Por primera vez, se juzga a diez ex altos jefes del Ejército por los delitos cometidos en la dictadura
El juicio se llevará a cabo gracias a la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida realizada en 2003. Entre los acusados figuran Cristino Nicolaides y Pascual Guerrieri. Miguel Bonasso y Juan Carlos Dante Gullo serán algunos de los testigos que declararán.
Una decena de ex altos jefes de inteligencia del ejército comenzarán a ser juzgados hoy en el primer juicio contra militares tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el 2003.
Entre los acusados figuran Cristino Nicolaides, Jorge Arias Duval y Pascual Guerrieri, acusados del secuestro y desaparición de varios militantes montoneros que entre fines de 1979 y comienzos del ’80 ingresaron al país para la denominada "contraofensiva".
Está previsto que las audiencias comiencen a media mañana en los Tribunales ubicados en Talcahuano 550, del centro porteño, donde el juez federal Ariel Lijo tomará declaraciones, según el viejo código procesal en el que las acusaciones se realizaron ya por escrito.
El magistrado tomará cuatro jornadas de declaraciones hasta el viernes y luego proseguirá el jueves 19 de este mes en el segundo piso de los Tribunales, hasta completar una nómina de diecinueve testigos ofrecidos.
Entre estos se cuentan el diputado Miguel Bonasso, Juan Carlos Dante Gullo y el secretario de derechos humanos bonaerense Edgardo Binstok.
Los militares pertenecieron a la cúpula del batallón de inteligencia 601 y están acusados de los crímenes contra Julio Cesar Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carvajal, Lía Mariana Ercilla Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky.
La campaña de detección de esos militantes y su posterior secuestro y desaparición fue denominada "Operación Murciélago" por las inteligencia militar bajo las órdenes del entonces comandante del I Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, quien falleció cuando estaba procesado con prisión preventiva.
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Al término del procedimiento tendrá un plazo de cuarenta días corridos para pronunciar sentencia frente a un reclamo fiscal de prisión perpetua para la mayoría de los acusados.