Miércoles 7 de Julio de 2004

Informe de Prensa de la APDH La Plata - Juicio por la Verdad

 

 

Hicieron una emboscada contra una joven en la casa de un secuestrado
Al darse cuenta de la maniobra, la muchacha se tragó una pastilla de cianuro y murió en el acto. Lo contó Alberto Maly, quien pasó por el Pozo de Quilmes, la 3° de Lanús y la Unidad 9. Desde el Pozo lo trasladaron a su casa para engañar a la mujer, que era militante montonera.
Caso Carlotto: La Cámara dispuso un careo entre un ex soldado y un militar médico.
La medida fue dispuesta porque hoy un militar retirado negó los dichos del ex conscripto que declaró la semana pasada. Por otro lado, el ex comisario Ferranti negó que hubiera detenidos ilegales en la Brigada de Avellaneda, mientras era subjefe.


Por Lucas Miguel y Francisco Martínez (Secretaría de Prensa) 

 

LA PLATA (07jul04-A).- El sobreviviente Alberto Felipe Maly relató hoy ante la Cámara Federal el periplo que vivió dentro y fuera de los centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar: los represores lo llevaron a su casa de Ranelagh para emboscar a una joven, que al advertir la maniobra se suicidó en la puerta de la vivienda con una pastilla de cianuro.

Maly, hoy un electricista jubilado de 73 años, trabajaba por entonces en la automotriz Peugeot, en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes. A mediados de septiembre de 1977 fue secuestrado en su domicilio y estuvo en cautiverio hasta el 28 de septiembre de 1979, fecha en la que pudo viajar a Alemania para exiliarse.

Durante la primera parte de su testimonio, el ex detenido trató de buscarle una causa a aquella persecución y le contó a la Cámara que nunca tuvo participación sindical ni militancia política, pero que había liderado en Peugeot el movimiento fabril de noviembre de 1975, en el que realizaron una huelga por reclamos salariales los trabajadores de las plantas automotrices. Fue durante aquel conflicto que fueron "marcados" los obreros de la Mercedes Benz que empezaron a desaparecer, al año siguiente, comenzada la dictadura.

"Las negociaciones llegaron a buen fin en enero (del '76). Habíamos pedido una mejora salarial porque la producción había aumentado en 40 autos por día", recordó Maly. Y agregó: "No atribuyo el hecho de mi secuestro a eso, porque los militares de la intervención (del sindicato de metalúrgicos) estuvieron presentes en las negociaciones".

Entre llantos, señaló, "con toda la vergüenza que todavía siento", que "aquellos que decían representarnos usaban la ropa de los que venían a reprimir", en alusión a los interventores militares de los sindicatos.

Por aquellos años Peugeot contaba con entre cinco y seis mil trabajadores, que todos los años en febrero paraban la producción para realizar las tareas de reparación de equipos y maquinaria. Maly señaló que la automotriz contrataba nuevo personal, dado que con el existente no alcanzaba. En esa oportunidad tuvo a su cargo a un joven llamado Eduardo Rosen, con quien entabló una relación de amistad. Hasta le consiguió trabajo en la empresa.

Rosen iba a su casa seguido y la esposa de Maly tejía ropa para su hija. La última vez que lo vio el joven le dejó una caja. "Me dijo que sólo se la tenía que entregar a su mujer. Yo, cobarde, me deshice de la caja y la enterré en el fondo del patio, porque con las cosas que pasaban en aquella época...", señaló el testigo.

El 16 o 17 de septiembre de 1977, cuando Maly regresaba a su casa después de doce horas de trabajo, la encontró tomada: "Había 'caños' por todos lados. Me hicieron bajar del coche, me ataron las manos con alambre y me tiraron al piso. Después empezó el paseo", relató. Lo llevaron a la Brigada de Investigaciones de Quilmes, el Pozo.

Después de dejarlo un rato atado a un poste en un garaje, donde lo insultaron y golpearon, lo condujeron a una habitación, lo hicieron desnudar y lo torturaron: "Me ataron de los pulgares y de los dedos mayores de los pies. Me rociaron con agua y me aplicaron la picana en las encías, los genitales, en todo lados", afirmó Maly. "Si supiera cuánta rabia tengo", le dijo llorando al Tribunal.

