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Desaparecidos en El Salvador (I)

La desaparición de Paty Cuéllar

    Paty Cuellar El pasado 28 de marzo se presentó ante la Fiscalía General de la República la denuncia por tres desapariciones forzadas de personas en nuestro país, ocurridas durante el inicio del conflicto armado. En la demanda formulada se plantea, ante el Ministerio Público, que estos hechos forman parte de una práctica estatal, sistemática y generalizada, que debe incluirse —junto a la tortura— entre los que se consideran internacionalmente como crímenes contra la humanidad. La iniciativa busca demostrar que este tipo de delitos durante la larga etapa de violencia política y bélica no fueron sucesos aislados sin conexión alguna, sino más bien el triste y brutal desenlace de una serie de actos preparatorios que incluían amenazas y persecuciones sobre las víctimas.

    De la denuncia referida destaca, como novedad, el no solicitar a las autoridades que determinen el paradero de las personas desaparecidas; lo que se les pide es investigar a determinados individuos —militares de alta y baja graduación— que guardaron una relación directa con los hechos a esclarecer. La denuncia trata del conocido como "caso Paty Cuéllar"; las víctimas fueron Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, su padre Mauricio Cuéllar y la empleada de este último, Julia Orbelina Pérez. El ex esposo de Paty junto a las dos hijas y el hijo del matrimonio son quienes, a estas alturas reclaman justicia.

    Paty Cuéllar fue una activa colaboradora de movimientos cristianos juveniles de la Iglesia Católica, desde 1975; entre 1979 y 1980 fue secretaria del Socorro Jurídico Cristiano, lo que le acarreó el inicio de su persecución por parte de agentes estatales. Entre agosto y septiembre de 1978, aproximadamente 50 elementos de la ahora extinta Policía Nacional —vestidos de civil y fuertemente armados— allanaron su casa. Registraron minuciosamente las habitaciones e interrogaron a quienes allí se encontraban, entre ellos a la propia Paty; ésta fue fotografiada entonces, lo que despertó enormes sospechas; luego, se retiraron del lugar a bordo de varios "radio-patrullas", que portaban en las puertas y capotas los símbolos de ese sangriento cuerpo de seguridad.

    El 5 de julio de 1980, las instalaciones del Socorro Jurídico Cristiano fueron allanadas y saqueadas por elementos combinados de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada de El Salvador; en el informe que elaboró la Policía Nacional sobre este atropello, se calificó a todos los miembros de la institución como "subversivos". En el aludido documento, también figuraba el nombre de Patricia Cuéllar. A raíz de dicho incidente fue que ella renunció al cargo que venía desempeñando, ya que la persecución contra su persona y otros miembros de su familia se había intensificado.

    En abril de 1981, específicamente el miércoles de la Semana Santa, militares vestidos con uniformes color verde olivo irrumpieron dentro de su casa de habitación y la registraron. Los efectivos castrenses llegaron a bordo de dos vehículos de la Fuerza Armada de El Salvador y cercaron la zona como a las 23:00 horas, mientras estaba vigente en todo el país el "toque de queda" o "ley marcial". Debido a que Paty no se encontraba en la casa, los miembros del Ejército obligaron a los familiares presentes a decir la dirección del padre de Paty, Mauricio. De inmediato, los militares se dirigieron a la casa de habitación de éste; ahí lo interrogaron, preguntándole en forma insistente y amenazadora por su hija Patricia Emilie.

    El 27 de julio de 1982, apenas un día antes de su desaparición, Paty Cuéllar se presentó en las instalaciones del Socorro Jurídico Cristiano para denunciar la persecución de la que estaba siendo víctima por parte de agentes estatales vestidos de civil, mientras manejaba en su vehículo por las calles de San Salvador. En medio de todos estos hechos destaca la presencia circunstancial de la señora Julia Orbelina Pérez, quien apenas tenía un mes y veinte días de trabajar para la familia Cuéllar. La señora Julia Pérez había dedicado buena parte de su vida a trabajar en el servicio doméstico en varias residencias de la capital y visitó a sus familiares, por última vez, el domingo 25 de julio de 1982; esa noche la pasó en casa de su hermana Teresa Pérez de Ramos y de ahí, el lunes 26 de julio a las seis de la mañana, salió hacia la residencia de Mauricio Cuéllar, lugar del que ambos desaparecerían dos días después.

