Miércoles 16 de Agosto de 2000 

Informe de Prensa de la APDH La Plata - Juicio por la Verdad

Secuestraron a su padre y les robaron sus bienes
El hijo de un desaparecido contó la trágica historia de la familia Ardeti, que incluyó la apropiación extorsiva de un local y de un auto. Además, se trató el caso de un abogado secuestrado y asesinado después de salir de una cárcel. 
Suárez Mason exigió a una prisionera que no se fuera del país. Le ocurrió a una ex detenida que sufrió las más terribles vejaciones durante su detención ilegal. El ex jefe del I Cuerpo de Ejército le dijo que si se iba, era porque "la patria la echaba". Además, el juez Schiffrin dijo que se llevará a declarar "por la fuerza pública" a los policías citados que no concurran y que la Cámara llamará a militares si la investigación lo requiere.

Por Francisco Martínez, Vanina Wiman y Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)

LA PLATA.- El hijo de un desaparecido aportó hoy datos sobre la identidad de los secuestradores de su padre, y de la apropiación extorsiva de un inmueble y de un automóvil pertenecientes a la familia.

Marcelo Ardeti, hijo de Néstor Enrique Ardeti, quien se encuentra desaparecido desde el 6 de agosto de 1978, identificó al capitán Carlos Octavio Capdevila, entre otros, como perteneciente al grupo de tareas que secuestró a su padre. 

Néstor Ardeti salió de su casa en la mañana del 6 de agosto de 1978 para ir a trabajar en su local de electricidad en Florencio Varela, según declaró su hijo ante la Cámara Federal. A la tarde, como no había regresado, Marcelo —que en ese momento tenía 13 años— fue con un amigo, José Orbaiceta, a buscar a su padre. 

El testigo relató que en el local se encontraron con uno de los encargados del establecimiento, de apellido Villanueva. “Nos contó que a la tarde habían llegado tres hombres que dijeron ser de la Municipalidad, y que venían a investigar algunas irregularidades”, afirmó Ardeti. “Él vio cómo se llevaban a mi padre”. 

“Villanueva fue a la Municipalidad, y no pasó nada, y después fue a una comisaría a preguntar si sabían algo. Allí un policía le dijo que no averiguara más, porque había habido un grupo de tareas trabajando en la zona y la mano venía pesada”, señaló el testigo. 

Cuando Marcelo Ardeti y su amigo se encontraban en el local, apareció de casualidad un allegado a su padre, Rubén “Pocho” Palazeci. “Le contamos todo y se fue a llamar por teléfono a Raimundo Villaflor, el socio de mi papá”, expresó el testigo y agregó: “Lo atendió alguien que no conocía, y además se dio cuenta de que el teléfono estaba intervenido”. 

El día posterior al secuestro de Néstor, un grupo de 7 u 8 personas llegó a la casa de Orbaiceta. Allí se encontraban José, su familia, su amigo Marcelo Ardeti, la madre y el hermano de éste. 

El testigo contó que “revolvieron toda la casa y preguntaron quién era Consuelo Orellano, que es mi madre. Se la llevaron al patio y vi cómo la interrogaban. Le pegaron una piña y le sacaron un diente”. Antes de secuestrarla, le robaron una gran cantidad de dinero. 

Marcelo Ardeti afirmó que entre las personas que participaron en ese operativo se encontraban tres que se hacían llamar “el Gordo Daniel”, “Jerónimo” y “el Jefe”. Y aseguró que gracias al testimonio de un ex detenido, Víctor Basterra, “y a unas fotos que obtuvo de la ESMA”, pudo identificar al primero como un prefecto de apellido Fabre, al segundo como Enrique Peyón y al tercero como Adolfo Miguel Donda. “Son todos del grupo de tareas N° 3 de la ESMA, que estaban operando en La Plata”, expresó Ardeti. 

Luego explicó lo que su madre le pudo contar: “La llevaron a nuestra casa, en 46 número 1827, y había estacionados como 20 autos. Cuando la metieron adentro, vio a un hombre que después identificó como Capdevila”. 

Allí se encontraba Néstor: “Mi madre dijo que se lo veía muy golpeado, apenas podía abrir los ojos y estaba todo mojado”, relató Marcelo. 

