La familia Ollero era conciente que la Argentina de 1977 no era el mejor
de los mundos. Tenían el entrenamiento que otorga la militancia política
para comprender lo que sucedía, para palpar los riesgos e integrarlos a la
vida cotidiana.
César, papá Ollero, había militado en la causa de la República en 1936,
cuando tenía 16 años y era un obrero en Villa del Parque. Luego se afilió
al Partido Comunista, pero tomó distancia de los seguidores de Stalin
cuando su partido se fusionó en una alianza con radicales y sectores
conservadores para enfrentar a Perón. Con los años montó un taller que
creció hasta ser una empresa metalúrgica. En 1977 vivía en su casa de San
Andrés junto a sus hijas xxx e Inés, ambas estudiantes de biología en la
FCEyN. Herederas de la vocación política paterna, Silvia e Inés compartían
el estudio con la militancia en la Federación Juvenil Comunista, donde la
actuación destacada de Inés la había llevado a la Unión Soviética como
delegada de la “Fede”.
La mañana del 19 de julio de 1977 la familia se levantó temprano para
iniciar sus rutinas. César se fue a la fábrica y un poco más tarde, Inés
partió a su trabajo y de allí a la Facultad.
Algunas señales del horror se filtraban en los medios de comunicación. Los
diarios describen el gigantesco operativo militar montado en torno al
Hospital Italiano, donde un “importante dirigente montonero” encontró
refugio luego de una larga persecución. Acorralado, recurrió a su pastilla
de cianuro para birlarle a sus perseguidores el enfermizo gusto por la
tortura. En la radio, Magdalena Ruiz Guiñazú se pregunta al aire por el
paradero de Eduardo Frías, un fotógrafo de editorial Atlántida secuestrado
cuando iba para su trabajo. También se leen los partes oficiales que
lamentan un episodio ocurrido en Rosario, donde un camión embistió
accidentalmente a un vehículo militar cuyos integrantes despavoridos
acribillaron a balazos al conductor del camión. El comunicado lamenta el
“accidente” y ensaya una justificación: “se lucha contra un enemigo que se
esconde entre gente honesta y de trabajo”.
El día había trascurrido sin sobresaltos para los Olleros cuando Inés
emprendió la vuelta a su casa. Salió de Ciudad Universitaria rumbo a
Chacarita y allí, a las 21.42, tomó el interno 13 de la línea 187. A las
22.10 el colectivo que avanzaba por Iberá fue interceptado por fuerzas
militares al llegar a su parada en Av. Constituyentes. Pero el colectivo
no continuó con su ruta normal: los quince pasajeros y el conductor fueron
trasladados a la seccional 49 de la Policía Federal cerca de la Estación
Coghlan, a mitad de camino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Las horas se hacían interminables en casa de los Olleros y las primeras
inquietudes daban lugar a los peores presentimientos. Todos los teléfonos
de compañeros de la Facultad y del trabajo habían permitido reconstruir
los pasos de Inés hasta que salió de Ciudad Universitaria, pero las
visitas a hospitales y comisarías no habían aportado pistas sobre el
paradero de Inés.
La experiencia política de César se puso en juego: Si Inés estaba
secuestrada lo primero que tenía que lograr era que el Poder Ejecutivo la
reconociera como presa, la “blanquera”. Con ese objetivo, César presentó
en la Justicia un recurso de Habeas Corpus.
Por entonces la gran mayoría de los jueces rechazaban los recursos que los
familiares presentaban en los juzgados, habían pocas excepciones y a César
Ollero le tocó en suerte un juez que antes de rechazar el recurso ordenó
comparecer a los 35 policías de la seccional 49 que trabajaron no solo el
19 sino también el 20 de julio de 1977, a los presos que estaban en la
comisaría, al colectivero y a los pasajeros. Por informes llegó al
director de la Escuela de Mecánica de la Armada, en ese momento Rubén
Chamorro. Cuando el expediente ya tenía 240 fojas, el Juez de Primera
Instancia, Raúl Zaffaroni, había completado el recorrido de Inés.
Los testimonios policiales señalaron que la seccional 49 era utilizada
como centro de operaciones para controles de la ESMA, y que fueron de esa
repartición quienes realizaron el operativo del 19 de julio.
Agotadas todas las instancias judiciales, César Ollero recurrió a la
Comisión Interamericana por los Derechos Humanos que en 1979 reclamó ante
el gobierno argentino información sobre el paradero de Inés Ollero.
La respuesta final de la dictadura, emitida en marzo de 1980, reconoció el
operativo sobre el colectivo de la línea 187 señalando que “al comenzar
dicha tarea, se encontraron en el mismo panfletos de propaganda de una
organización terrorista. Al no poder determinarse el poseedor de los
mismos se procedió a conducir a la totalidad de pasaje a la seccional de
policía con jurisdicción en la zona”.
Los datos precisos se fueron completando con los años. En 1985, durante
los juicios a las Juntas Militares, Lila Pastoriza declaró haber visto a
Inés con vida cuando compartieron el infierno en la ESMA. La empresa de
César Ollero, que supo fabricar las heladeras Turena y las motocicletas
Tehuelche, cerró en 1977: “Con Inés bajé la cortina. Tenía que dedicarme a
ella.”
Carlos Borches
Programa de Historia de la FCEyN
historia@de.fcen.uba.ar