Miércoles 17 de Julio de 2002 

Informe de Prensa de la APDH La Plata - Juicio por la Verdad

 

 

Detienen a dos represores de la última dictadura
Los dos fueron compañeros en la Brigada de Investigaciones de La Plata y uno de ellos está en actividad. Los delitos son falso testimonio y privación ilegal de la libertad. Quedaron a disposición del juez Corazza. Un militar también fue acusado de falso testimonio.


Por L. Miguel, V. Wiman y F. Martínez (Secretaría de Prensa) 

 

LA PLATA (17jul02).- La Cámara Federal detuvo hoy a dos represores de la Brigada de Investigaciones de La Plata durante la última dictadura: el suboficial mayor de la bonaerense Enrique Aníbal Nilsson, en actividad, fue detenido por falso testimonio y el ex policía Santiago Antonini, acusado de privación ilegal de la libertad.

Nilsson, que actualmente revista en la Delegación Delitos Complejos y Narcocriminalidad de la ciudad de Mar del Plata, quedó detenido en la alcaidía de los tribunales federales y pasará la noche en la delegación local de la Policía Federal.

Lo mismo pasó con Antonini, suboficial retirado, a quien la Abuela María Isabel Chorobik de Mariani reconoció como uno de los represores que días después del secuestro de su nieta Clara Anahía ingresó a su casa y la mantuvo cautiva durante horas.

La detención de Nilsson se produjo a pedido del fiscal ad hoc Félix Crous, que se manifestó "humillado", tras haber acusado de falso testimonio esta misma tarde a un militar y al ex policía Antonini. "Esta fue una jornada humillante. Que nos dejen de tomar el pelo", pidió Crous a los jueces Leopoldo Schiffrin y Julio Reboredo.

El Tribunal entendió que el policía cometió falso testimonio al negar su participación en tres operativos de la represión ilegal por los que fue felicitado. Esos hechos fueron resaltados en su legajo.

El policía aseguró que "nunca" participó de los procedimientos y ensayó una explicación, que mantuvo durante más de una hora: "Las felicitaciones se hacían a todo el personal. Pero yo no participé. Ese día estuve de guardia en la Brigada".

Nilsson aludió así al ataque a la casa de la familia Mariani el 24 de noviembre de 1976, que precedió al secuestro de la beba Clara Anahí Mariani. Una de las felicitaciones fue por este hecho.

En ese entonces era cabo y prestaba funciones en la Brigada de Investigaciones de La Plata, sede del centro clandestino de detención "La Casita", donde dijo que sólo hacía "trabajos de guardia" y negó haber visto detenidos ilegales.

Preguntado y repreguntado, el hoy suboficial mayor dijo que las felicitaciones eran "de favor, como incentivo, y servían para lograr un ascenso". El tribunal pareció aceptar la tesis, que se cayó cuando la abogada de la Asociación Ex Detenidos, Mónica González Vivero, exhibió a los jueces el libro de "Felicitaciones y Ascensos" de la Policía.

En ese libro, que está anexado a la causa, figura un reconocimiento firmado por el entonces coronel Ramón Camps, para Nilsson, Antonini, José Antonio D' Amato, Vicente Oscar Trédicce y Hugo José Batillana. El episodio fue agregado al orden del día del 11 de octubre de 1978. El motivo de la felicitación: "detener a una gran cantidad de delincuentes, como así mismo abatir catorce malhechores masculinos y seis femeninos" el 15 de diciembre de 1977.

Nilsson escuchó y reiteró su tesis de las "felicitaciones como incentivo". Pero un ofuscado juez Schiffrin le contestó que con aquel documento quedaba "totalmente destruida su hipótesis", ya que comprueba que la congratulación se realizó individualmente a esos cinco policías, y le espetó que su declaración era "un ultraje al tribunal" y "una burla a la Justicia".

Como sucedió en otras oportunidades, Nilsson fue arrestado en la sala de audiencias por la Policía Federal y fue conducido a la alcaidía de tribunales, donde quedó a disposición del titular del juzgado federal N°3 Arnaldo Corazza. Esta misma tarde, el represor era conducido a la delegación local de la Policía Federal, donde pasará la noche.

