Seminario Internacional, Santiago de Chile, Chile, 14 de diciembre de 1996
"Impunidad y sus Efectos en los Procesos Democráticos"
Seminario Internacional, Santiago de Chile, Chile,
14 de diciembre de 1996
Conclusiones: Declaración de Santiago de Chile
En Santiago de Chile a 15 de diciembre de 1996, los participantes en el Seminario
Internacional sobre Impunidad y sus efectos en los procesos democráticos,
DECLARAMOS:
América latina enfrenta un grave obstáculo en su camino de transición a la democracia y en los sistemas políticos existentes.
La herencia en materia de violaciones a los derechos humanos, cometidas en el pasado reciente en nuestros países, muchos de ellos gobernados por dictadores militares, no ha sido enfrentada ni resuelta conforme a normas básicas de verdad y justicia instaladas en la conciencia universal.
Nos referimos a la IMPUNIDAD.
La impunidad es, en lo inmediato, la renuncia a la sanción penal a los violadores de los derechos humanos, y sus consecuencias afectan a la sociedad en su conjunto.
Así, la impunidad desconoce la igualdad ante la ley, resintiéndose, de esta forma, uno de los principios básicos del Estado de Derecho.
Conspira en contra de las orientaciones éticas y los valores más preciados por los seres humanos, socializa la perversa idea de que, para algunos, todo está permitido, que los delitos más graves no merecen castigo y dificulta la tarea de sanar y reparar lo dañado.
Es la institucionalización de la injusticia por quienes están llamados a hacer justicia.
Como lo ha señalado el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, la impunidad es el principal incentivo para violar los derechos humanos, afirmación que hemos constatado dramáticamente en nuestros países, donde hoy en día se reproducen tales violaciones, esta vez bajo el amparo de sociedades que se proclaman democráticas.
Por lo tanto, consideramos que la impunidad es, en sí misma, una violación a los derechos humanos ya que agrega a la violación cometida un nuevo crimen. Ella significa, por un lado, ausencia de punición para algunos, y por otro, castigo a quienes se ha determinado reprimir. Responde a la lógica de dominación de unos sobre otros.
Compromete la convivencia social del presente, auspiciando la corrupción y descomposición de las relaciones e hipoteca el futuro democrático de nuestros países, al sostener grupos de poder comprometidos con el sistema de violaciones de derechos humanos.
La impunidad no sólo se refiere a la violación de los derechos civiles y políticos sino que también se extiende a la conculcación de los derechos económicos, sociales y culturales.
La impunidad persigue acostumbrar a la injusticia, promover la resignación y el desaliento frente a la denegación de derechos fundamentales. En definitiva, esa es su función política: consolidar un modelo de dominación y de conculcación de los más básicos derechos económicos, sociales y culturales.
En la actualidad la imposición del neoliberalismo marginaliza, excluye y mantiene en la pobreza a
una gran parte de la humanidad; los procesos de globalización no respetan el medio ambiente ni
los derechos de los ciudadanos, y en especial los derechos de los más desposeídos. Las instancias
de coordinación económicas internacionales, el capital transnacional y los acuerdos comerciales
deciden los destinos de los pueblos y tienen mayor gravitación que las instancias políticas
nacionales e internacionales.
La igualdad de derechos que afirma la Declaración Universal de Derechos Humanos se
encuentra condicionada y negada en la práctica por las directrices del poder económico
mundial.
AFIRMAMOS:
- Nuestro objetivo principal es luchar por erradicar todas las formas de impunidad existentes en los diversos países*.
- Los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles.
- Sólo el Estado es responsable de las violaciones a los derechos humanos.
- El Estado es el único responsable de la impunidad.
- Las formas actuales de represión y de control social, son una nueva expresión de la Doctrina de
Seguridad Nacional.
ACORDAMOS:
EN LO POLITICO E INSTITUCIONAL:
A nivel internacional
Impulsar acciones hacia los organismos internacionales para dar a conocer los planteamientos
de las organizaciones de DD HH sobre la impunidad.
Incorporar e impulsar la lucha por la plena vigencia de los derechos económicos, sociales y
culturales.
Establecer el día Internacional contra la Impunidad.
Establecer el día 30 de agosto como del Detenido-Desaparecido. A su vez declarar el día del
Ejecutado Político, declarándolo feriado oficial.