Durante la tortura los represores "querían que aceptara una relación subversiva con el señor Rosen, que reconociera que fabricaba bombas y que había puesto bombas en Peugeot", señaló el testigo. Para ello, le hicieron escuchar la grabación de un niño que gritaba "papá me pegan". "Yo tuve que largar la carcajada. Querían hacerme creer que era mi hijo, pero era evidente que no", agregó.

"'Danos nombres', me decían. Y yo empecé a tirar nombres de amigos, compañeros, hermanos. No puedo imaginar a quién no mencioné", dijo. "Algunas de esas personas recibieron visitas de estos tipos, pero por suerte a ninguna le pasó nada", añadió.

Y agregó que "a Eduardo Rosen lo vi muerto ahí. Su cadáver estaba donde me torturaron".

Al día siguiente, cuando se recuperó de la tortura con picana, una patota sacó a Maly de la celda y lo llevó a su casa. Los represores querían dar con la esposa de Rosen, militante montonera. Sabían que la mujer iba a ir, tarde o temprano, a buscar la caja que Rosen le había entregado a Maly tiempo atrás. Era viernes. Los represores tuvieron que esperar hasta el lunes.

En esos tres días, mientras los represores jugaban a las cartas y apostaban los ahorros en dólares que le habían robado, recibió la visita de sus socios de un criadero de chinchillas y de una delegación de trabajadores de Peugeot. "Me ofrecieron traer los cinco mil obreros para exigir mi liberación. Les dije que no, porque nos iban a matar a todos, a mi mujer y a mis hijos", señaló.

La esposa de Rosen llamó el lunes y Maly atendió con un arma apuntándole en la cabeza. La mujer quería pasar a retirar la caja que había dejado su esposo. "Fui cómplice de un asesinato. Estaba con un arma en la cabeza y mi hijo y mi mujer amenazados de muerte. Le tendí una trampa, le dije que viniera. Ellos (por los represores) estaban escuchando", dijo compungido el sobreviviente.

Maly señaló que la joven llegó por la tarde. "Ella llevaba una pastilla de cianuro en la boca y la masticó cuando la patota abrió la puerta. Le quisieron hacer un lavaje de estómago con una manguera, pero se les murió", relató. Los represores, entonces, llamaron a la comisaría de Ranelagh, cuyos efectivos se llevaron el cadáver.

Minutos después de ese episodio, Maly fue nuevamente llevado al Pozo de Quilmes. Tuvo dos sesiones más de tortura con picana. "Te bajamos (de la celda, ubicada en un segundo piso) para divertirnos. Quería picanear a alguien y te bajé a vos", le dijo un represor. Recordó que entre el personal estaba el médico Jorge Bergés y que entre las víctimas había otros dos obreros de Peugeot, Jorge Guidi y otro de apellido Fiore, ambos desaparecidos.

Maly también habló de las inhumanas condiciones de detención que había en ese centro clandestino. "Nos daban de comer fideos o polenta a medio hacer día por medio y a veces pasaban hasta cinco días. Lo mismo pasaba cuando queríamos ir al baño. Hacíamos nuestras necesidades en un tarro de lavandina", señaló.

En una oportunidad que lo bajaron de la celda a la planta baja —donde estaban las oficinas— para interrogarlo escuchó decir a un represor: "Tenemos cuatro traslados a la IMPA". Según dijo, eso le permitió inferir que los detenidos eran tirados desde aviones al mar. IMPA es la sigla de las viejas Industrias Metalúrgicas Plásticas Argentinas —que funcionaron en plenitud durante los dos primeros gobiernos peronistas (1946-55)—, donde ya a fines de los '70 funcionaba la Escuela de Aeronáutica de Quilmes. "Desde ese lugar y de la ESMA trasladaban gente en avión para arrojarlos al mar", dijo Maly.