Batillana, uno de los felicitados, declaró la semana pasada y zafó de una detención porque el tribunal tuvo otro parecer. El comisario retirado fue quien aportó los nombres de los otros cuatro policías, que fueron citados para hoy. D'Amato no compareció porque fue operado de cadera y alegó que no puede caminar, y Trédicce tampoco lo hizo porque viajó a Río Gallegos a visitar a su hijo, informó la secretaría del tribunal.

Según consta en su legajo, Nilsson tiene sumarios abiertos durante los años ochenta por apremios ilegales, abuso de armas y lesiones. También tiene una felicitación del hoy presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Osvaldo Mércuri, por su participación como custodio en un Congreso del Partido Justicialista.

Durante la audiencia, Nilsson también comentó que fue chofer del comisario fallecido Luis Héctor Vides, uno de los más temibles represores de La Plata.

Mañana, Nilsson no podrá presentarse a su trabajo en Delitos Complejos y Narcocriminalidad, en Mar del Plata. Y nunca más vestirá el uniforme azul si el ministro de Justicia y Seguridad, Juan Pablo Cafiero, cumple con su promesa de sacar de funciones a los policías que estuvieron en centros clandestinos.



Privación ilegal de la libertad

En tanto, Santiago Antonini fue arrestado por privación ilegal de la libertad cometida contra María Isabel Chorobik de Mariani en diciembre de 1976. La detención fue dispuesta por los jueces ignorando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Antonini declaró como testigo y, al término de su declaración la Abuela Chorobik de Mariani pidió prestar testimonio y afirmó que el ex policía participó en un allanamiento ilegal en su vivienda, ocurrido luego de la desaparición de su nieta.

"Quien acaba de declarar estuvo en mi casa con un grupo de hombres armados que me retuvo, me interrogó y revisó todo", recordó.

El episodio tuvo lugar a mediados de diciembre de 1976, pocas semanas después del operativo en el que desapareció su nieta Clara Anahí, el 24 de noviembre de 1976, en la calle 30 entre 55 y 56, y fue asesinada su nuera, Diana Teruggi.

"Después del ataque a la casa de mi hijo, fuerzas policiales y militares entraron a mi vivienda, en 44 entre 20 y 21, y destruyeron y robaron todo. Unos días después, yo estaba limpiando el lugar y vi un montón de hombres en el living", dijo Chorobik de Mariani, y contó que la patota, liderada por un hombre al que llamaban "Capitán", la retuvo en su casa y la interrogó.

La Abuela pidió declarar tras reconocer a Antonini cuando éste testimoniaba ante los jueces. El Tribunal accedió a su pedido y le exhibió las fotos del legajo del ex policía. "Es él. Lo reconozco", aseguró la testigo al ver una fotografía de Antonini tomada en 1978.

Y agregó: "Lo recuerdo bien porque todos eran muy corpulentos pero él era más bajo. Llevaba un rifle o una escopeta".

Entonces, intervino el fiscal Crous: "Creo que tenemos elementos suficientes para imputar el delito de privación ilegítima de la libertad al testigo (Santiago Antonini). Estando enmarcado este episodio en los actos del terrorismo de Estado, ni las leyes de impunidad ni la prescripción operan respecto de estos hechos".

Así, la Cámara resolvió denunciar penalmente al ex policía y arrestarlo, ya que consideró que "su participación en este episodio ha quedado establecida".

Antes de conocer el testimonio de Chorobik de Mariani y de ser esposado en la sala de audiencias, Antonini había negado haber participado en operativos represivos durante la última dictadura. El abogado Alejo Ramos Padilla -en representación de la Abuela- le preguntó puntualmente si había intervenido en el episodio en calle 44 entre 20 y 21, pero el ex policía respondió que no.

Asimismo, se lo interrogó sobre el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones, en 55 entre 13 y 14, en donde Antonini prestó servicios desde 1974 hasta 1994.

"En el pasillo había un cartel que decía «área restringida» y nosotros no podíamos acceder (a los calabozos)", se apresuró a decir Antonini. Y agregó: "Había otra gente. Venían vestidos de particular y un día se llamaban todos Juan, al día siguiente todos Pedro, al día siguiente, Roberto".

