Gauna: no había “área restringida” y los detenidos “nunca se quejaban”
El policía Ceferino Gauna dijo que no tenía el apodo de “el Correntino”, que no había “área restringida” y los detenidos “nunca se quejaban” en contraposición con lo que dijeron dos ex colegas suyos. Además, declaró un ex detenido que estuvo cinco años preso. Y un ex policía negó haber sido condecorado en la época de la represión ilegal.
Por Vanina Wiman, Lucas Miguel y Francisco Martínez (Secretaría de Prensa)
LA PLATA.- El policía Ceferino Gauna negó ante la Cámara Federal tener el apodo “el Correntino”, contradiciendo a varios de sus ex colegas, y afirmó que no existió un “área restringida” en la comisaría 5° de La Plata, en donde funcionó un centro clandestino de detención.
Gauna se desempeñó como cabo de guardia en la 5° entre 1973 y 1986, y fue señalado por sus ex compañeros como «el Correntino». Al respecto, el testigo negó tener un apodo, y dijo que “a mí me llamaban por mi apellido, a lo mejor me decían ‘che, Corrientes’, pero éramos como cuatro o cinco correntinos”.
No fue este el único punto en el que la declaración de Gauna se contradijo con anteriores testimonios de policías de la 5°. El testigo negó rotundamente que existiera un “área restringida” controlada por el Ejército en los fondos de la dependencia.
“Se podía circular libremente, por ahí caminábamos todos, no había problema”, dijo, y agregó que “se podía andar por el patio, y las puertas de los calabozos estaban abiertas”.
Sobre la existencia de detenidos ilegales en la 5°, Gauna también respondió negativamente. Aseguró que sólo había presos comunes que “estaban conformes aparentemente, nunca se quejaban”. El testigo indicó que tampoco escuchó gritos o tormentos de ningún tipo, y que no había detenidas mujeres, excepto “unas que trajeron una vez de los cabarets”.
La existencia de “detenidos comunes” en la dependencia que fue sede de un centro clandestino durante la dictadura, fue negada por la mayoría de los policías que declararon ante la Cámara.
A lo largo de su declaración, Gauna repitió que en la dependencia “no había otra autoridad que no fuera policial”, y que el comisario Osvaldo Sertorio “tenía el control de la comisaría”. Sin embargo, hacia el final de la audiencia, Gauna concedió que al edificio “entraban militares, pero entraban y salían”.
Entre las personas que trabajaron junto a él en la dependencia, el testigo mencionó a los comisarios Sertorio y Oscar Alfredo Díaz, y a Luis Patrault, de quien afirmó que era conocido con el apodo de «el Tío».
También dijo que (el jefe de policía, Ramón) “Camps llegó más de una vez, y hablaba con el comisario”. Además, dijo que “Monseñor (Antonio) Plaza estuvo también, no sé qué vino a hacer pero estuvo. No sé si vino a hacer una denuncia o qué”.
Gauna contó que en un momento hubo un sacerdote detenido en la 5°: “Estuvo meses ahí, y cuando lo venían a visitar, se llenaba la comisaría de sacerdotes, aparentemente lo querían mucho”. Según el testigo, el cura —de aproximadamente 50 años— se habría “robado una biblioteca del Seminario”, y por esa razón estaba detenido.
Al ser indagado sobre la participación de personal de la dependencia en procedimientos contra la “subversión”, Gauna dijo que “la 5° no tuvo nada que ver con eso”.
Cinco años detenido
En la jornada de hoy también declaró Horacio René Matoso, un médico que estuvo detenido ilegalmente desde el 8 de octubre de 1976 hasta noviembre de 1981.
Durante estos cinco años Matoso pasó por tres centros clandestinos, una comisaría y dos unidades penales. En primer término fue llevado, casi con seguridad, al centro que funcionó en el Destacamento policial de Arana. El testigo estaba vendado, pero por referencias posteriores a su detención supo que ese es el lugar.
Matoso estuvo en Arana alrededor de cinco días, durante los que fue interrogado y torturado, y sometido, presuntamente, a un simulacro de fusilamiento. “Sacaron a las personas de la celda a un descampado. Decían (los represores): ‘Preparen armas...’, y dio la sensación de un simulacro de fusilamiento”, contó el ex detenido.
