una investigación según la cual los ex paramilitares continuaban delinquiendo desde la cárcel de máxima seguridad de Itagí (noroeste), donde fueron recluidos por órdenes del presidente Uribe.
El semanario "obtuvo decenas de grabaciones de los últimos cuatro meses en las que varios de los paramilitares recluidos en el patio uno del centro carcelario, coordinan todo tipo de negociaciones ilegales a través de celulares y correos electrónicos", advierte el informe.
La misma revista reveló en otro reporte de la semana anterior que la "sede de los diálogos de paz en Santa Fe de Ralito terminó convertida en una zona de parranda, sexo y negocios de los paramilitares".
Los ultraderechistas que se encuentran recluidos en Itagí cuentan con algunos privilegios, como teléfonos móviles y acceso a Internet.
Los dirigentes presos pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que iniciaron en julio de 2004 negociaciones de paz con el gobierno de Uribe, en el marco de las que se desarmaron unos 31 mil hombres, aunque aún queda una escuadrilla disidente por desmovilizarse.
Posted by marga at Mayo 15, 2007 1:06 AM | TrackBack