“Los vecinos me comentaron que los secuestradores estuvieron varios días viviendo en nuestra casa, se llevaron todo”, expresó Marcelo Ardeti. “Sacaban cosas envueltas en frazadas. Decían que era armamento, pero una vez se les cayeron las cosas y eran salamines y embutidos que teníamos guardados”, añadió 

“El hombre que mi mamá identificó como Capdevila le dijo que se tenían que llevar a mi padre, que no se preocupara y que se quedara con su familia”, declaró el hijo del desaparecido. Después, los represores que se encontraban en el domicilio de los Ardeti volvieron a la casa de José, pusieron a todos contra la pared, hicieron un simulacro de fusilamiento y se fueron, llevándose a Néstor en uno de los autos. 

Marcelo Ardeti expresó que se volvió a encontrar al día siguiente con el amigo de su padre, Ruben Palazeci, y que éste le dijo que había ido a la casa de los padres de Raimundo Villaflor, el socio del desaparecido. “Ellos le contaron que unos días antes se lo habían llevado unos hombres mientras trataba de irse en su camioneta con su esposa y sus hijas”. El tres de agosto también había sido secuestrada Josefina Villaflor, hermana de Raimundo, junto a su marido. 

Palazeci fue secuestrado junto a su esposa unos días después en la ciudad de Córdoba. Ardeti se enteró años después que lo torturaron hasta matarlo y que después “metieron su cuerpo en un auto y colocaron una bomba”. 

El testigo declaró además que el mismo 7 de agosto él y Consuelo Orellano acudieron a un abogado para realizar un hábeas corpus: “Nos atendió enseguida porque mi mamá entró con la cara sangrando”. 

En total, se tramitaron tres hábeas corpus por la desaparición de Néstor Ardeti. Todos tuvieron resultado negativo. 

“El 24 de octubre, el día del cumpleaños de mi padre, recibimos una llamada a la casa de mi tía. Atendió mi mamá y alguien le dijo que iba a hablar con su marido”, afirmó Marcelo. “Mi papá le dijo que nos quería mucho, que nos extrañaba y que no nos preocupáramos”. A partir de ese día, hubo una sucesión de llamadas, pero nunca pudieron obtener datos sobre el lugar de detención de Néstor. 

Ardeti testimonió que el 26 de enero los volvieron a llamar y les avisaron que iban a llevar a su padre a la casa de la calle 46. Allí Consuelo Orellano volvió a encontrarse con su marido, quien estaba acompañado por una persona que se hacía llamar “teniente Marcelo”, y que más adelante Marcelo Ardeti pudo identificar como Miguel Ángel Cavallo. 

“Mi madre me contó que estaba muy flaco y que le faltaban los dientes. En ese momento mi papá le dijo que estaba en la ESMA”, señaló. 

El testigo explicó que el “teniente Marcelo” le dijo a su madre “que a partir de ahí los iban a llamar todos los miércoles, que mi papá iba a recuperar la libertad paulatinamente. Por supuesto, no pasó así”. 

En febrero alguien llamó a Consuelo Orellano para que tramitara unos poderes para su marido, por el auto y el local de electricidad, y que ellos los iban a pasar a un buscar. Tiempo después, Marcelo Ardeti se enteró que realizaron una cadena de ventas, y que el primero que compró el local fue un jardinero de apellido Barrionuevo, cuyo testimonio está en el legajo de la CONADEP sobre este mismo caso. 

A mediados de marzo, la familia recibió el último llamado de Néstor Ardeti: “Habló como despidiéndose, nos decía que nos quería mucho. Habló conmigo, mi mamá no alcanzó a hablar con él”, contó el hijo del desaparecido. 

También a partir del testimonio del ex detenido Víctor Basterra, Ardeti tuvo más datos sobre su padre: “En la ESMA lo vio él y otra persona de apellido Barros, al que le dicen ‘Anteojito’. A fines de 1980, Basterra vio que se llevaron a todo un grupo, entre los que estaban mi padre y Josefina Villaflor. Supongo que ahí fue cuando lo mataron”. 

Al finalizar su testimonio, Marcelo Ardeti se dirigió a los jueces: “He venido a algunas de estas audiencias, escuché otros testimonios y a la policía diciendo que nunca recuerda nada. Yo no perdí la memoria. Mi padre es culpable. Es culpable de amar la vida, de luchar, de combatir a los cipayos. El no se rindió y no fue vencido”. Y concluyó: “Está en las manos de ustedes y sus pares que se pueda encontrar a los asesinos y rescribir la historia”.




“A la noche sale” 

La Cámara Federal de esta ciudad trató también hoy el caso del abogado Juan Carlos Deghi, asesinado días después de salir en libertad de la Unidad Penal N°9 de La Plata, en marzo de 1978. 

