M. El lucro de la represión
Pese a que ya esta dicho, conviene reiterarlo especialmente: las violaciones de derechos cometidas por los encargados de la represión no se agotaron en los ataques a la libertad e integridad física de las personas. Otros bienes jurídicos como la propiedad y la fe pública se vulneraron también, simultáneamente y casi como sistema, para facilitar el traspaso de bienes fraguando o simulando transacciones inexistentes. Falsas escrituras, falsos documentos, falsos títulos y registros de automotores, se dieron, en muchos supuestos, para perfeccionar la rapiña o el saqueo. Nos referimos a una serie de delitos en el curso de la política oficial de desaparición de personas, sin perjuicio de los innumerables ílicitos económicos que involucran a los gobernantes «de facto» durante su gestión y que escapan a lo que es objeto de la presente investigación.
Los mentores del denominado Proceso de Reorganización Nacional utilizaron muchas veces el término «ílicitos» con el propósito, quizá, de definir así los aspectos lucrativos de los «excesos» que ellos mismos reconocieron haber cometido durante la lucha antisubersiva.
Las proclamas eran austeras y trascendentes:
«La inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente sancionadas. La especulación política, económica e ideológica deben dejar de ser medios utilizados por grupos de aventureros para lograr sus fines. El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer al desorden y a la inseguridad».
Esto decía el Gral. Videla como Comandante en Jefe del Ejército arengando a las tropas asentadas en Tucumán, en la Navidad de 1975. (Diario «Clarín», febrero 14 de 1976.)
Por su parte, el entonces Director de la Escuela de Sub-Oficiales de Aeronáutica, Comodoro Roberto Francisco Pitaro, enseñaba a los alumnos con su discurso de iniciación del año lectivo de 1976:
«Donde hay corrupción el hombre de armas debe ser espejo de honestidad, modelo de corrección ; donde hay subversión y desorganización social, el hombre de armas debe estar pronto para reencauzar el proceso desviado». («Clarín», 6-5-76.)
El Alrnirante Eduardo Massera, a su vez, en el mes de junio de 1978 aún afirmaba:
«Que nadie piense el país fragmentado en feudos privados, que nadie anteponga el interés del grupo al interés de la comunidad. Esto es un planteo de responsabilidades, por lo tanto es un planteo moral» («Clarín», 17--6-78).
Que no fue así, sino todo lo contrario, lo sabe hoy el mundo entero y en especial el pueblo argentino. Pero cómo fue, en concreto y en cada caso, sólo podemos saberlo quienes hemos recibido testimonios y denuncias como las que se exractarán a continuación a modo de simples ejemplos y que a su turno pasaron a conocimiento de los jueces.
«Recuerdo el caso de una detenida junto con su hijo de 12 años al cual torturaron delante de su madre porque la patota creía que la detenida se había guardado la escritura de su casa» (Legajo N° 3048), testimonio de Elena Alfaro, incluido en la denuncia que sobre el campo «Vesubio» se remitió a conocimiento del Dr. Ruiz Paz, de Morón).
«En la Escuela de Mecánica de la Armada, donde estuve detenido desde el 10 de agosto de 1979 hasta los últimos meses de 1983, se falsificaba todo tipo de documentos personales: D.N.I., C.I., Registro de Conductor, Pasaportes y Tarjetas de Identificación Naval. De tal modo, si un determinado integrante del grupo de tareas necesitaba una documentación que no fuera la auténtica se consultaba una lista de «sosias» y se sacaba el que más parecido tenía y se confeccionaba, entonces, todo un juego de documentación falsa, según la necesidad que ese integrante del grupo tuviere». (Legajo N° 5011).
El legajo mencionado anteriormente pertenece al Sr. Víctor Melchor Basterra, que integra la segunda remisión de denuncias que sobre delitos que se habrían cometido en ESMA fue remitido a conocimiento del Sr. Juez Federal Dr. Blondi.