El 11 de febrero de 1978 fue trasladado desde el Pozo de Quilmes a la Comisaría 3° Lanús (Valentín Alsina) junto a Juan José Rúa y su esposa, Herna Silva. "Los de la patota se despidieron como si fuéramos grandes amigos. Me abrazaban y me decían 'abuelo, te salvaste'", afirmó.

Allí, dijo, "me engordaron, me afeitaron y me cortaron el pelo". El 7 de septiembre de aquel año recibió las primeras visitas de su familia. Y el 9 lo largaron. La noche del 22 recibió nuevamente la visita de la patota en su casa: "Maly, acompáñenos, que faltan firmar unos papeles", le dijeron . "Fui en mi auto para poder regresar a casa por mis medios. Los tipos me presentaron ante el comisario y quedé detenido", dijo. Ahí se enteró que había sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto 2038/78 y que le habían dado la libertad por error.

Maly estuvo un año más preso en la Unidad Penal N°9 de La Plata, de donde salió el 28 de septiembre de 1979 rumbo a Alemania. En la U9 reconoció entre los guardiacárceles a uno de sus captores. "Estaba en la cárcel pero el miedo persistía. La 'verdugueada' era permanente", señaló.

El sobreviviente residió en Alemania hasta marzo de 1984 y cuando regresó al país declaró en la Conadep y en el Juicio a las Juntas. Por aquellos días revisó el fondo de su casa para buscar la caja que le había dejado Rosen, pero los represores ya lo habían hecho por él. Habían removido la tierra del patio en varias visitas que hicieron en su ausencia.

Su caso fue uno de los pocos en los que el Ejército reconoció en un documento una detención ilegal: en la causa obra una constancia firmada por el capitán Alberto Juan, fechado en el Regimiento de La Tablada el 11 de septiembre de 1978, que señala que Maly "no es responsable de cargo alguno y su detención se debió a un error involuntario de personal ajeno a esta Unidad" y que "a los efectos de salvaguardar el buen nombre y honor" de Maly "se le extiende el presente certificado".



El tal Minicucci

Esta mañana declaró la Abuela de Plaza de Mayo Yoli Elena "Muñeca" Opezzo, en el marco de la causa en la que se investiga el asesinato de Laura Carlotto y el paradero de su hijo Guido, nacido en el Hospital Militar Central en junio de 1978.

Yoli, que recuperó a su nieto Juan Cabandié a principios de este año, había sido citada para aportar datos sobre el militar de apellido Minicucci acusado de comandar la entrada y la salida de Carlotto de aquel nosocomio. Como la mujer no pudo aportar datos precisos, el tribunal decidió terminar la declaración y citar a quien la acompañaba, la abogada de Abuelas, Alcira Ríos.

Ríos relató que, en el marco de la investigación penal que lleva a cabo la jueza federal porteña María Romilda Servini de Cubría, pudo determinarse que en el Ejército revistaron tres hombres de apellido Minicucci:

* Un médico, de nombre Julio César, que al momento de la investigación pasaba los 80 años y se comprobó que no tuvo relación con la represión ilegal;
* Otro que en los '90 revistaba en el Comando en Jefe y cuyo nombre (que no recordó) sería Ignacio. Este hombre tiene un hijo nacido en una fecha próxima a Guido Carlotto y se prestó a realizarse un examen de ADN, que arrojó resultado negativo.
* El tercero es el represor; su nombre es Federico Antonio, fallecido y, según relató Ríos, su fotografía fue reconocida ante Servini por el ex conscripto Carlos Aníbal López López, quien custodió a Carlotto el día del parto. "Actuó en muchos campos: El Vesubio, El Atlético, El Olimpo, El Banco, la ESMA. Era jefe de inteligencia del regimiento de La Tablada y era nexo entre la Marina y el Ejército", dijo Ríos.

"Bueno, la cuestión es que ya pasó a mejor juez", añadió el juez Leopoldo Schiffrin sobre Minicucci. Con el legajo del represor en la mano, señaló que el militar había obtenido altas calificaciones y que había sido felicitado por el general Leopoldo Fortunato Galtieri.



