"Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos"

Seminario Internacional, Santiago de Chile, Chile, 14 de diciembre de 1996

  

   

La impunidad en Nicaragua
por Dra. Vilma Núñez de Escorcia

 

La impunidad en Nicaragua tiene algunas diferencias con la de otros países. No puedo decir que la misma sea un fenómeno que se da en una época determinada o durante un gobierno específico, sino que prácticamente ha estado ligada por diferentes razones a cada uno de los acontecimientos, al desarrollo de nuestra sociedad y a la ineficacia de nuestras instituciones.

Es necesario referirme en primer lugar a la etapa de la Dictadura Somocista. Nuestro país era dominado por una oligarquía sostenida por un Ejército creado por el gobierno norteamericano, y que se caracterizó por ejercer una política de sistemática violación a los derechos humanos, fundamentalmente en lo que respecta a las violaciones de los derechos civiles y políticos ejecutadas por los miembros de la Guardia Nacional y por los miembros de la Oficina de Seguridad Nacional, que era el órgano represivo que realizaba las persecuciones políticas, las desapariciones, las ejecuciones y jamás había un juicio o una investigación para tratar de averiguar como era que éstas se cometían.

La impunidad en que quedaban estos crímenes era parte consustancial a la política de la Dictadura Militar Somocista. Salvo un caso muy excepcional que fue el asesinato de David Tejada Peralta donde un médico militar denunció al miembro de la Guardia Nacional que ejecutó su asesinato y el posterior lanzamiento de su cadáver al cráter del Volcán Santiago en Masaya. Ese médico militar que de acuerdo a sus principios y venciendo todos los compromisos que representaba ser parte de la casta militar somocista, denunció el hecho y fue también asesinado personalmente por quien había cometido el crimen contra Tejada, el asesino: El Mayor, Óscar Sotomayor. Si bien fue juzgado, sentenciado y condenado, nunca estuvo en una cárcel y más bien tuvo todas las posibilidades para asesinar a su compañero de armas el Doctor Fernando Cedeño. Esto solo es un ejemplo de cómo funcionó la impunidad durante la Dictadura Somocista.

Guerra de Liberación y Agresión Norteamericana

Durante la guerra cruenta de liberación nacional (1979), tanto en la lucha insurreccional como en la etapa post-insurreccional, cuando el nuevo gobierno revolucionario no había tomado el control sobre toda la gente que, con una arma en la mano había participado en el derrocamiento de la Dictadura; en ese contexto se cometieron por las fuerzas revolucionarias una serie de hechos en contra del derecho a la vida. A su vez en la insurrección final se dieron por parte de la Guardia Nacional, bombardeos a ciudades y las llamadas "operaciones limpiezas" con las cuales se asesinó a combatientes y principalmente a población civil ajena a la lucha.

Cuando triunfa el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la mayoría de los principales mandos militares somocistas y los altos funcionarios gubernamentales responsables de haber dirigido la represión y el crimen en contra del pueblo de Nicaragua, huyeron junto con el Dictador Somoza, esto es otro ejemplo de impunidad.

Al asumir el gobierno el Frente Sandinista impulsa la política de abolición de la pena de muerte, y el juzgamiento de aquellas personas vinculadas durante el régimen somocista a la comisión de éstos crímenes. Pero solo fueron procesados los soldados de la extinta Guardia Nacional y un número pequeño de militares de alto rango, lo mismo que personas que habían integrado la temible Oficina de la Seguridad Nacional, también personas civiles que colaboraban con ese cuerpo de seguridad fueron capturados, encarcelados y sometidos a juicios en los cuales no se cumplieron a cabalidad las garantías del debido proceso

Posteriormente el gobierno revolucionario empieza a impulsar la excarcelación de un gran número de éstas personas, a través de indultos otorgados de manera individual para lo cual se hacía un análisis de cada una de las circunstancias en las que éstas personas habían desenvuelto su actividad represiva y por la cual se les había detenido. Así se otorgaron indultos y decretos de perdón que pusieron también en libertad a personas que habían cometido crímenes en contra de nuestro pueblo. Pero esos indultos en muchas ocasiones sirvieron para reparar injusticias por encarcelamiento muchas veces exagerados.

Luego se empieza a desarrollar contra el país la agresión militar norteamericana, impulsada con la creación de una fuerza irregular como es la "Contra", y a ejercer una serie de presiones de todo tipo: chantajes políticos, el embargo económico y financiero, los ataques directos en contra de los objetivos militares, bombardeo y minado de los puertos y también se da como eje fundamental la agresión ideológica, con uno de sus componentes: la presunta sistematicidad en la violación de los derechos humanos en contra de sus oponentes políticos, presentándolo como una política oficial del gobierno de Nicaragua.