Generar una agenda común de movilización social en torno a hechos emblemáticos de derechos humanos e impunidad.
A nivel interno:
En cada país se debe impulsar la creación de una Coordinación Nacional de ONGs en conjunto
con los diversos actores políticos y sociales, para desarrollar múltiples acciones destinadas a
luchar contra la impunidad.
Desde la sociedad civil promover iniciativas nacionales hacia los Gobiernos, Parlamentos y
Poderes Judiciales para denunciar y terminar con la impunidad.
Promover la legitimación de la desobediencia ciudadana de la sociedad civil frente a las
violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el Estado.
Promover la protección de los defensores de los derechos humanos.
Denunciar a los violadores de los derechos humanos e impedir que busquen legitimarse en la
acción política postulando a cargos de representación popular.
Promover la separación de las Fuerzas Armadas a los miembros involucrados en violaciones de
los derechos humanos, como asimismo la inhabilitación de los violadores de la administración
pública.
En relación a los presos políticos en democracia de toda América Latina, exigimos garantías
de
su vida, del debido proceso y libertad según el caso.
Exigimos un sistema carcelario digno y humano para todos los presos de América Latina y del
mundo.
Establecer redes de comunicación informáticas (internet y otras) a nivel interamericano para el intercambio de información, experiencias y coordinar acciones.
EN LO JURIDICO:
A nivel internacional
Elaborar una Convención contra la Impunidad y otros instrumentos jurídicos necesarios para la
protección frente a las violaciones a los DD HH.
Impulsar y apoyar la creación de un Tribunal Penal Internacional, que haga efectivo el juicio y
castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Impulsar acciones hacia el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) para denunciar la impunidad.
Impulsar acciones legales en favor de las víctimas nacionales que hayan sufrido violaciones de
sus derechos humanos en otros países, apoyando vivamente los juicios actualmente existentes
en España e Italia.
Presentar denuncias por violaciones de los derechos humanos ante los Organismos
Internacionales como una práctica permanente.
Impulsar mecanismos de control nacional del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas,
asegurando "in-loco" para prevenir las violaciones de derechos huamnos.
Generar mecanismos internos de los Estados para llevar a la práctica las recomendaciones de los organismos internacionales.
Promover acciones de seguimiento a la labor desarrollada por los Relatores Especiales de
Naciones Unidas, entre estas proponemos una carta para la próxima reunión anual de Relatores
Especiales de Naciones Unidas dando cuenta del no cumplimiento de las resoluciones de NU
por parte de los Estados miembros. A su vez, los Relatores Especiales deben informar de sus
resoluciones a las ONGs.
Plantear la condicionalidad positiva en las negociaciones sobre los Tratados Económicos Internacionales respecto a los países que respeten los DD HH.
Promover la competencia jurisdiccional internacional para el juzgamiento de los violadores a
los DD HH.
Incorporar el derecho a la Objeción de Conciencia frente al servicio militar obligatorio y el
respeto de quienes realicen voluntariamente el servicio militar.
Promover la anulación de las leyes de Amnistía que exculpan a los violadores a los derechos humanos u otras medidas equivalentes, existente en los países y que se encuentran vigentes.
Exigir a los Estados el cumplimiento de los tratados de cooperación judicial entre los países y
de extradición.
Rechazamos toda práctica de persecución de los Estados que obliga al exilio, así como
reivindicamos el derecho al asilo.
Promover una legislación que regule y consagre el refugio político y defina e incorpore el refugio económico, no reconocido hoy como una situación originada por la violación de los derechos económicos, sociales y culturales.
A nivel interno:
Generar acciones para obtener la ratificación de la Convención Interamerica sobre la Desaparición Forzada de Personas por parte de todos los Estados miembros de la OEA. Actualmente sólo tres países la han ratificado (Argentina, Uruguay y Bolivia).
Tipificación en las legislaciones nacionales de los Crímenes de Lesa Humanidad como la Desaparición Forzada, la Tortura, el Genocidio. Dentro de la definición de Genocidio incorporar como víctimas a los grupos políticos
Recoger e incorporar en la defensa de los Derechos Humanos a nivel nacional el Derecho
Internacional.
Abolir en las legislaciones nacionales la Pena de Muerte.
Promover campañas para sensibilizar a la sociedad y declarar inconstitucionales las leyes de
Amnistía para responsables de violaciones de derechos humanos por ser contrarias en la
práctica al principio de igualdad ante la ley.