Caso Carlotto

La Cámara Federal ordenó que en la próxima audiencia del Juicio por la Verdad se careen el ex soldado Carlos Aníbal López López y el médico militar retirado Andrés Jorge Chovancec, quien hoy negó haber discutido con el represor Federico Antonio Minicucci en torno a la aplicación de una inyección a Laura Carlotto, luego que esta diera a luz en el Hospital Militar Central en 1978.

La semana pasada López López aseguró en este juicio que vio y escuchó cómo Minicucci le ordenó al entonces capitán Chovancec que le aplicara una inyección a Carlotto —supuestamente para dormirla— y que el médico militar se negó.

El ex soldado aseguró que entonces "apareció el general médico (Raúl Eduardo) Mariné, director del Hospital. Habló con Minicucci y le dijo a Chovancec que se fuera, que la aplicaba él".

"En lo que a mí respecta, esa situación nunca ocurrió", dijo hoy el militar retirado ante los jueces de la Cámara Federal. El presidente del tribunal Leopoldo Schiffrin entonces le dijo que estaba negando dichos de un testigo creíble. Con absoluto desdén, Chovancec respondió: "Eso le corresponderá aclararlo a cada uno de los testigos".

El juez se ofuscó con la respuesta: "Usted le está faltando el respeto al tribunal. Lo exhorto a comportarse debidamente y a contestar seriamente". El militar, después, se cruzó de brazos, miró hacia abajo y sólo dio escuetas respuestas.

Por esto, la Cámara Federal dispuso que el miércoles 28 de julio —día de la primera audiencia después del receso invernal— se lleve a cabo un careo entre Chovancec y López López.

Por otro lado, el militar, que es obstetra, negó conocer al represor Minicucci: "Conmigo no trabajó ninguna persona con ese nombre", señaló.

Un dato curioso de esta audiencia fue que, para que Chovancec conociera la versión de los hechos que terminó negando, el tribunal ordenó la lectura por secretaría del informe de prensa de la APDH La Plata del miércoles pasado —que da cuenta de la declaración de López López— porque aún no contaba con la desgrabación del testimonio del ex conscripto (ver audiencias del 30 de junio de 2004).

Laura Carlotto dio a luz en el Hospital Militar Central el 26 de junio de 1978. Según el ex conscripto López López, que debió custodiar la habitación donde fue alojada la joven, el operativo de ingreso y egreso de la joven al nosocomio estuvo a cargo del "mayor Minicucci". Hoy la abogada de Abuelas, Alcira Ríos, despejó la duda sobre su identidad: se trata de Guillermo Antonio Minicucci, fallecido.

El ex conscripto también dijo que Carlotto fue sacada en un Falcon y que vio que un hombre flaco y alto, vestido de civil, salía con su bebé Guido por otra puerta del nosocomio.



Ferranti, el negativo

En tanto, el comisario retirado Rómulo Jorge Ferranti se empeñó en negar la historia al afirmar que mientras fue subjefe de la Brigada de Avellaneda "todos los detenidos" eran legales.

Ferranti, de 67 años, concurrió a declarar tras haber pegado el faltazo la semana pasada. Lo hizo con una abogada particular, Susana Severino, quien llamó la atención en la audiencia por lucir una plástica cirugía en su rostro.

El juez Schiffrin le advirtió al represor que "puede tener imputaciones en su contra, por derivaciones penales. Pero este no es el caso" y pidió a la secretaria del Tribunal que leyera los testimonios de sobrevivientes del centro clandestino "El Infierno", que funcionó en la Brigada.

La secretara María Antonieta Pérez Galimberti leyó partes de las declaraciones de los ex detenidos Adolfo Paz, Ramón Miralles, Juan Antonio Díaz, Horacio Matoso y la del ex comisario Rubén Oscar Páez, que fue comisario en esa dependencia policial.

Adolfo Paz contó que conocía el barrio de la Brigada por haberse críado en la zona. "Conocía el ruido del tren, porque a dos cuadras de ahí había un ferrocarril de carga, yo jugaba de chico ahí. (...) Sentí la sirena de los bomberos, yo fui bombero voluntario y el cuartel está a tres cuadras, conocía la cancha de fútbol, conocía la voz del botellero que todas las mañanas pasaba por ahí", declaró en abril de 2002, al señalar su certeza de haber estado en ese centro clandestino, donde fue torturado y secuestrado durante más de 50 días.