El 13 de octubre Matoso fue llevado a otro centro clandestino que podría ser el conocido como “Puesto Vasco”, en Don Bosco (Gran Buenos Aires). El testigo contó que allí los guardias torturaron a un detenido de nacionalidad peruana, que tenía un brazo enyesado, porque la Selección Argentina de Fútbol había perdido un partido con su par de Perú.
La detención en “Puesto Vasco” se prolongó hasta el 30 de octubre de 1976. Ese día, Matoso y otro grupo de prisioneros fueron llevados a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda, también llamada “el infierno” por los guardias de la Policía bonaerense, según reveló el testigo.
Recordó que en este lugar a los detenidos se les ordenaba desvestirse y que permanecían todo el tiempo semidesnudos.
Matoso, asimismo, contó que en la Brigada estaba detenido un militante montonero apodado “el colorado”, quien un día fue llevado al centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la Capital Federal. “Volvió con las manos quemadas; dijo que lo habían quemado con un soplete”, afirmó. También recordó la muerte de un detenido apodado “chiche”, que estaba recién operado de apendicitis y murió de un ataque.
En la Brigada de Avellaneda, reveló Matoso, los guardias sacaban a los prisioneros, los higienizaban, les daban ropa, y les decían que los iban a llevar a declarar ante un juez. “Nosotros nos lo creíamos”, sostuvo. Pero un día, una compañera de cautiverio, que llevaba la cuenta de los jornadas presa, advirtió que uno de esos traslados se efectuó un domingo, y así se dieron cuenta que nunca iban a ir a hablar con un magistrado.
Esa es una historia conocida en este Juicio. Según el relato de otros testigos, los detenidos eran “acondicionados” físicamente —debido al deterioro sufrido por las torturas— para que después aparecieran sus cuerpos en la vía pública como víctimas de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
La situación de detención en Avellaneda era extrema. Durante los dos meses que estuvo, Matoso y los demás casi no comieron y apenas tomaron agua. “Bajé alrededor de 25 kilos. Nos pasaban los zapatos con agua por una puertita que tenía la celda”, afirmó.
El 31 de diciembre de 1976 Matoso sufrió el tercer traslado, a la comisaría 3° de Valentín Alsina (Gran Buenos Aires). Allí su situación se regularizó y comenzó a tener visitas de sus familiares. Fue el paso previo a la legalización y a la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El ex detenido aseguró que la dependencia estaba a cargo del subcomisario Juan Carlos Duba.
No obstante el cambio que significó la comisaría, “se escuchaba que torturaban a presos comunes”, indicó Matoso.
En Valentín Alsina estuvo alrededor de tres meses y luego fue trasladado a la Unidad Penal N°9 de La Plata, donde estuvo hasta 1979. Este año fue llevado a la Cárcel de Caseros, donde permaneció hasta 1980, cuando fue devuelto a la Unidad 9.
Matoso recuperó la libertad en noviembre de 1981, en un régimen “vigilado” que duró casi un año. Hoy recordó que en el servicio penitenciario “había un sistema de tortura psíquica, permanente, y física: Cuando nos ponían en un calabozo de penitencia, nos desnudaban, nos pegaban y nos metían debajo de las duchas de agua fría”, denunció el médico. Recordó que entre los oficiales que lo sometieron a estos vejámenes estaba uno de apellido Fernández, alias “Palito Ortega”, y personal o estudiantes del Servicio Penitenciario.
El juez Julio Reboredo sacó durante la audiencia una de las fichas del archivo que había confeccionado durante la última dictadura el secretario del vicario castrense, Emilio Grasselli, con los datos de familiares de desaparecidos que iban a preguntar a la parroquia Stella Maris por sus seres queridos. En ese documento, secuestrado por la Cámara Federal el año pasado, el cura había anotado la visita del padre de Horacio Matoso a la parroquia y el envío de una carta con una respuesta. Horacio tenía hoy en su poder la misiva, fechada el 20 de julio de 1977, en la que el sacerdote le informa a su padre que “su hijo no se encuentra detenido en ningún establecimiento policial o del Ejército”.
El ex detenido señaló ante los jueces que “en ese momento yo ya estaba a disposición del Poder Ejecutivo”, preso en la Unidad 9.
Condecorado y no lo sabía
Otro policía que declaró fue Vicente Cayetano Langoni, quien negó haber sido condecorado en la época de la represión ilegal, a pesar de que eso afirma su legajo.
