11 de junio
Montevideo (Télam). La dictadura militar uruguaya (1973-1985) investigó y fichó a unos 300 mil ciudadanos, al tiempo que se realizaron "miles de procedimientos" contra todo tipo de instituciones, según datos que surgen de una investigación publicada hoy por la prensa local.
De acuerdo a un documento elevado en 1981 al Ministerio del Interior por el entonces director de Inteligencia policial, Víctor Castiglioni, esa división investigó, interrogó y fichó a 300 mil uruguayos para controlar los antecedentes y el pensamiento de los funcionarios públicos.
El documento, reproducido por el diario La República -citado por ANSA-, fue publicado en una "Investigación sobre Detenidos Desaparecidos", de cinco tomos, que fue presentada el pasado lunes 4 por el presidente Tabaré Vázquez.
Los seguimientos y "fichajes" sirvieron para que miles de uruguayos fueran encarcelados y otros miles destituidos de la función pública, así como para impedir el ingreso a la misma de quienes se opusieran a la dictadura.
El informe también revela que desde 1974 y "a fin de erradicar las profundas raíces desarrolladas por el comunismo en el Cuerpo social del país", se comenzó a investigar las actividades de todo tipo de instituciones (Profesionales, Culturales, Sociales, Deportivas).ç
Castiglioni da cuenta a su superior que se controlaron "sus asambleas, sus actos electorales e informado de los antecedentes que pudieran registrar los candidatos o autoridades de esas instituciones".
"Son varios miles las investigaciones de este tipo que se han realizado y se siguen realizando", consignaba el informe.
La dictadura militar dividió a los ciudadanos en categorías A, B y C, de acuerdo a los antecedentes políticos y al compromiso que tuvieran con el régimen. Los ciudadanos que entraban en las categorías B y C no podían desempeñar ninguna función pública, eran sometidos a vigilancia permanente por los organismos de represión de la dictadura y tampoco podían integrar la directiva de ninguna institución social.
El informe presentado por Vázquez contiene 3.612 páginas y los técnicos que lo elaboraron concluyeron en que "la práctica de la desaparición forzada de personas como manifestación extrema del terrorismo de Estado fue la expresión de la voluntad de un régimen instituido arbitrariamente".
En los cinco tomos se publican 67 documentos con detalles de la represión contra el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que hoy es el mayoritario dentro del gobernante Frente Amplio, el Partido por la Victoria del Pueblo, los Grupos de Acción Unificadora, el Partido Comunista y otras organizaciones que resistieron a la dictadura.
Hay detalles de cinco unidades militares y ocho centros clandestinos de interrogatorios y nueve lugares de enterramientos clandestinos de las víctimas.
Durante el régimen de facto, luego del golpe de Estado encabezado por el ex presidente Juan María Bordaberry el 27 de junio de 1973, fue clausurado el Parlamento, ilegalizados los sindicatos de trabajadores, encarcelados miles de ciudadanos que fueron sometidos a torturas y secuestrados unos 200 opositores que permanecen hoy desaparecidos.