Deghi, un político conocido en la ciudad de Zárate de donde era oriundo (norte de la provincia de Buenos Aires), permaneció desde abril de 1976 a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, luego de sufrir una serie de persecuciones. Su hija, Elena Deghi, fue la primer testigo que habló sobre este caso. 

El cuerpo de Deghi fue encontrado en el kilómetro 20 de la ruta provincial 36, dos días después de haber sido secuestrado a 200 metros de la Unidad 9. Tenía dos balazos y panfletos que atribuían falsamente la acción a Montoneros. 

La historia comenzó en 1975, cuando el domicilio del abogado fue allanado. “Yo tenía once años —dijo Elena Deghi— y, frente a mí, tres personas jugaban a ver dónde me iban a disparar”. 

En noviembre de ese año, un grupo de uniformados del Ejército secuestró su padre por una semana. Esa vez lo llevaron a una isla del Delta a torturarlo. También le hicieron un “consejo de guerra”, en el que Deghi reconoció la voz de un coronel de apellido Cases, que había estado en una reunión que el abogado organizó antes de que comenzara a ser perseguido. 

El 24 de marzo de 1976 hubo un nuevo allanamiento a su domicilio, y una semana después Deghi decidió “entregarse” en la Prefectura de Zárate, ante las adversas circunstancias políticas del país. 

La familia se enteró que lo habían llevado al penal de Sierra Chica (Azul) y que luego fue a la Unidad 9, en calle 76 entre 9 y 10 de esta capital. Pero antes de pasar por estas cárceles, Deghi estuvo en un centro clandestino que funcionaba en una refinería de Campana, según reveló su hija ante la Cámara. 

“Sé que estuvo en «El Tolueno», que era una refinería de tolueno de (la empresa) Esso”, dijo la testigo, y en otro tramo de su testimonio agregó: “Allí los tenían atados con alambre en los piletones”. 

También dijo que a cargo de ese centro estaba un coronel de apellido Muñoz, jefe del área 400, en el norte de la provincia de Buenos Aires. “De Escobar a San Pedro se la llamaba en el Ejército «La zona roja del Paraná». Estaban muy organizados. Había muchos de esa zona con mi padre en Sierra Chica”, declaró Elena Deghi. 

En marzo de 1978, se publicaron listas de personas que estaban a disposición del PEN y que iban a ser liberadas. Entre ellas estaba Juan Carlos Deghi, pero su libertad no se hizo efectiva hasta varios días después. 

El 21 de marzo, la esposa del abogado fue a la cárcel, como hacía ya varios días, a ver qué pasaba. “A la noche sale”, le dijeron ese día. 

A las 23, Deghi salió de la cárcel junto a su esposa, por donde le indicaron los guardias. A 200 metros de la puerta, un grupo de diez personas secuestró al abogado y a su mujer, que fue liberada horas después pero sin saber en donde estuvo, ya que permaneció encapuchada y esposada a una cama. 

Ana Adrogué, una mujer que ayudó a la esposa de Deghi en la búsqueda de su marido, declaró hoy que durante esa breve detención alguien dijo que “no la maten, porque tiene tres hijos”. 

El cuerpo de Juan Carlos Deghí apareció a las 48 horas, en la ruta 36. Tenía un balazo en la cabeza y otro en el pecho, y a su alrededor volantes esparcidos que decían: “Muerto por traidor y delator de compañeros. Montoneros”. 

La falsedad de este dato queda demostrada, si se advierten las circunstancias del secuestro de Deghi luego de salir de la Unidad 9. “Mi madre esperaba desde la cuatro de la tarde y con sarcasmo le preguntaban si era la viuda de Deghi”, contó la hija de la víctima durante su testimonio. 

En la audiencia también se leyó una ficha de inteligencia de la policía provincial, hecha sobre la militancia política de Deghi y secuestrada por la Cámara del archivo de la ex DIPBA. Allí dice que la Policía Federal pidió “zona liberada” en el lugar donde apareció el cuerpo del abogado.




“Me preguntaba por qué me quería ir del país"

En el marco de las audiencias del Juicio por la Verdad, una ex detenida involucró hoy al ex jefe del I Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason, con el interrogatorio a detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar. 

