Los que no están

Desaparecidos y dictadura cívico-militar en Florencio Varela (1976 – 1983)
 

LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

     Ya desde antes de 1976, durante la Dictadura, y también a partir de 1983, distintos organismos no gubernamentales  se fueron formando como consecuencia de la sistemática violación de los Derechos Humanos en nuestro país. Muchos de esos organismos tienen una vinculación directa con los desaparecidos y/o  ex detenidos-desaparecidos, esto es, se formaron como consecuencia directa de lo acontecido luego del golpe de Estado del ´76. En esta última parte se va a hacer mención de ellos, contando brevemente su historia, quiénes lo formaron y cuáles son las diversas acciones que llevan adelante en la actualidad. Es importante aclarar que no sólo se ocupan de los Derechos Humanos violados en el período 1976-1983, sino que también trabajan con las denuncias de los derechos que aún no son respetados.

     La LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre) se creó en 1937. Fue el primer intento y único antecedente de este tipo de organización que cuatro décadas después habría de tener una importante presencia en la vida nacional. Nace de la mano de un grupo de abogados que representaba en la defensa a detenidos por causas políticas. Sus objetivos fundamentales se relacionaban directamente con la idea de una sociedad más justa y solidaria. Las declaraciones de los miembros fundacionales aludían, en un sentido de reparación histórica, a un necesario acercamiento hacia las víctimas de las violaciones de los derechos más elementales, es decir, hacia quienes se veían afectados por las persecuciones ideológicas, y hacia el grueso de la población que no accedía al trabajo, la salud, la vivienda y la educación. Por sus filas pasaron el recordado Lisandro de la Torre y Arturo Frondizi.

     El SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) comenzó a trabajar en la Argentina en 1974. La coordinación para el área latinoamericana estaba a cargo de Adolfo Pérez Esquivel. Esta organización está integrada por una corriente de cristianos practicantes ocupados en la lucha por los oprimidos con un ferviente sentido de justicia. Si bien no pretende ser ni un organismo de masas ni un partido político, desde sus comienzos ha tenido una gran influencia. Cuando en 1980 Pérez Esquivel obtuvo el Premio Nóbel de la Paz aseguró, con palabras que aún hoy están  vigentes, que “el destino impostergable de todos los pueblos, de lograr un orden internacional democrático, se transforma hoy para nosotros en un desafío. La defensa sistemática y lucha permanente por los Derechos Humanos como única garantía de lograrlo, es una obligación”4.

     La APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) surge en la Ciudad de Buenos Aires en 1975. De carácter pluralista y a la vez independiente, esta organización es fundada en respuesta a los atropellos y persecuciones perpetrados por la Liga Argentina Anticomunista (la Triple A). Ante las amenazas, secuestros y asesinatos de índole política, un grupo de dirigentes políticos, religiosos, gremiales y sociales intentó frenar la impunidad con que actuaban los grupos paramilitares y parapoliciales. En los tiempos fundacionales fue su vocero y presidente ejecutivo Don Eduardo Pimentel, y sus  presidentes honorarios la doctora Alicia Moreau de Justo, el obispo católico Jaime de Nevares y el obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista, Carlos Gattinoni. Se conforma como una sociedad civil cuyo objetivo es promover la vigencia de los Derechos Humanos, enunciados en la Declaración Universal y en la Constitución Nacional. Bajo los principios de un idealismo humanista y democrático, peticiona ante las autoridades nacionales, reclama ante los organismos internacionales y brinda asesoramiento y acompañamiento a los familiares y víctimas de las violaciones cometidas a través del  abuso de poder.

     La APDH de La Plata nace después del Golpe de Estado de 1976 por la necesidad de información y justicia de un grupo de familiares de personas desaparecidas. Las primeras reuniones de estos familiares de las víctimas del terrorismo de Estado  desembocaron, en 1979, en la constitución de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. Este organismo desarrolló una intensa tarea durante los años de dictadura y en los posteriores a ella, recibiendo las denuncias de secuestros, torturas, desapariciones, homicidios y demás violaciones cometidas por los agentes de la última dictadura cívico– militar que, remitidas a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, fueron engrosando los testimonios de los que se sirvió ésta a partir de su creación en 1984. Además de los reclamos que directamente apuntan al genocidio  llevado a cabo en el periodo 1976 – 1983,  la APDH, en un encuadramiento político más amplio, denuncia el apego de las políticas económicas de los gobiernos -de los últimos treinta años- a los organismos financieros internacionales como el origen mismo de las violaciones a los elementales derechos del hombre. Esta concepción, sostenida incansablemente por la APDH, encuentra el origen último de la mayor parte de las violaciones de los Derechos Humanos –antes, durante y después de la dictadura cívico-militar- en la dependencia económica, dependencia para la que aún hoy no se vislumbra una salida política. Esto, acompañado por las políticas de impunidad, iniciadas por el alfonsinismo después del Juicio a la Junta Militar, y culminadas por el menemismo, dota de una vigencia extraordinaria a las luchas ininterrumpidas que, en diversos frentes, lleva adelante la APDH: reclamando por la Verdad y la Justicia, a través del pedido de nulidad efectiva de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida –sancionada por el Congreso en agosto del 2003- y de los indultos presidenciales; combatiendo la represión policial que intenta acallar las protestas populares y conformando comisiones de Salud y Educación, tendientes a la defensa de los derechos económico–sociales del ciudadano.

