Se trata de Adolfo Miguel Donda y Juan Antonio Azic, ex jefes navales acusados por vejaciones cometidas en la ESMA durante la última dictadura. La medida dictada por el juez Sergio Torres incluyó embargos de 500 mil pesos en cada caso. Ayer, otro magistrado tucumano procesó a Antonio Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez por genocidio.
El juez federal Sergio Torres dictó hoy el procesamiento, con prisión preventiva, de dos ex jefes navales acusados de delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.
La medida -que incluyó embargos de 500.000 pesos en cada caso, contenida en 31 carillas y a la que Télam tuvo acceso- alcanzó al
capitán (r) de la Armada Adolfo Miguel Donda y a Juan Antonio
Azic, ex suboficial de la Prefectura Naval Argentina.
El magistrado -con la intervención del secretario Diego Slupzki- dictó la resolución en un desprendimiento de la "megacausa ESMA" reabierta tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
En este expediente se investiga el desapoderamiento de bienes de Víctor Melchor Basterra, quien fue secuestrado, junto a su esposa y la pequeña hija de ambos, el 10 de agosto de 1979, y trasladado a la ESMA donde estuvo ilegalmente cautivo hasta 1980.
En ese centro clandestino de detención fue sometido a "tormentos y condiciones inhumanas de vida", entre otros, por Azic a quien calificó como "un tipo terrible con la máquina", en referencia a la picana eléctrica.
El mismo imputado fue quien obligó a la madre de Basterra a otorgarle un poder especial para vender una propiedad con el argumento que ello "favorecería la libertad de su hijo detenido", motivo por el cual fue procesado por el delito de "extorsión".
Esa figura está prevista en el artículo 168 del Código Penal que reprime con prisión de cinco a 10 años al que "con intimidación o simulando autoridad pública, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".
Al ser indagado Azic se negó a contestar preguntas; en tanto Donda -Jefe de Operaciones del Grupo de Tareas de la ESMA- afirmó que tenía como "única misión los procedimientos tendientes a la detención de delincuentes subversivos que ordenaba la superioridad" y que siempre actuó "a cara descubierta al igual que el personal a mi cargo".
Para disponer la prisión preventiva el magistrado hizo referencia a "la gravedad de las circunstancias fácticas que han sido consideradas como probadas para la instancia en la que nos encontramos", los antecedentes, "más la expectativa de pena".
Respecto de un tercer imputado por los mismos hechos -Rodolfo Carlos Molinari, quien apareció luego como "vendedor" del bien que fue desapoderada la familia Basterra- en razón de su muerte, el 12
de marzo de 1997, el juez declaró extinguida la acción penal y su
consiguiente sobreseimiento.