Lidia Biscarte estuvo desaparecida durante diez meses, entre el 27 de marzo de 1978 y el 6 de enero de 1979. En el último tramo de su detención ilegal fue llevada en silla de ruedas —no podía caminar por las torturas que había sufrido— y encapuchada hasta el I Cuerpo de Ejército, donde Suárez Mason la interrogó sobre sus intenciones de irse del país. Unos días antes, Biscarte había firmado un formulario en la Unidad Penal de Devoto por el que expresaba sus intenciones de salir del país. “Todos los que estábamos allí lo llenamos, yo creía me estaban tomando el pelo”, dijo la ex detenida. 

Según la mujer, el general Suárez Mason estaba visiblemente molesto por la solicitud. “Me preguntaba por qué me quería ir del país y si la ‘organización’ me pagaba el viaje”, agregó Biscarte. El militar le dijo que la iban a mandar a Francia y le advirtió: “Usted no vuelve más, la patria la echa porque no la quiere más”. De inmediato, la interrogó: “¿Cuando los periodistas le pregunten por qué está en esa silla de ruedas, usted qué va a decir?”. La mujer le contestó: “Porque me torturaron”. 

Biscarte contó hoy que no sabe “para qué” le respondió eso, y afirmó que Suárez Mason la acusó de no querer “a la patria”. “Me dijo que si me iba no veía más a mis hijos y me hizo elegir. Creo que dije que me quedaba, y me hizo firmar un papel. Me dijo: ‘En seis meses, cuando pueda caminar, sale libre. A los seis meses justos, salí”, aseguró la mujer. 

Pero el calvario de Biscarte había comenzado en marzo del ’78, en Zárate, cuando un grupo de operaciones integrado por personal del Ejército y la Marina la secuestró en su domicilio de esa localidad, al noreste de la provincia de Buenos Aires. El primer destino de su detención fue la comisaría local, y siguió en el edificio de la Prefectura Naval, ubicado a una cuadra y media de su casa. Allí estuvo el primer día de los diez meses. 

El segundo traslado fue en el baúl de un auto al Arsenal Naval de Zárate, donde en un descampado, junto a otros detenidos, la estaquearon “de pies y manos, con las manos y pies abiertos, atados a postes; algunos con alambre y otros con soga”, según relató. Biscarte estaba vendada, pero pudo ver cuando un represor, al que identificó como “‘el topo’ Díaz, de inteligencia de Prefectura”, se le acercaba. Como el hombre advirtió que la mujer lo había visto, la desató y la llevó hasta la orilla del río. Allí esperaba una lancha que trasladaba grupos de detenidos hasta un barco. En la embarcación le ataron los pies y, junto a varios prisioneros más, la sumergieron en el agua. 

En ese descampado, donde había “miles” –tal fue el número que la mujer ratificó ante los jueces de la Cámara Federal- de detenidos “estaqueados”, Biscarti se encontró con el abogado Alfredo Deghi (ver nota 1), quien fuera muerto a balazos meses más tarde. 

El periplo de la ex detenida continuó en el Tiro Federal de la vecina localidad de Campana y, horas más tarde, en el Club Siderca, propiedad de la empresa homónima. En ese lugar, los detenidos estaban atados en “caracol”: “A la espalda, con los pies y las manos juntas”, describió Biscarti. 

Al poco tiempo, otro traslado: al centro clandestino conocido como “Pozo de Banfield”, al que describió como “una podredumbre”. La mujer recordó que allí pasaban los días y los represores no alimentaban a los detenidos. “Un compañero orinó, defecó, y yo tomé. Yo estaba sin dientes y con la boca destrozada. No sé si comí materia fecal”, afirmó la ex detenida, y estremeció a la sala de audiencias. 

Biscarti contó que en Banfield los represores les liberaban una mano a las mujeres y las obligaban a acariciarlos. Los guardias tenían apodos de animales: “Puma”, “Tigre”, “Yacaré”. Y había uno al que decían el “turco”. “Durante la tortura, el ‘Yacaré’ me sacó parte de los pezones. Después de las sesiones venía un médico y decía: ‘Dale que aguanta’”, afirmó. 

La testigo también sostuvo que en Banfield se escuchaban llantos de niños. “A mí me parece que había chicos a los que golpeaban para que sus padres hablaran, pero no sabíamos si eran nuestros hijos”, dijo Biscarti. 

“Después me tiraron a una pileta llena de cadáveres. Pasó un tiempo y escuché a un guardia que dijo: ‘Acá hay una viva’. Me sacaron y me llevaron a un lugar donde me colgaron un cartel con un número, de adelante y de atrás”, reveló. 