En el documento que los jueces le leyeron se indica que el 30 de noviembre de 1976, Langoni fue premiado por “mérito extraordinario” en servicio, al haber “eliminado de la sociedad elementos extremadamente peligrosos para beneficio de la misma y prestigio de la institución (policial)”.
Esta condecoración llegó apenas seis días después de que se produjera el ataque a la casa de Daniel Mariani y Diana Teruggi, en donde desapareció la hija de éstos, Clara Anahí. Sin embargo, el policía negó tener vinculación con ese hecho.
Según el legajo, Langoni también recibió la “Orden San Miguel Arcángel” el 22 de diciembre del mismo año, por “actos destacados de servicio”.
El ex policía negó saber que había recibido esas menciones: “Jamás se me ha notificado de premio o nada”. Aseguró que sus funciones en la Policía no tenían que ver con la represión, y que él entró a la institución “para ser mecánico”.
La única función que Langoni admitió haber desempeñado que tenga que ver con centros clandestinos fue el envío de comida al Destacamento de Arana. El ex policía dijo que allí “decían que había detenidos políticos” pero aclaró que él no tuvo contacto con ellos. “Yo sólo llevaba la comida y la dejaba en la guardia”, afirmó.
Policía de la Brigada
En tanto, también declaró el ex policía Alfredo Fonseca, quien afirmó que trabajó en la Brigada de Investigaciones entre los años 1976 y 1980. Pero dijo que su función era meramente administrativa, en el extraño horario de 20 a 8 de la mañana.
El ex policía aseguró que no supo de la existencia de detenidos ilegales en ese lugar, que era el primer destino de muchos secuestrados en La Plata y su zona de influencia. Señaló que allí había “detenidos por contravenciones como infracción a la ley de juego”.
Cuando el juez Reboredo le señaló que “cuesta entender que una persona que trabajase en la Brigada no se enterase de lo que pasaba”, Fonseca contestó: “Yo tenía jerarquía de agente, lo mío era limitado a mi oficina. Yo no hacía guardia”.
Aseguró además que vio “una sola vez” la presencia de militares que actuaron “como para proceder a un allanamiento, apuntándonos a todos”.
En otro tramo de su declaración los jueces le preguntaron por su empleo, en la misma época, en el Cementerio de La Plata. El Tribunal contaba con certificados de inhumaciones de cuerpos NN firmados por él.
Fonseca dijo que su función en la necrópolis era de “cajero”, pero igualmente reconoció haber firmado estos certificados, “que provenían del Registro Civil”, aclaró.
Audiencia reservada
En tanto, una testigo citada por la Cámara pidió prestar declaración en forma reservada. Se trata de Liliana Barone, quien testimonió por su propio secuestro y por la desaparición de su hermano Gerardo.
Liliana Barone sufrió dos detenciones ilegales. La primera se prolongó del 25 al 30 de mayo de 1978. Barone fue secuestrada en Morón y estuvo detenida en algún lugar de la provincia de Buenos Aires que no pudo identificar.
La testigo manifestó que durante su cautiverio sufrió torturas, y que tuvo contacto con un represor al que llamaban «Turco». Más adelante, reconoció por fotos que se trataba del «Turco Julián», apodo con el que era conocido Julio Simón. También recuerda a «El Tano», uno de los colaboradores del represor.
Mientras estuvo detenida ilegalmente, Barone fue interrogada acerca de su hermano Gerardo. Fue liberada el 30 de mayo, para ser nuevamente secuestrada el 7 de julio en La Plata. Estuvo detenida unos días en la Brigada de Investigaciones, y después fue trasladada a la comisaría 5°. Allí mantuvo conversaciones con Héctor Baratti, quien actualmente permanece desaparecido al igual que su esposa, Elena De la Cuadra.
La testigo señaló que luego de ser liberada por segunda vez se enteró de que su hermano habría sido secuestrado también el 7 de julio de 1978, en la ciudad de Mar del Plata, según datos de la CONADEP. Ese día, la familia había recibido un llamado telefónico de Gerardo, en el que avisaba que se encontraba bien. Sin embargo, existen otros listados en los que figura el 7 de junio como fecha de la desaparición del hermano de la ex detenida.
En diciembre de 1997, el Equipo Argentino de Antropología Forense le informó a la familia Barone que tenía en su poder un cuerpo que podría ser el de Gerardo, pero ellos se negaron a identificarlo.
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