Mayo 31, 2007

No olvidar las lecciones del pasado

Adecuar nuestro marco jurídico al establecido por la ONU en la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, implica establecer el derecho de no ser sujeto de una desaparición forzada

Redacción/Cambio de Michoacán

Jueves 31 de Mayo de 2007

Esta última semana de mayo se conmemora la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, jornada de lucha en la que se exige la presentación de las más de 100 mil personas que en nuestro Continente -incluido nuestro país- han sido víctimas de ese delito de lesa humanidad, al tiempo que se exige verdad y justicia así como castigo a los responsables intelectuales y materiales de la cruenta represión que han vivido y aún padecen nuestros pueblos.

Con frecuencia escuchamos desde los ámbitos del poder e incluso voces de personas de buena fe, exhortar que el pasado quede atrás, clamando que son tiempos de reconciliación y que debemos ver para adelante olvidando rencores añejos. Esta posición del perdón y el olvido deja de lado el hecho de que para que una sociedad sane de los agravios y los daños padecidos, se requiere conocer la verdad, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables de delitos de lesa humanidad, al tiempo que se crean condiciones para que no se repitan hechos tan graves.


En el México actual que vive un acelerado proceso de descomposición social, propiciado por las políticas neoliberales instrumentadas por el Estado mexicano al servicio del capital transnacional y de los voraces grupos de la oligarquía «nacional», en el que el crimen organizado pasa a ser parte de la cotidianidad y al que se pretende enfrentar con una estrategia basada en el poder de las armas, relegar la memoria histórica que nos enseña los riesgos de que la política deje su lugar a las armas es peligroso, por decir lo menos.


Precisamente por esto, desde las páginas de Cambio de Michoacán hemos insistido en recordar los crímenes que en el pasado cometió el Estado, utilizando a diversos cuerpos policiacos y al Ejército Mexicano, no para salvaguardar la integridad de nuestro territorio sino para reprimir el descontento social y la oposición política. El saldo fue el de cientos de torturados y encarcelados injustamente, decenas de ejecutados extrajudicialmente y más de mil 200 detenidos desaparecidos.


Recordamos que fue en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido cuando nuevamente se presentó, en esa ocasión ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la denuncia de la desaparición forzosa de la familia Guzmán Cruz (José de Jesús Guzmán Jiménez, Amafer, Armando, Solón y Venustiano Guzmán Cruz), ocurrida el año de 1974 al lado de Rafael Chávez Rosas, Doroteo Santiago Ramírez y José Luis Cruz Flores. Todos ellos, al igual que cientos de familias en todo el país, siguen esperando verdad, justicia y castigo a los responsables de estos incalificables crímenes.


Gracias en gran medida al esfuerzo desplegado durante muchos años por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), el miércoles 20 de diciembre 2006 la 61ª Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, lo que representa un logro para los familiares de detenidos desaparecidos de América Latina, quienes están luchando desde hace 25 años con el objetivo de lograr la erradicación de la práctica de la detención-desaparición.


Pero este es un paso que debe avanzar hacia la ratificación de este instrumento de justicia universal, con la firma de cuando menos 20 países y con la posterior adecuación de las legislaciones nacionales a los requerimientos y principios establecidos en la convención, tarea nada fácil en México dada la correlación de fuerzas en el ámbito legislativo, en el que predomina la alianza PAN-PRI; al primero de ellos no le interesa generar leyes que tutelen derechos de las mayorías, mientras que el priísmo se niega a ajustar cuentas con su pasado represor.


Adecuar nuestro marco jurídico al establecido por la ONU en la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, implica establecer el derecho de no ser sujeto de una desaparición forzada con todas las consecuencias y obligaciones para el Estado.


Adquiría rango de ley el derecho a la verdad, es decir, el derecho de saber la verdad del destino de la persona desaparecida y de todas las circunstancias sobre este crimen. Además algo que es de profundo sentido humano: el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus seres queridos.


Se establecerían garantías en cuanto a la prohibición de la detención clandestina de cualquier persona en cualquier lugar. Se subraya el derecho a la justicia de los familiares de los desaparecidos, que deberá ser garantizado con la incorporación al Código Penal nacional de la figura de la desaparición forzada, lo que por su complejidad y carácter deberá hacerse a través de promulgar una ley especial para este delito de lesa humanidad.


Se expone un concepto amplio de víctima al incluir también a los familiares y los allegados, al tiempo que se afirman las múltiples dimensiones del derecho a la reparación y se ratifica el derecho del niño -víctima de desaparición forzada- a recuperar su identidad.


No se trata de una ley para el pasado, cuando vemos que en los últimos años se siguen presentando casos de personas secuestradas, ahora en el argot generado por prácticas del crimen organizado se dice levantadas, muchas de ellas por presuntos cuerpos policiacos, y cuando la sombra de la represión se cierne sobre los movimientos sociales.


Julio Pimentel Ramírez
Abdallán Guzmán Cruz
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=63088

Posted by marga at Mayo 31, 2007 7:35 AM | TrackBack
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