En esas circunstancias y dentro de este contexto el gobierno sandinista, cediendo a las presiones que constantemente se ejercieron de manera persistente por organismos intergubernamentales, por gobiernos adversos y amigos, los primeros presionando, los segundos "recomendando", y con la vigilancia permanente de los organismos internacionales de derechos humanos, continuó con la aplicación de los indultos para excarcelar a prisioneros, sin diferenciar la gravedad de los delitos de los que eran responsables, otorgándolos por razones de edad, salud, situaciones familiares y por otra serie de factores.

Este procedimiento de otorgar indultos, algunas organizaciones de derechos humanos, tanto no gubernamentales como intergubernamentales, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo criticaron y exigían se decretara una amnistía general.

Prácticamente los organismos internacionales de derechos humanos intergubernamentales y casi todos los no gubernamentales, hicieron causa común con el discurso norteamericano para presionar al gobierno de Nicaragua a decretar amnistía para violadores de derechos humanos, e incluso a personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad.

En esta situación transcurren los primeros ocho años de la Revolución Popular Sandinista y las cárceles de nuestro país que habían estado llenas por reos pertenecientes a la Guardia Nacional, responsables directos de crímenes en contra de personas plenamente identificadas, fueron poco a poco excarcelados.

 

Proceso de Paz

En el año 1986, empieza a aplicarse en primer lugar una serie de iniciativas para buscar como llevar la Paz a la región centroamericana, porque en ese entonces ya eran tres situaciones de conflicto armado en el área: Guatemala con el movimiento revolucionario más antiguo de la región, El Salvador con un movimiento insurgente muy fuerte, y en Nicaragua se vivía la situación de un gobierno revolucionario, producto de una lucha popular justa frente a un régimen violador de los derechos humanos, asediada desde todo punto de vista por el país más poderoso del mundo.

Es dentro de esa situación donde se concibe después de los esfuerzos de los países de Contadora, la iniciativa de los presidentes centroamericanos, llamada "Procedimientos para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica", que contemplaba el otorgamiento de amnistías amplias e incondicionales a todos los involucrados en la confrontación bélica, sin hacer exclusiones. Los acuerdos de Esquipulas en el punto 11 establecieron que a los 90 días contados a partir de la fecha de su firma, entrarían a regir simultáneamente en forma pública los compromisos relacionados con amnistías, cese al fuego, democratización, etc., lo que había sido acordado en el inciso b) del punto 1 de los referidos acuerdos.

Es decir, los gobiernos centroamericanos en los Acuerdos de Esquipulas convienen en decretar una amnistía sin consideraciones y diferenciaciones, prácticamente en ellos se instituyó la impunidad a través de este compromiso de otorgamiento de una amnistía amplia.

Es importante señalar que estos Acuerdos iban dirigidos a presionar al gobierno de Nicaragua para excarcelar no solamente a los miembros de la extinta Guardia Nacional que por sus graves crímenes aún estaban presos, sino que también estaba dirigido a poner en libertad a más de 2,500 presos integrantes de la contrarrevolución, muchos de los cuales estaban detenidos por ser colaboradores de la contra o por simples sospechas. Pero también existía un número considerable de presos y condenados por haber cometido graves crímenes en contra no solamente de los miembros de las Fuerzas Armadas con quienes combatían, sino que también en contra de la población civil campesina que fue la principal víctima de esta guerra injusta y cruel que nos impuso el gobierno norteamericano.

La amnistía acordada en Esquipulas también favoreció a miembros de las Fuerzas Armadas, pero antes de ello Nicaragua dio ejemplo de ser el único país que en guerra sometió a procesos verdaderamente ejemplares a sus militares que se habían involucrado en la comisión de crímenes, aún cuando sancionar a un militar que cometía determinado delito enfrentando una guerra de agresión tan fuerte, podría producir una desmoralización en la tropa. De ninguna manera esto quiere decir que, todas las violaciones de derechos humanos que dentro del contexto de la guerra cometieron los miembros de las Fuerzas Armadas fueron investigadas y sancionadas, muchas seguramente quedaron en la impunidad en esas circunstancias.