     Actualmente, los Juicios por la Verdad, impulsados por la APDH y concretados ante la Cámara Federal de La Plata, han restablecido en el ámbito público la necesidad de conocer el destino de los miles de desaparecidos y, aunque la impunidad no permita (por el momento) condenar y meter presos a los genocidas, nadie puede impedir el derecho que la sociedad tiene de saber la Verdad de lo sucedido durante la dictadura.

En febrero de 1976, un grupo de sacerdotes, pastores, religiosos y numerosos laicos, junto con obispos de las Iglesias católica y protestante, organizaron el MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos). Su labor específica ha sido la asistencia a las familias que padecieron la represión, creando comisiones en las principales ciudades del interior del país con el apoyo económico del Consejo Mundial de Iglesias.

     Al mismo tiempo nace la asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. El primer grupo de Familiares se reunió en Córdoba, en enero de 1976, como respuesta a la desaparición simultánea de 24 personas. En septiembre de ese mismo año se constituye Familiares ya como organismo en la Capital Federal, contando con un espacio propio donde poder realizar las reuniones que, previamente, se llevaban a cabo en el local de la Liga Argentina por los Derechos Humanos  (LADH), en Esmeralda 77. Allí recibieron a la primera delegación de Amnesty Internacional, ante la cual denunciaron la desaparición de miles de personas. La tarea no era sencilla, ya que toda gestión y convocatoria comportaba toda una serie de dificultades y riesgos asumidos en un contexto de profundo miedo y desconfianza. De todos modos, los Familiares lograron extender la lucha hacia el interior del país (Mendoza, Santiago del Estero, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Chaco, etc.).

      Desde un primer momento, los Familiares asumen la desaparición y la privación de la libertad como un hecho político. Su primera movilización pública la efectuaron el 14 de octubre de 1977 en la Plaza de los Dos Congresos. El objetivo era entregar un petitorio con 24000 firmas (reunidas en el país y en el extranjero) a la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), órgano de las Fuerzas Armadas que pretendía reemplazar las funciones del Congreso. Este petitorio, en el que se reclamaba  la aparición con vida de las víctimas de la Dictadura, se había dado a conocer masivamente a través de una solicitada en los diarios, firmada un mes antes de la movilización por 136 familiares. La protesta organizada por Familiares, en la que marcharon más de un millar de personas, fue reprimida, y se detuvieron, por averiguación de identidad y antecedentes, a alrededor de 350 familiares de desaparecidos, y a varios corresponsales extranjeros. Otra solicitada fue publicada en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el 10 de diciembre de 1977. Dos días antes se produjo el secuestro de 11 integrantes de Familiares, entre ellos  a la presidenta de Madres de plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y a dos monjas francesas a instancias de un supuesto familiar, Gustavo Niño, que no era otro que el responsable de esas desapariciones: el Capitán Alfredo Astiz. La intimidación y el silenciamiento, buscados por las autoridades militares, no lograron lesionar el espíritu de lucha sostenido por Familiares, ya sea a través de marchas o actos (como el homenaje al Gral. San Martín en la peatonal Florida [para los militares, el ‘acto subversivo’ del 27/12/1979]), de presentaciones de Hábeas Corpus colectivos o de la publicación de las solicitadas, en agosto y diciembre de 1980 y en abril de 1981,en las que se reclamaba, con miles de firmas, que se diera a conocer la lista de los desaparecidos y se liberara inmediatamente a los presos políticos.