Promover la reforma del Poder Judicial y los Códigos pertinentes para garantizar el derecho a
la justicia.
Promover que la calidad de órgano jurisdiccional de la llamada justicia militar, sea reemplazada por una instancia de carácter disciplinaria interna de las FFAA que no pueda someter a su imperio a civiles. Cualquier situación que signifique aplicación de justicia, ya sea para civiles o militares, debe quedar bajo la jurisdicción civil común.
Demandar y promover la reducción progresiva del gasto militar de los Estados para destinar
estos recursos al desarrollo y la paz.
Promover iniciativas legales para modificar los estatutos orgánicos de las FFAA y policiales a fin de incorporar en ellos el sistema de la obediencia reflexiva, esto es, el subordinado no estará obligado a cumplir órdenes constitutivas de delitos o que afecten la Constitución.
Promover reformas legales a objeto que las comisiones de derechos humanos de los Parlamentos tengan facultades investigativas ante denuncias de violación de tales derechos.
EN LA INVESTIGACION Y COMUNICACIONES
Investigar, documentar, publicar y difundir un listado de violadores de derechos humanos en
cada país de la región.
Elaborar informes periódicos de seguimiento en materia de impunidad, incorporando una evaluación del período, y difundirlos entre las ONGs, las autoridades y las instancias internacionales.
Monitorear, estudiar y denunciar las relaciones que en cada país se dan entre el militarismo y
los poderes económicos, en especial con las empresas transnacionales y la industria y comercio
de armamentos.
Analizar y denunciar las relaciones que en cada país se dan entre el militarismo y el poder político y la intervención directa o indirecta del primero en la política contingente.
Investigar y denunciar las relaciones que se producen entre la impunidad y la corrupción en cada país.
Evaluar los planes de formación de las FFAA y policiales, en sus contenidos y métodos, para formular propuestas de cambio desde la perspectiva de los derechos humanos.
EN LO ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL
Denunciamos que el modelo económico neoliberal ha cercenado los derechos adquiridos por
los trabajadores y el movimiento obrero a costa de grandes sacrificios y luchas históricas.
Rechazamos la discriminación de raza, religión, opción sexual, tercera edad, discapacidad física y mental.
En el ámbito de la legislación laboral:
Transformación de la legislación laboral que desregula las relaciones de trabajo y desprotege a los
trabajadores. El Estado no puede ausentarse de la misión protectora que le es propia y que
constituye su deber, tanto en el plano interno como frente a los convenios internacionales sobre el
trabajo.
En la educación
La educación autoritaria permite relaciones de dominación y ampara la impunidad. La impunidad atenta contra la cultura de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica en la sociedad. Niega la real memoria histórica de los pueblos, impidiendo su construcción.
La educación es la principal herramienta que tiene toda sociedad para transmitir el acervo cultural
y la historia de los propios pueblos. Por eso, la persistencia de la impunidad conspira contra una
auténtica educación que faculte a las personas para vivir y practicar una cultura de los derechos
humanos y el respeto de todo ser humano. El sentido de esta educación en derechos humanos es
fomentar el ejercicio de sus derechos por parte de todas las personas y los pueblos.
Frente a esto proponemos:
La incorporación efectiva en los curriculum de toda la educación formal y de los Institutos de
formación militar, policial y del sistema judicial, de la doctrina y los contenidos de los derechos
humanos, de la historia viva de sus violaciones y la impunidad de sus autores.
En comunicación y cultura:
Actualmente se vive en la región una concentración de los medios de comunicación en manos de los grandes capitales. Esto conspira contra la heterogeneidad de opiniones, la normal confrontación de ellas y el derecho a disentir.
Además, el lenguaje utilizado por los medios desvirtúa la realidad, e induce actitudes y concepciones funcionales a la ideología del modelo neoliberal.
Por ello, proponemos:
Buscar los instrumentos necesarios para romper el cerco y la censura de los medios de
ccomunicación, generando una corriente de opinión que impida la persistencia de esta situación.
Que los contenidos y el lenguaje de nuestras intervenciones en los medios se opongan a la estructura valórica e ideológica del modelo de dominación vigente, desarrollando una conciencia solidaria en torno a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
Internalizar en la sociedad las dimensiones morales, sicológicas, jurídicas, políticas y sociales de
la reparación y la necesidad de que esta reparación sea asumida por el conjunto de la sociedad.