El ex policía no supo dar precisiones sobre la existencia de detenidos ilegales y parecía tener dificultades para describir y ubicarse en los planos del lugar en donde trabajó durante veinte años.

También dijo no saber nada sobre una felicitación que recibió por parte de la Jefatura de Policía en diciembre de 1977, en la que se menciona su contribución para "detener a una gran cantidad de delincuentes, como asimismo abatir catorce malhechores masculinos y seis femeninos".

Pese a que esa información consta en su legajo, Antonini dijo no recordar tal episodio. "¿Usted sugiere que lo inventaron en la Jefatura?", le preguntó el juez Leopoldo Schiffrin. "Puede ser", respondió tímidamente el testigo. También negó recordar que le hubieran otorgado la Orden de San Miguel de Arcángel, en diciembre de 1976. "La verdad que no entiendo por qué me dieron tanto premio", atinó a decir el ex policía.

La reticencia de Antonini para contestar las preguntas de los jueces y los abogados le valió un pedido de arresto por parte del fiscal Crous, quien le recordó al testigo que el delito de falso testimonio no sólo se refiere a quienes mienten sino a quienes callan la verdad. "Acá hubo una flagrante reticencia y solicito al Tribunal que disponga la detención del testigo".

Sin embargo, el posterior testimonio de María Isabel Chorobik de Mariani cambió las cosas, ya que dejó establecida la participación concreta de Antonini en el episodio sobre el cual había sido interrogado. Como el ex policía declaró en carácter de testigo en una causa en la que luego se determinó que estaba seriamente comprometido, el Tribunal decidió no llevar adelante la denuncia por falso testimonio.



"Un soldado de confianza"

En otro orden, los jueces denunciaron a un militar retirado por falso testimonio cometido durante su declaración en la causa en la que se investiga la desaparición del conscripto Atilio César Martínez, ocurrida el 20 de junio de 1977.

Hugo Nicolás Altieri, suboficial mayor (RE) de 68 años, fue denunciado por el Tribunal por mostrarse reticente a decir la verdad durante su testimonio. El militar prestaba servicios en 1977 en el Distrito Militar La Plata, como encargado de la Sección de Reclutamiento de los colimbas, y dijo que vio cuando Martínez era encomendado a realizar una diligencia al Regimiento 7, hecho tras el que desapareció.

Sin embargo, Altieri negó haber ordenado el mandado y señaló a su superior, el entonces coronel Carlos José María Martínez, quien era el Jefe del Distrito.

"Me pidió un soldado de confianza", expresó Altieri. Y, para desligarse del asunto, agregó que la orden de enviar un sobre al Regimiento fue dada por el coronel Martínez.

Desde entonces, el conscripto Atilio Martínez no volvió a aparecer. Altieri contó que al día siguiente simplemente informó a su superior de la ausencia del soldado, y que hizo algunas averiguaciones "adentro y afuera" de la dependencia militar, pero durante toda la audiencia no pudo mencionar ni precisar siquiera una.

"Me sorprendió que no regresaba", contó Altieri y conjeturó que el coronel Martínez también "tiene que haberse sorprendido". Más tarde, el militar agregó: "Lo que nunca pensé fue que había sido desaparecido. Pensé que era un deserción".

En otro tramo de su testimonio, al explicar el procedimiento habitual en los casos de ausencias de soldados, tuvo un lapsus: "Cuando desaparece.. . cuando faltaba algún soldado, se daba la novedad en el Distrito".

Cuando el Tribunal le preguntó si sabía que al conscripto le habían encomendado llevar un sobre al Regimiento 7, Altieri contestó que conocía el hecho, pero que se trataba de una "cosa reservada" de la que se encargaba su superior. También añadió que vio salir del Distrito al colimba vestido de uniforme.

Los jueces quisieron saber por qué había elegido a Martínez para hacer la diligencia. "Era correcto, se había familiarizado conmigo", respondió Altieri, detallando que "era escribiente mío". Más tarde, añadió: "Demostró honradez, seriedad y respeto".

Fue entonces cuando el juez Alberto Durán le preguntó por qué tenía "familiaridad" con el soldado. El testigo llegó a admitir que conocía a la familia, dado que tenían un kiosco a la vuelta de su casa por el que él pasaba todos los días.

