Por Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)
Comisaría 5a: Corazza se declaró
incompetente y la APDH La Plata apeló
El juez insiste en que un juzgado porteño debe investigar los delitos
cometidos en La Plata. Este organismo argumenta con la Convención Interamericana
Sobre Desaparición Forzada de Personas, que "prohíbe la intervención de otros
tribunales distintos de los comunes". Presentación de querellantes en la
denuncia contra Von Wernich.
Por Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)
LA PLATA (21feb03).-
La APDH La Plata apeló este martes la resolución en la que el juez federal
Arnaldo Corazza se declaró incompetente para intervenir en la causa en la que se
investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en la comisaría 5° durante la
última dictadura cívico-militar.
Corazza, que había delegado la instrucción del caso en el fiscal Félix Crous,
esperó a que éste presentara la solicitud de detención e indagatoria de 62
militares y policías implicados en esos delitos para declararse incompetente.
El juez, que dictó su resolución el 30 de diciembre -horas antes del comienzo de
la feria judicial-, entiende que la investigación por los crímenes cometidos en
la comisaría 5° de La Plata debe llevarla un juzgado federal de primera
instancia de la Capital Federal.
La resolución judicial fue apelada en enero por el fiscal Crous y este martes
por la APDH La Plata. El plazo de apelación se extendió porque el juez elevó la
causa a la Cámara Federal para que resuelva la apelación fiscal sin notificar a
este organismo de su resolución de incompetencia.
Por eso, el expediente fue devuelto al juzgado y se concedió el derecho de
apelación a la Asamblea.
El argumento de Corazza para que el caso se juzgue en Buenos Aires es una
resolución de la Corte Suprema de Justicia, que el 30 de diciembre de 1985
resolvió un conflicto de competencia entre las cámaras federales de La Plata y
Buenos Aires a favor de esta última. Aquella resolución se basó en razones de
"economía procesal" y "en la necesidad de favorecer la buena marcha de la
administración de justicia", ya que existía una "pluralidad de hechos conexos"
con casos de la Capital Federal, cuestión que ahora no ocurre.
La APDH La Plata considera que los hechos ocurridos en esta ciudad deben ser
juzgados aquí. Y argumenta en su apelación lo dispuesto por la Convención
Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, con jerarquía
constitucional desde 1997 -a través de la ley 24.820-, que "prohíbe la
intervención de otros tribunales distintos de los comunes, en particular de los
militares", sostiene el organismo. Y agrega: "Las leyes sobre procedimiento y
competencia son de orden público y por consiguiente, las nuevas que se dicten,
aún en caso de silencio de ellas, se aplican a las causas pendientes, siempre
que no importe privar de validez a los actos procesales ya cumplidos o dejar sin
efecto lo actuado de conformidad a las leyes anteriores". Es decir, la
Convención debe aplicarse en este caso.
Además, el escrito presentado por la Asamblea le recuerda al juez Corazza una
resolución adoptada por la Cámara Federal de La Plata en pleno en la denominada
"causa Etchecolatz" -en la que se investigan delitos cometidos por el ex
director de Investigaciones de la policía, Miguel Etchecolatz, revelados en el
Juicio por la Verdad-, donde el tribunal de alzada, por mayoría, entendió que
los crímenes cometidos por el represor deben ser juzgados por los tribunales
locales. No obstante, esa causa está hoy en manos del juez porteño Sergio
Torres, por decisión de la Sala I de la Cámara.
El fiscal Crous agregó a los argumentos la inconveniencia de investigar en otra
jurisdicción delitos que se cometieron a pocas cuadras de los tribunales
competentes para juzgarlos, por parte de represores con residencia y mando en
esta ciudad. Eso, dice el fiscal, conllevaría al traslado del juez a La Plata
para la instrucción y al traslado de testigos e imputados a Buenos Aires, lo que
"de ninguna manera contribuye a la economía procesal".
Al declararse incompetente, Corazza repitió las resoluciones que había adoptado
en la "causa Etchecolatz" y en la que se investigan el secuestro y desaparición
de Daniel Favero y María Paula Álvarez.
Las apelaciones del fiscal Crous y de la APDH La Plata deberán ser resueltas
ahora por la Sala III de la Cámara Federal platense, integrada por los jueces
Antonio Pacilio, Carlos Nogueira y el recientemente asumido Carlos Alberto
Vallefín.
Contra Von Wernich
La APDH La Plata se presentó ayer como querellante en la causa en la que se
investigan los delitos cometidos por el ex capellán de la Policía bonaerense,
Christian Von Wernich, en el circuito clandestino de represión de la última
dictadura.
La causa se inició el 5 de febrero pasado cuando el fiscal Félix Crous denunció
al sacerdote por privaciones ilegales de la libertad, torturas agravadas,
falsedad ideológica de documentos públicos y homicidios. El caso también está en
manos de Corazza.
En su pedido de parte querellante, el organismo señaló que los delitos cometidos
por Von Wernich "nos ofenden particularmente. Como miembros de la sociedad
argentina, hemos sido lesionados por la comisión de delitos de lesa humanidad y
también por la impunidad que hasta hoy disfruta el autor de estos delitos". Y
luego agrega: "Nos asiste el derecho de procurar no sólo la verdad, como lo
hacemos en los más de dos mil procesos en que somos parte ante la Cámara Federal
de Apelaciones, sino también el juicio y el condigno castigo a los responsables
del genocidio perpetrado en nuestro país".
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