Mujeres
La conquista de los derechos de la mujer ha sido especialmente difícil y aún se le niegan algunos derechos básicos. A la violación general de los derechos humanos de las personas, en este caso se agrega la discriminación que sufren en variados ámbitos como una violación más.
Proponemos frente a esto los siguientes objetivos:
Conquistar derechos de la mujer en áreas aún no reconocidos, como ser aquellos reproductivos y sexuales, contra toda forma de abuso, violencia intrafamiliar y atropellos laborales.
Exigir la responsabilidad del Estado frente al desarrollo y salvaguarda de estos derechos y el cumplimiento de las Convenciones Internacionales sobre la mujer.
Fortalecer la efectividad del sistema de derechos humanos nacional e internacional de los derechos
de la mujer.
Jóvenes
En los jóvenes se concentra la impunidad histórica que afecta a toda la región junto a la conculcación de sus derechos específicos a nivel civil, económico y social y cultural.
Proponemos:
Propender a la eliminación de medidas policiales de detención y represión, que en base a su estigmatización coartan sus libertades.
Lograr que la educación y capacitación laboral no responda sólo a las necesidades de funcionamiento del sistema vigente, sino que fundamentalmente promuevan el desarrollo pleno de todas sus potencialidades.
Facilitar su integración social mediante la adopción de medidas que respeten su derecho a un trabajo digno, a la recreación, y su identidad juvenil.
Prevenir la tóxica dependencia, la salud sexual y garantizar el derecho a la información que les permita mejorar su calidad de vida.
Fomentar la formación de líderes juveniles mediantes pasantías o becas en organismos
latinoamericanos u otros.
Niños
Ellos son uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso mismo se requiere una especial preocupación por parte del Estado en orden a la protección de sus derechos. Cuando estos derechos son violados y la impunidad persiste se daña prematuramente la posibilidad de construir una sociedad mejor.
Proponemos:
Perfeccionar y fortalecer los instrumentos de fiscalización del respeto y protección de los derechos del niño estipulados en la Convención respectiva, con especial hincapié en lo relativo a la educación, entretención, salud, garantizando su desarrollo al interior de su familia, respetando su identidad.
Exigir al Estado una especial preocupación y la adopción de medidas urgentes destinadas a eliminar la explotación sexual infantil y la situación de los niños que viven en la calle.
Que el Estado adopte medidas que desincentiven el trabajo infantil, así como regularice las normas existentes en aquellos casos de actividad laboral de adolescentes, protegiendo su bienestar físico y mental
Modificar radicalmente el trato inhumano que el Estado y las instituciones correspondientes dan a los niños en situación de conflicto con la justicia
Apoyar la restitución de los niños secuestrados.
Salud
El desmantelamiento de los sistemas de salud social y el proceso de privatización en este campo atentan contra uno de los derechos fundamentales de la persona, la vida y el bienestar físico y mental. El abandono del Estado de su responsabilidad en este ámbito lo hace cómplice de la impunidad que se da por la negación al derecho a la salud.
Por esto proponemos:
Impulsar la creación de comités nacionales e internacionales que acojan las denuncias por
negación de este derecho, así como exijan al Estado su vigencia efectiva.
Pueblos originarios
En este ámbito, al genocidio y a la impunidad histórica se suman la discriminación, la expropiación territorial sufrida y la no valoración de su identidad cultural y étnica.
Proponemos:
Promover el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y étnica en la región.
Fomentar la implementación de políticas de desarrollo que respeten la organización cultural,
identidad, dignidad y derecho a la tierra, de las distintas etnias de la región.
Medio ambiente
El desarrollo y expansión del actual modelo económico arrasa y depreda la naturaleza, contamina con tóxicos diversos la tierra, poniendo en grave peligro la salud de los seres vivos y la sobrevivencia del planeta. En este campo se da una casi absoluta impunidad por cometer estos actos aberrantes.
Proponemos:
Exigir al Estado y a la Comunidad Internacional el establecimiento de medidas de desarrollo sustentable que detengan este proceso de destrucción del planeta, aplicando drásticas sanciones económicas y penales a todos quienes violen el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
Cambios en la legislación de acuerdo a las normas internacionales, otorgando mayores
atribuciones jurídicas y de control en el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos
internacionales al respecto.
