El Rosario de Galtieri y Feced

por Carlos del Frade
 

Prólogo
   

Rosario, la vieja capital de los cereales, la otrora rosa crispada, siderúrgica y obrera, es hoy una ciudad en la que casi 170 mil personas no tienen trabajo estable y 55 mil chicos no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, el 7 por ciento de la población se queda con casi el 30 por ciento de los ingresos.
Una brutal concentración de riquezas en pocas manos que comenzó a consolidarse desde la irrupción de la última dictadura militar, el 24 de marzo de 1976.

Un cuarto de siglo después, como consecuencia de la acción de desaparecedores y desocupadores, el presente para pocos.

El terrorismo de estado fue la herramienta de control social que se aplicó sobre las dirigencias obreras combativas y la militancia estudiantil y política que impulsaban la transformación estructural de la realidad.

Los documentos que componen este libro demuestran que en la región del Gran Rosario se produjeron 1.800 detenciones entre 1976 y 1979; 520 desapariciones de personas en la provincia y 350 en la ciudad. También se secuestraron niños –más de una treintena como por primera vez se publica en estas páginas- y otros nacieron en cautiverio de los que nada se sabe hasta el momento.

La policía rosarina, entre 1976 y 1983, perdió 23 hombres y el ejército, en el Comando del II Cuerpo, menos de una docena.

A noviembre de 1976, un informe reservado del teniente coronel Alfredo Sotera sostenía que solamente había 88 “terroristas prófugos” en la región. Sin embargo la dictadura se extendió hasta diciembre de 1983 y las víctimas se multiplicaron sin razón militar alguna. Aquellas 88 personas pudieron ser detenidas y hasta juzgadas de forma sumaria sin apelar al secuestro, la tortura y la desaparición. Pero el objetivo no era una cuestión de armas. Bien lo declaró el jefe de la policía rosarina, Agustín Feced, frente a la justicia militar: “Yo era como el teniente coronel Varela que fue a reprimir a los huelguistas en el sur”. La represión de aquellas luchas patagónicas de 1921 sirvió para defender los intereses de los grandes hacendados y del entonces imperio inglés. En el Gran Rosario, el terrorismo de estado se utilizó para disciplinar al cuerpo social a fin de concentrar la riqueza en pocas manos.

Como se demostró en la justicia federal en 1985, no se trató de una guerra, si no de un sistemático plan de exterminio, como también queda graficado en un documento del comando del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario.

El robo a los tribunales en octubre de 1984, las leyes de punto final, obediencia debida del alfonsinismo y los indultos del menemismo, otorgaron la necesaria impunidad para los socios del gran capital. Muchos de ellos se reciclaron en la propia policía santafesina y decenas de militares y servicios de inteligencia se conchabaron en actividades privadas y hasta políticas.

Sin embargo, la tozuda y permanente lucha de los organismos de derechos humanos logró sus frutos: la recuperación de la identidad de una chiquita secuestrada, la expulsión de la gendarmería y de los militares de la casa de una pareja de ciegos, los procesamientos y posteriores pedidos de captura internacional de los principales genocidas locales, la desvinculación de los uniformados más connotados con el terrorismo de la policía provincial, los juicios por la verdad histórica y la más profunda de las victorias que fue la multitudinaria movilización por los 20 años del golpe.

La memoria sirve para descubrir los sueños inconclusos, los proyectos colectivos que todavía son necesarios para responder a las urgencias del presente.

De allí que cuando se mueve el pasado, se conmueve el presente.

Este libro pretende sintetizar algunos de los hechos vividos y sufridos en el Gran Rosario. Pero también quiere urgir a los representantes de la justicia de la democracia para que investigue todo aquello que está abierto y puede ser llevado a los tribunales.

Feced no murió cuando se dijo. Eso entraña la responsabilidad de los funcionarios políticos de la primera administración peronista en la provincia, en especial del gobernador José Vernet y del ministro de gobierno, Eduardo Cevallo. Pero también involucra a las autoridades nacionales de la administración del doctor Raúl Alfonsín y los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri todavía no respondieron sobre las 286 privaciones ilegítimas de libertad seguidas de torturas y muertes con que fueron acusados en la justicia federal rosarina.

Entre esos casos, una treintena de secuestros de bebés, delito que no prescribe.

“El Rosario de Galtieri y Feced. Documentos y testimonios de desaparecedores y resistentes”, entonces, no es solamente un manual para el recuerdo, la denuncia y el debate, si no también un documento para la acción política.

Es también un reconocimiento a todos los que lucharon y siguen bregando por una sociedad con justicia social y libertad.


Carlos del Frade.
delfradec@ciudad.com.ar
Rosario, febrero del 2000.