     Ha sido incesante el peregrinar de Familiares, tanto en plena dictadura como a partir de la apertura democrática, reforzando las acciones locales en el exterior a través de presentaciones y denuncias ante las Asambleas de la OEA (Organización de Estados Americanos) y la ONU (Organización de Naciones Unidas), y ante la Conferencia General del CELAM; formando la FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) en 1981 y creando, para la coordinación de actividades con otras organizaciones, subcomisiones de Presos, de Prensa y Propaganda, de Sindicatos y Gremios, de Profesionales, de Estudiantes, de Iglesias y de Partidos Políticos. Una muestra cabal de ello son las consignas de otras dos solicitadas en coyunturas disímiles. Una de ellas en ocasión del Censo Nacional de 1980: junto con Madres de Plaza Mayo, se preguntaban cómo serían censados nuestros desaparecidos. La otra solicitada, presentada juntamente con todos los organismos de Derechos Humanos, y con el peso histórico que implicaba estar nada más que a días de las elecciones que finalmente llevarían a Alfonsín a la presidencia de la Nación, instaba a preguntarse cómo y dónde votarían los desaparecidos, cuya lista, construida por los organismos, poblaba ocho páginas del Diario Clarín. Finalmente, una vez creada la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas), Familiares se opuso a que la misma estuviese integrada sólo por personalidades relevantes, proponiendo la formación de una Comisión Investigadora Bicameral con atribuciones más amplias. A pesar de no prosperar la propuesta de mayor amplitud institucional, Familiares mantuvo reuniones con la CONADEP, apoyando críticamente los avances logrados y realizando aportes para la investigación, como lo hicieron otros organismos de Derechos humanos. Sobreponiéndose a las leyes alfonsinistas de impunidad y a los indultos posteriores al Pacto de Olivos, sigue la lucha de Familiares, sin claudicaciones.

 Las Madres de Plaza de Mayo, al igual que los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, se constituyen como grupo a partir del encuentro en los lugares en los que se suponía que podrían obtener información sobre los hijos/as que buscaban. Comienzan a organizarse cuando catorce madres intentan entrevistarse con el ministro del Interior, Gral. Albano Harguindeguy, el sábado 30 de abril de 1977. Ante la desolación que implicó acercarse a Casa de Gobierno un día no laborable, volvieron al jueves siguiente, obteniendo como única respuesta la humillación de los funcionarios de la dictadura militar. Se sucedieron las marchas a la Plaza de Mayo, cada jueves, sin obtener respuesta, pero cada semana se incrementaba tanto el número de madres de desaparecidos como su trascendencia internacional. Tiempo después recordarán que “fueron ellos (los integrantes de las fuerzas represivas) los que organizaron nuestra vuelta a la Plaza. Nos gritaban: ¡circulen! ¡circulen! Teníamos miedo, nos movíamos en tropel, de dos en dos. Nos tomábamos de a dos de las manos y empezábamos a girar en torno de la Pirámide”5. En 1986 se produce una división en la organización de Madres, debido a criterios políticos opuestos en cuanto a la metodología de lucha. Los dos grupos resultantes de esa escisión, Asociación Madres de Plaza de Mayo y  Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, concurren a la Plaza todos los jueves, reclamando Verdad y Justicia.

  La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo nació, en octubre de 1977, como el movimiento de Abuelas argentinas con nietitos desaparecidos, orientando su acción en la búsqueda de niños desaparecidos bajo la dictadura militar. La localización y restitución a sus legítimas familias de todos los niños secuestrados / desaparecidos por la represión es la finalidad de esta organización no gubernamental. La comprobación de los secuestros de niños y de jóvenes embarazadas, así como el funcionamiento de maternidades clandestinas y de partos asistidos en los centros clandestinos de detención, han terminado de convencer a la opinión pública de que la sistemática apropiación de menores por parte de los militares y sus cómplices no era producto de la exageración de un puñado de mujeres en tiempos del ‘no te metás’. La incansable lucha de la Abuelas incluyó presentaciones ante los juzgados de menores, visitas a orfelinatos u hospitales de niños ( vgr., Casa Cuna), y procedimientos detectivescos e investigaciones de las adopciones tramitadas durante el gobierno militar. A través de reclamos y denuncias ante las autoridades gubernamentales en las jurisdicciones nacional e internacional, de presentaciones ante la Justicia, de actividades de concientización dirigidas al pueblo argentino, y de las mencionadas pesquisas o investigaciones  personales, las Abuelas han logrado la localización de 77 niños desaparecidos. La asociación cuenta con equipos técnicos que se encargan de diversos aspectos, tales como la investigación genética, el asesoramiento legal, y la atención médica y psicológica de las personas que se acercan en busca de información. Se han atendido y se siguen atendiendo a jóvenes que espontáneamente se acercan a Abuelas movidos por íntimas dudas respecto de  su identidad. Así, a cada joven que llega a la institución se le brinda la posibilidad de iniciar la búsqueda sobre sus orígenes de manera reservada. “Esta es una búsqueda que no nos resulta fácil –refieren las Abuelas desde su página de internet-, ya que la mayoría de la documentación que traen los jóvenes es falsa; es por ello que, a través de la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad), dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se hace posible que esa búsqueda se concretice y que mediante la misma sea factible solicitar documentación a los distintos lugares en donde intervinieron, para la inscripción de los bebés y, si es necesario, ordenar los análisis de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital (público) Durand en forma gratuita”.