PROPUESTAS ESPECIFICAS
Proponemos establecer una Coordinación Interamericana para organizar y promover diversas iniciativas tendientes a terminar con la impunidad existente en nuestros países.
La Comisión Organizadora del Seminario Internacional sobre "La impunidad y sus efectos en los procesos democráticos", se compromete a entregar las resoluciones, los materiales y una propuesta de coordinación a los países participantes en este evento en un plazo de 60 días.
Crear una Comisión Etica Internacional de Derechos Humanos que entregue una nominación anual de un Estado, una Institución y una Persona que se hayan destacado por un comportamiento atentatorio de los derechos humanos y validación de la impunidad.
Realizar próximamente un Seminario Internacional sobre la impunidad vinculada a los derechos
económicos, sociales y culturales.
VOTOS POLITICOS
El Seminario Internacional sobre "La impunidad y sus efectos en los procesos democráticos", ha apoyado unánimemente la solidaridad ante las siguientes situaciones:
Denunciamos el grave vejamen sufrido por la señora Mabel Gutiérrez -destacada dirigenta argentina de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas- al ingresar al país y ser retenida por Policía Internacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Esto se debió a que existe una nómina de "extranjeros indeseables" definida por la dictadura militar chilena, la que ha impedido el ingreso a Chile desde 1990 a numerosos extranjeros por razones políticas. Exigimos al gobierno de Chile la inmediata eliminación de esta lista que actualmente prohibe el ingreso a extranjeros por razones políticas.
Ante la total impunidad en que ha quedado hasta hoy el horroroso crimen del diplomático y ciudadano español, Carmelo Soria, en virtud de la aplicación por parte de la Corte Suprema chilena del DL 2191 de Amnistía de 1978, exigimos del gobierno chileno que se haga justicia, que asuma su responsabilidad ante la comunidad internacional y que expulse de las Fuerzas Armadas a los militares responsables de este crimen. Además, exigimos al gobierno español llevar este caso a la Corte Internacional de La Haya.
Rechazamos la postulación a la presidencia de la República de Bolivia del ex dictador, general Hugo Banzer Suárez, quien es responsable del terrorismo de Estado y la comisión de crímenes de lesa humanidad. Este hecho constituye una afrenta a la memoria de las miles de víctimas de Bolivia, del continente y a la democracia. Exigimos al gobierno boliviano la impugnación e inhabilitación de esta candidatura presidencial.
Manifestamos nuestra indignación y rechazo por el alto grado de impunidad frente a la grave situación de violaciones a los derechos humanos existente en Colombia, y nos sumamos a las campañas internacionales para proteger a la población y garantizar el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Exigimos al gobierno colombiano la aplicación de las múltiples recomendaciones de los organismos internacionales (Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, Comisión Interamericana), para restablecer la vigencia de los derechos fundamentales del pueblo colombiano.
Acordamos dirigir al Sr. Claudio D'Angelo, Juez del Tribunal de Roma, una carta para solicitarle que al decidir seguir en el juicio sobre los desaparecidos italianos en la República Argentina, tenga en cuenta la importancia que la prosecución de esta causa tiene en la lucha contra la impunidad. Los países que sufren los efectos por la falta de justicia tienen sus ojos puestos en este juicio, en el que además de impartirse justicia debieran ponerse de relieve los valores de la equidad. Confiamos en que su resolución considerará, junto a las razones jurídicas los valores de la ética.
Apoyamos a los más de cuarenta organismos de derechos humanos de Estados Unidos, que llevan adelante la campaña por el cierre de la Escuela de las Américas. La declaración de reconocimiento por la Secretaría de Estado de USA ha sido una condición necesaria pero no suficiente. Deseamos que esta declaración sea aprobada por la Cámara de Representantes, y que Estados Unidos asuma el reconocimiento de sus responsabilidades como ya lo ha hecho Japón respecto a las mujeres violadas.
Pedimos que los gobiernos publiquen la lista de los miles de militares latinoamericanos formados en la Escuela de las Américas y que se proceda a su baja automática de sus puestos de mando. Finalmente, enviamos un reconocimiento al SOAWATCH y, muy especialmente, a ROY BOURGEOIS, por su valiente actitud y por condenar la violación a la libertad de opinión y de conciencia.
Los participante en el Seminario emitieron un pronunciamiento de apoyo al proceso de Paz que el
29 de diciembre de 1996 se firmará en Guatemala.