    El miércoles 28 de julio de 1982, Paty Cuéllar —entonces de 24 años de edad— salió de su casa en compañía de Maite María, su hija de tres años, Javier Ernesto de casi dos años, el hijo, y la más pequeña, Ana Gabriela de ocho meses. Debía llevarlos a la guardería donde acudían regularmente y en la que permanecían hasta las 17:30 horas, que era la hora que su mamá acostumbraba pasar para el retorno a casa. Ese día transcurrió con aparente normalidad hasta que, aproximadamente a las 19:30 horas, desde la dirección de la guardería se comunicaron vía telefónica con Mauricio Cuéllar para informarle que las dos niñas y el niño aún permanecían en esas instalaciones, sin que la madre se hubiese comunicado o hecho presente como ocurría normalmente. Ante esta situación, el abuelo recogió a las criaturas y las llevó a la casa de una hermana. Esa fue la última vez que Mauricio fue visto por su familia; del paradero de Paty, no había noticia alguna.

    Con relación a Mauricio Cuéllar, padre de Paty, luego de llevar a sus tres nietos a la casa de su hermana regresó a la propia con la intención de investigar y localizar a su hija desaparecida. Habló por teléfono a varios parientes y amigos para preguntarles sobre el paradero de Patricia, insistiendo en ello hasta por lo menos las diez de la noche. Entre las últimas horas de ese día y la madrugada del jueves 29 de julio de 1982, Mauricio fue sacado violentamente de su casa, junto con su empleada doméstica; en horas de la mañana, se encontró un completo desorden al interior de la vivienda y señales evidentes de "cateo" en todas las habitaciones.

    Es importante mencionar que Mauricio fungía entonces como Gerente General de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). La referida Asociación empresarial había convocado a una conferencia de prensa que se celebraría la mañana del jueves 29 de julio y sería presidida por la víctima. Sobre la señora Julia Orbelina Pérez, se presume que habría sido sacada violentamente de esa casa entre la noche anterior y la fatídica madrugada del 29 de julio.

    Los familiares de Paty Cuéllar, en una carta reciente, reclaman investigar estos hechos que "han quedado irresueltos al igual que miles de casos de personas inocentes víctimas de la impunidad con que operaron los cuerpos militares." Además, reconocen en la misma que "nada podrá restituir el vacío que la desaparición de Paty Cuéllar y su padre dejaron en nuestros familiares y amigos. Sabemos que aunque se juzgue y enjuicie a los culpables de este hecho, nada ni nadie podrá devolver la vida de Paty Cuéllar, su padre ni de la humilde señora que trabajaba con él. Creemos que ante la impunidad militar y al hecho de que los responsables de su desaparecimiento son los mismos involucrados directa o indirectamente en los asesinatos y/o desapariciones de otros miles de personas, es importante que, a 10 años del establecimiento de la Comisión de la Verdad, se inicie un juicio sobre estos hechos para establecer la responsabilidad moral y legal de los mismos, a fin de que estos crímenes de guerra jamás vuelvan a ocurrir en El Salvador".

    "El veredicto de culpabilidad en el juicio civil llevado a cabo en La Florida, EUA, (23 de julio de 2002), contra los generales Carlos Eugenio Vides Casanova, ex director de la Guardia Nacional, y José Guillermo García, ex ministro de Defensa, —dice la citada misiva— confirmó lo que siempre denunciamos los miles de familiares de presos, torturados y desparecidos políticos de El Salvador respecto a la violación de los derechos humanos. Basados en la experiencia post conflicto y reconstrucción de otros países, tanto mis hijos como yo, creemos que sólo estableciendo la responsabilidad moral y jurídica de las personas que tuvieron bajo su cargo planificar, ordenar y llevar a cabo operaciones militares contrainsurgentes de este tipo, se podrá avanzar en la real construcción de una sociedad fundamentada en una cultura de paz, justicia y dignidad humanas.

    La familia de la víctima finaliza su mensaje así: "Por este motivo, reafirmamos nuestro apoyo al Instituto de Derechos Humanos de la UCA para que continúe trabajando por el esclarecimiento de la verdad y la construcción de una justicia verdadera en El Salvador. Reiteramos nuestra disposición a compartir toda información relevante y cooperar en cualquier aspecto que sea necesario a fin de que el caso de nuestra entrañable Paty Cuéllar contribuya a tal fin."


  • 25 años de impunidad, Caso Paty Cuéllar
    Proyecto Desaparecidos
Perú


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