     Por otra parte, la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) surge en 1994 a partir de un encuentro de hijos de desaparecidos en Río Cevallos, Córdoba. El encuentro tenía como objetivos conocerse e intercambiar y compartir experiencias. A partir de allí surge la idea de formar una organización que nuclea a los hijos de desaparecidos de todo el país, y que diera cuenta, en su formación, de los denominados ‘cuatro orígenes’: hijos de exiliados, hijos de presos políticos, hijos de asesinados e hijos de desaparecidos. En los sucesivos encuentros a nivel nacional se llega al acuerdo de los puntos básicos a partir de los cuales trabaja la agrupación: juicio y castigo a los genocidas, sus cómplices, beneficiados e instigadores; restitución de la identidad de los hermanos apropiados; reivindicación de la lucha de los padres; desmantelamiento del aparato represivo; libertad a todos los presos políticos y reconstrucción de los lazos solidarios destruidos por la dictadura.

     El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) se  constituyó a finales del año 1979. Su fundación respondió a la necesidad de encarar acciones rápidas y decisivas para detener las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, documentar el terrorismo de Estado y proporcionar ayuda legal y asistencia a los familiares de las víctimas, especialmente en el caso de detenidos–desaparecidos.

     El CELS está formado por un equipo de trabajo interdisciplinario cuyas actividades prioritarias son: el litigio de causas judiciales ante instancias locales e internacionales, la investigación y la construcción de herramientas para el control y monitoreo de la sociedad civil sobre las instituciones públicas, y la capacitación de organizaciones sociales, operadores jurídicos, miembros de la comunidad judicial e instituciones estatales.

    El EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) es una organización científica no gubernamental que aplica las ciencias forenses (principalmente la antropología y arqueología forenses) a la investigación de violaciones de derechos humanos. El equipo se fundó en argentina en 1984 para investigar los casos de desaparición forzada de personas durante la dictadura militar de 1976. Aplicando la antropología forense y otras ciencias relacionadas, el EAAF intenta recuperar e identificar los restos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, restituirlos a sus familiares y brindar a la justicia y a las comisiones investigadoras los resultados del trabajo forense.

     Un principio fundamental para el equipo ha sido respetar los deseos de los familiares de las víctimas, trabajando muy cerca de ellos durante todos los pasos de la exhumación y durante el proceso de identificación. Específicamente, los objetivos del EAAF son: aplicar las ciencias forenses a la investigación y documentación de violaciones de derechos humanos; proveer esta evidencia en los procesos penales; asistir a los familiares de las víctimas en su derecho a la recuperación de los restos de sus seres queridos ‘desaparecidos’; colaborar con el entrenamiento de nuevos equipos en otros países y contribuir a la reconstrucción histórica del pasado reciente*.

      El Centro Angelelli, de Florencio Varela, se creó en el año 1996; y en Febrero de 2004 se formó la ‘Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia’, a partir de un convenio firmado con la APDH de La Plata, en el barrio Agustín Ramírez. Las funciones de esta Comisión van desde la reivindicación de la lucha política de los desaparecidos y la investigación de quiénes han sido las víctimas de la dictadura en Florencio Varela, hasta la búsqueda de sus familiares y de los sobrevivientes para finalmente contactarlos con la APDH y demás organismos de derechos humanos, ofreciéndoles la posibilidad de declarar en los Juicios por la Verdad, o tramitar las indemnizaciones correspondientes.

     Durante el año 2004 declararon nueve familiares de Varela en los Juicios por la Verdad, y otros cuatro solicitaron declarar y están a la espera de ser citados;  se tramitaron doce indemnizaciones y se logró reunir a familiares de veinticuatro víctimas de la dictadura, un hecho sin precedentes en el distrito. También se realiza, desde el año 2003, en el aniversario del Golpe de Estado, un acto en la céntrica calle Monteagudo, en el que participan diferentes agrupaciones sociales.

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