Las sucesivas amnistías que durante el gobierno sandinista se dieron, favorecieron fundamentalmente a ex miembros de la contra, o sea a los miembros que habían sido armados, entrenados y financiados por el gobierno norteamericano para agredir a Nicaragua, y a miembros de la extinta Guardia Nacional de Somoza sentenciados por delitos de lesa humanidad en contra de nuestro pueblo. Esta acción constituyó el cumplimiento de uno de los compromisos de los Acuerdos de Esquipulas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso demandó a Nicaragua en su informe previo a la celebración de las elecciones de 1990, (o sea en el informe del período 88-89) el otorgamiento de una amnistía general para los últimos 33 miembros de la Guardia Nacional presos por ser responsables de graves crímenes, como requisito indispensable no solo para la paz, sino para considerar la legitimidad de las elecciones del 25 de febrero de 1990. En el informe que cito se pedía o exigía amnistía para todos los contras, sin excluir a aquellos que habían cometido crímenes atroces que terminaron con familias enteras, incluyendo niños.

El gobierno sandinista fue sometido a enormes presiones para que demostrara su buena fe en la mesa de negociaciones para lograr la paz, aún cuando los otros presidentes centroamericanos y demás instancias involucradas en dichos acuerdos, estaban plenamente conscientes que el otorgamiento de esas amnistías significaba poner en libertad a criminales. Por la amnistía que dictó el gobierno sandinista antes del 25 de febrero de 1990 salieron favorecidos aquellos que directamente o indirectamente desde Washington o los países vecinos a Nicaragua impulsaron las acciones criminales que en su momento fueron condenadas por la Corte Internacional de Justicia.

Gobierno de la Unión Nacional Opositora

Al asumir el nuevo gobierno producto de la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990 en unas elecciones que eran parte también de este Procedimiento para establecer la paz firme y duradera, la nueva Presidenta de la República Doña Violeta Barrios de Chamorro, con el afán de conseguir la desmovilización de los alzados en armas o sea de los miembros de la contra, decretó una amnistía sumamente amplia que abarcaba no solamente a los que andaban alzados en armas, sino a los que se hubieran alzado en armas alguna vez o estuvieron viviendo en otros países.

La forma cómo el decreto fue redactado de una manera tan amplia, generalizada y con impresiciones jurídicas, creó una gran confusión, al extremo que los reos comunes llegaron a pensar que se trataba de una amnistía que también los cubría a ellos. Incluso, recuerdo que hubo hasta amotinamiento de reos comunes en los Centros Penitenciarios reclamando que se les aplicara esa amnistía.

Aquí es oportuno comentar que, organismos internacionales de derechos humanos especialmente Amnistía Internacional ha señalado que la amnistía no sirve para detener la violencia sino que más bien es un mecanismo que la promueve.

Creo que las amnistías generales, tanto las que decretó el gobierno sandinista como las decretadas por el gobierno de Doña Violeta, no fueron dictadas con la intención de hacer de la mismas un mecanismo para promover la impunidad, además en las situaciones extremas en que se adoptaron fueron quizás instrumentos, "males necesarios" para asegurar en el primer caso el cese de la guerra de agresión, y en el segundo un esfuerzo para parar el accionar del ejército contrarrevolucionario, con lo cual se puso fin de manera formal al conflicto, la principal fuente de violación de los derechos humanos en Nicaragua en ese entonces.

Se ha analizado que éstas amnistías no son utilizadas como un mecanismo de impunidad sino como un recurso extremo para parar un conflicto mayor y que contribuyen a ejercer una función para prevenir la comisión de delitos futuros. Sin embargo, éste análisis en Nicaragua no ha tenido un efecto como el que se pretende. Después de esa primera amnistía que decretó Doña Violeta a la que he hecho referencia, comenzó a darse en el país por razones que no es el caso señalar aquí, el proceso de rearme de los grupos que habían estado inicialmente integrados a la contrarrevolución y se formaron los grupos llamados recontras; en respuesta a las acciones de persecución y crímenes que los recontras ejercían en contra de los campesinos sandinistas y de cooperativistas, muchos de ellos desmovilizados del Ejército, se establecieron entonces los denominados grupos recompas.

Posteriormente ambos grupos se dieron cuenta que estaban siendo objeto de exclusión y de falta de cumplimiento a los acuerdos de reinserción a la sociedad suscritos con ambos por parte del gobierno, lo que originó la formación de un movimiento que en su oportunidad se llamó de lo revueltos.

Con estos últimos también se suscribieron acuerdos que no se cumplieron a cabalidad, lo que entre otros factores ha sido la causa de la existencia de grupos armados delincuenciales que en solo este año han asesinado a 178 personas en el campo, crímenes que aún permanecen en la impunidad.

En conclusión debo señalar que la impunidad en los distintos momentos históricos en que he dividido su análisis se ha presentado:

Managua, Nicaragua 13 de diciembre de 1996

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