Altieri negó tajantemente haberse reunido con la familia después de la desaparición del conscripto, dato que contradice lo testimoniado por las hermanas de Atilio Martínez en el Juicio por la Verdad. Por este punto, el fiscal Félix Crous pidió un careo.

"¿Entiende que (las hermanas) no tienen motivo para falsear el hecho de la reunión?", le preguntó Durán. Así y todo, Altieri volvió a negar los hechos.

El Tribunal insistió en saber qué gestiones había hecho Altieri por el conscripto que trabajaba con él como escribiente. El militar contestó que preguntó a los soldados, pero que nadie le había podido informar nada.

Al testigo se le observó que esas gestiones eran escasas. Altieri se defendió: "Nunca obré mal con nadie", dijo, y agregó: "Siempre estuve tranquilo con mi conciencia".

No obstante, los jueces llegaron a la conclusión de que el testigo se estaba mostrando reticente a decir la verdad, una de las actitudes que contempla el Código Penal para la configuración del falso testimonio.

La sospecha del Tribunal empezó ni bien comenzada la audiencia, cuando Altieri no reconoció su firma en una declaración prestada ante la Justicia en 1984.

Al terminar la audiencia, Altieri se levantó y se empeñó en darle un apretón de manos a cada uno de los jueces. Cuando le tocó el turno al fiscal -que lo esquivó con la mirada-, los nervios pudieron más y el militar volteó al suelo uno de los micrófonos.

Hugo Altieri se convirtió en el primer militar en ser denunciado por falso testimonio, casi cuatro años de audiencias del Juicio por la Verdad.



"Alguien del grupo lo conocía" 

En otro orden, la Cámara recibió el testimonio de Mariano Slutzky, hijo del médico desaparecido Samuel Sluztky, secuestrado de su casa la noche del 22 de junio de 1977.

En ese momento, Slutzky era Coordinador de las Unidades Sanitarias de Municipalidad de La Plata y había sido preso político entre 1968 y 1973. Según consta en la causa, la Dirección de Inteligencia de la Policía tenía un nutrido legajo que detallaba sus actividades políticas desde la década del '60.

Su hijo declaró que del secuestro participaron quince personas "que se identificaron como Fuerzas Conjuntas". Slutzky añadió que "alguien del grupo conocía a mi padre", ya que escuchó que esta persona dijo "otra vez", cuando vio que a detener ilegalmente al médico.

El testigo señaló que dos ex detenidos del centro clandestino "La Cacha" estuvieron con su padre en cautiverio. Se trata de Silvia Bucci y Héctor Javier Quinterno, quienes ya declararon ante el Tribunal. Y en la audiencia de hoy se añadió el dato de que también el sobreviviente Rubén Jaquenod compartió el cautiverio con él.

Slutzky también identificó a uno de los represores del centro clandestino, apodado "el Oso". Dijo que se trataba de Héctor Acuña, quien según los testimonios "se había ensañado mucho con mi padre". Este hombre era entonces oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Mariano Slutzky es periodista y vive en Holanda desde 1978. Por su profesión, realizó dos documentales sobre Jorge Zorreguieta, padre de la joven que se casó con el príncipe de Holanda, y secretario de Agricultura durante la dictadura.

"Personal de la Marina investigaba a los empleados de la secretaría", denunció Slutzky, y añadió que "Zorreguieta no pudo haber obviado la presencia del señor Rusiñó", encargado de esas investigaciones.

La referencia se contrapone a lo expresado en el Juicio por el propio Zorreguieta, quien ante una pregunta sobre si conocía los operativos represivos de la época señaló que se enteró de los desaparecidos en el año 1985.



Participantes

De las audiencias de hoy participaron los jueces Leopoldo Schiffrin y Julio Reboredo; el fiscal ad hoc Félix Crous; los abogados de la APDH La Plata Marta Vedio, Jaime Glüzmann, Elizabeth Rivas y Alicia Peralta; Alejo Ramos Padilla en representación de María Isabel Chorobik de Mariani; y la letrada de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Mónica González Vivero. 

  

 

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