Al cabo de un tiempo que no pudo determinar, sufrió un nuevo traslado. Esta vez, a la comisaría de la localidad de Moreno, donde fue interrogada sobre una militancia política que no tenía. En la dependencia policial “nos arrimaban a los escapes de los camiones para que respiráramos el gas”, contó Biscarti. 

Días después, fue traslada con otros detenidos al Hospital Militar de Campo de Mayo. En este lugar el trato fue diferente. Siguió vendada, pero le permitieron lavarse y la alimentaron a diario. Estuvo allí cuatro días y recibió la visita de religiosas, que le regalaron un rosario y le dijeron que siguiera “rezando”. En el nosocomio también había una mujer que había dado a luz y reclamaba a su hijo recién nacido. “La mamá lloraba y le dijeron que se callara porque la iba a pasar mal”, contó la sobreviviente. En esos cuatro días estuvo con el abogado Deghi, con quien compartió una breve charla, junto a otros detenidos. Deghi formaba parte del mismo grupo de detenidos que Biscarti y había estado el Pozo de Banfield. 

La mujer pasó el final de su detención en las unidades penales de Olmos (cuatro meses) y Devoto. En esta última cárcel, la fue a visitar un delegado de la Cruz Roja, a raíz de un reclamo que hicieron sus familiares ante la entidad porque las autoridades del penal negaban tenerla detenida. 

El delegado le ofreció declarar lo que había vivido, pero “no me garantizaba la vida” después del testimonio, aseguró la mujer. No obstante, Biscarti decidió declarar. “Dije todo lo que había pasado y estuve 35 días arrestada en la celda de castigo” del penal de Devoto, agregó. Asimismo, médicos de la Cruz Roja la atendieron por su mal estado de salud —debido a las torturas— y le realizaron una operación en la vagina, uno de los lugares de su cuerpo donde tuvo que soportar la picana. 

Hace unos años Biscarti solicitó una copia de su testimonio en la Cruz Roja, pero allí le dijeron que la declaración estaba “en Ginebra” (Suiza) y que sólo podía pedirla el presidente de la Nación, en ese entonces Carlos Menem. Sólo le dieron constancia de que médicos de la entidad la habían atendido. 

Hoy, el juez Leopoldo Schiffrin anunció que la Cámara Federal librará un oficio para que sea remitida esa declaración al tribunal y anexada a la causa. 

La liberación de Biscarti llegó finalmente el 6 de enero de 1979. Dos días antes la habían trasladado de Devoto a “Coordinación Federal”, una dependencia policial. “Salí de allí y me hicieron caminar dos cuadras sin mirar para atrás. Entré en una mueblería. Dije que era presa política y que no tenía plata. El señor me pagó un taxi y me llevó a (la terminal de ómnibus de) Retiro”. Allí se subió a un colectivo que la devolvió a Zárate. 




“Por la fuerza pública” 

Por tercera vez consecutiva no concurrieron a brindar testimonio los policías de la comisaría 5° de La Plata citados por la Cámara Federal. Para hoy habían sido convocados Raúl Luciano Olivera, Raúl Pedro Muñoz y Adelmo Norberto Ricci, quienes formaron parte del personal de la dependencia durante la última dictadura militar. 

En las audiencias pasadas la Cámara había citado a otros policías, que tampoco concurrieron. Es decir, el tribunal enfrenta ausencias en masa. 

Consultado por esta Secretaría, el juez Leopoldo Schiffrin dijo que la Cámara ya realizó citaciones “bajo apercibimiento de multa a la primera incomparecencia”, y advirtió que “a la segunda, deberá (el policía) ser traído por la fuerza pública”. El magistrado calificó las ausencias como “sugestivas” porque “es la tercera audiencia que los policías no se presentan, teniendo en cuenta que no estamos citando policías que nunca citamos, sino que estamos repitiendo las citaciones” en algunos casos. No obstante, Schiffrin aclaró que el tribunal “revisará situación por situación para ver si todas las notificaciones (de citación) están debidamente practicadas”. 

- En este contexto de pronunciamientos públicos por parte del Ejército sobre los Juicios por la Verdad ¿la Cámara va a llamar a declarar a militares?- preguntó este cronista. 
- Nosotros no hemos variado de criterio. Hemos llamado a militares en muchas ocasiones y, si hay material contra otros, como bien puede suceder, lo seguiremos haciendo- respondió Schiffrin.