Paz compartió el cautiverio con varios prisioneros políticos, entre los que estaban el hermano de Dante Gullo y los líderes de la comisión interna de la Mercedes Benz, Esteban Reimer y Víctor Ventura (ver audiencia del 10 de abril de 2002)

Horacio Matoso declaró en octubre de 2000 que estuvo en la Brigada de Avellaneda "casi dos meses sin tomar agua y sin comer. (...) 25 kilos debo haber bajado". Juan Antonio Díaz dijo que estuvo detenido ilegalmente unas horas en esa dependencia, donde junto a su hermano fue sometido a un interrogatorio por una persona de civil que pidió "que no lo mirásemos". "Se escuchaba mucho barullo de gente detenida o para interrogatorio", recordó.

Pero el testimonio que irritó a Ferranti fue el del ex juez federal Ramón Miralles. El represor interrumpió la lectura que hacía la secretaría para decir: "Al señor Miralles lo traté con consideración y respeto".

Miralles fue detenido por el propio Ferranti en un juzgado de la Capital Federal al que había ido para hacer un hábeas corpus en favor suyo. El represor, que entonces tenía el rango de comisario, lo trasladó de ese juzgado a una dependencia policial de La Plata.

"A Miralles le agradecí la ley de retiro de los policías, durante el gobierno de (Victorio) Calabró (Miralles fue ministro de economía del ex gobernador bonaerense)", señaló Ferranti. "Cuando estuvo bajo mi. . . protección. . ., fue tratado con total consideración y respeto. Le pregunté, para no tener problemas, si me permitía ponerle las esposas", agregó el represor.

La detención de Miralles dista de ser legal, como la presentó Ferranti. El ex juez tenía a parte de su familia secuestrada cuando fue al juzgado porteño, a cargo de Rafael Sarmiento, quien años después lo querelló por injuria agravada. En La Plata, gracias a la gestión de Ferranti —quien hoy dijo que obró bajo orden de Sarmiento—, Miralles fue presentado a una persona "de los servicios de la Marina", que se lo llevó detenido en un auto, donde lo encapucharon. Fue el preludio de la tortura: entró al circuito de centros clandestinos, siendo llevado al "Coti Martínez" y luego a "Puesto Vasco".

Miralles dijo en el Juicio que Sarmiento y Ferranti "hablaban con un conocimiento acabado de las cosas que estaban haciendo". Hoy Ferranti presentó las cosas como dentro de la legalidad: "Lo llevé desde el mismo juzgado", señaló. Y agregó: "Fuimos a comer a la Brigada. Él estuvo tomando café y leyó el diario (...) Su detención salió en los diarios".

Otro testimonio contra Ferranti fue el de un ex compañero suyo. El comisario Rubén Páez, quien también fue jefe de la Brigada de La Plata, negó en octubre de 2000 que los detenidos de Avellaneda estuviesen a disposición de algún juez. "En absoluto", sentenció.

A pesar de que el juez Schiffrin le dijera que los testimonios "indican a las claras" que en esa Brigada funcionó un centro clandestino de detención, Ferranti se mantuvo en la negativa.

"Mientras yo era subjefe de la Brigada, los detenidos se registraban y estaban a disposición de un juez", dijo, con un tono de voz alto. "No tenía detenidos políticos", añadió, por si quedaban dudas.

Ferranti dijo que su jefe en la Brigada de Avellaneda fue el comisario Bruno Trevisán, quien también fue jefe del "Pozo de Quilmes". Cuando le preguntaron si recibió alguna directiva especial tras el golpe de estado, el represor señaló: "Sólo sobre delitos comunes. De lo otro, ni se hablaba".



Participantes

De las audiencias de hoy participaron los jueces Leopoldo Schiffrin y Julio Reboredo; el fiscal general Carlos Dulau Dumm; el defensor ad hoc Jorge Cozzi; las abogadas de la APDH La Plata, Alicia Peralta y Elizabeth Rivas; y la letrada de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, María Ester Alonso Morales.  


  

 

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