Hicieron una emboscada contra una joven en
la casa de un secuestrado
Al darse cuenta de la maniobra, la muchacha se tragó una pastilla de cianuro
y murió en el acto. Lo contó Alberto Maly, quien pasó por el Pozo de Quilmes, la
3° de Lanús y la Unidad 9. Desde el Pozo lo trasladaron a su casa para engañar a
la mujer, que era militante montonera.
Caso Carlotto: La Cámara dispuso un careo entre un ex soldado y un militar
médico.
La medida fue dispuesta porque hoy un militar retirado negó los dichos del ex
conscripto que declaró la semana pasada. Por otro lado, el ex comisario Ferranti
negó que hubiera detenidos ilegales en la Brigada de Avellaneda, mientras era
subjefe.
Por Lucas Miguel y Francisco Martínez (Secretaría de Prensa)
LA PLATA
(07jul04-A).- El sobreviviente Alberto Felipe Maly relató hoy ante la Cámara
Federal el periplo que vivió dentro y fuera de los centros clandestinos de
detención durante la última dictadura cívico-militar: los represores lo llevaron
a su casa de Ranelagh para emboscar a una joven, que al advertir la maniobra se
suicidó en la puerta de la vivienda con una pastilla de cianuro.
Maly, hoy un electricista jubilado de 73 años, trabajaba por entonces en la
automotriz Peugeot, en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes.
A mediados de septiembre de 1977 fue secuestrado en su domicilio y estuvo en
cautiverio hasta el 28 de septiembre de 1979, fecha en la que pudo viajar a
Alemania para exiliarse.
Durante la primera parte de su testimonio, el ex detenido trató de buscarle una
causa a aquella persecución y le contó a la Cámara que nunca tuvo participación
sindical ni militancia política, pero que había liderado en Peugeot el
movimiento fabril de noviembre de 1975, en el que realizaron una huelga por
reclamos salariales los trabajadores de las plantas automotrices. Fue durante
aquel conflicto que fueron "marcados" los obreros de la Mercedes Benz que
empezaron a desaparecer, al año siguiente, comenzada la dictadura.
"Las negociaciones llegaron a buen fin en enero (del '76). Habíamos pedido una
mejora salarial porque la producción había aumentado en 40 autos por día",
recordó Maly. Y agregó: "No atribuyo el hecho de mi secuestro a eso, porque los
militares de la intervención (del sindicato de metalúrgicos) estuvieron
presentes en las negociaciones".
Entre llantos, señaló, "con toda la vergüenza que todavía siento", que "aquellos
que decían representarnos usaban la ropa de los que venían a reprimir", en
alusión a los interventores militares de los sindicatos.
Por aquellos años Peugeot contaba con entre cinco y seis mil trabajadores, que
todos los años en febrero paraban la producción para realizar las tareas de
reparación de equipos y maquinaria. Maly señaló que la automotriz contrataba
nuevo personal, dado que con el existente no alcanzaba. En esa oportunidad tuvo
a su cargo a un joven llamado Eduardo Rosen, con quien entabló una relación de
amistad. Hasta le consiguió trabajo en la empresa.
Rosen iba a su casa seguido y la esposa de Maly tejía ropa para su hija. La
última vez que lo vio el joven le dejó una caja. "Me dijo que sólo se la tenía
que entregar a su mujer. Yo, cobarde, me deshice de la caja y la enterré en el
fondo del patio, porque con las cosas que pasaban en aquella época...", señaló
el testigo.
El 16 o 17 de septiembre de 1977, cuando Maly regresaba a su casa después de
doce horas de trabajo, la encontró tomada: "Había 'caños' por todos lados. Me
hicieron bajar del coche, me ataron las manos con alambre y me tiraron al piso.
Después empezó el paseo", relató. Lo llevaron a la Brigada de Investigaciones de
Quilmes, el Pozo.
Después de dejarlo un rato atado a un poste en un garaje, donde lo insultaron y
golpearon, lo condujeron a una habitación, lo hicieron desnudar y lo torturaron:
"Me ataron de los pulgares y de los dedos mayores de los pies. Me rociaron con
agua y me aplicaron la picana en las encías, los genitales, en todo lados",
afirmó Maly. "Si supiera cuánta rabia tengo", le dijo llorando al Tribunal.
Durante la tortura los represores "querían que aceptara una relación subversiva
con el señor Rosen, que reconociera que fabricaba bombas y que había puesto
bombas en Peugeot", señaló el testigo. Para ello, le hicieron escuchar la
grabación de un niño que gritaba "papá me pegan". "Yo tuve que largar la
carcajada. Querían hacerme creer que era mi hijo, pero era evidente que no",
agregó.
"'Danos nombres', me decían. Y yo empecé a tirar nombres de amigos, compañeros,
hermanos. No puedo imaginar a quién no mencioné", dijo. "Algunas de esas
personas recibieron visitas de estos tipos, pero por suerte a ninguna le pasó
nada", añadió.
Y agregó que "a Eduardo Rosen lo vi muerto ahí. Su cadáver estaba donde me
torturaron".
Al día siguiente, cuando se recuperó de la tortura con picana, una patota sacó a
Maly de la celda y lo llevó a su casa. Los represores querían dar con la esposa
de Rosen, militante montonera. Sabían que la mujer iba a ir, tarde o temprano, a
buscar la caja que Rosen le había entregado a Maly tiempo atrás. Era viernes.
Los represores tuvieron que esperar hasta el lunes.
En esos tres días, mientras los represores jugaban a las cartas y apostaban los
ahorros en dólares que le habían robado, recibió la visita de sus socios de un
criadero de chinchillas y de una delegación de trabajadores de Peugeot. "Me
ofrecieron traer los cinco mil obreros para exigir mi liberación. Les dije que
no, porque nos iban a matar a todos, a mi mujer y a mis hijos", señaló.
La esposa de Rosen llamó el lunes y Maly atendió con un arma apuntándole en la
cabeza. La mujer quería pasar a retirar la caja que había dejado su esposo. "Fui
cómplice de un asesinato. Estaba con un arma en la cabeza y mi hijo y mi mujer
amenazados de muerte. Le tendí una trampa, le dije que viniera. Ellos (por los
represores) estaban escuchando", dijo compungido el sobreviviente.
Maly señaló que la joven llegó por la tarde. "Ella llevaba una pastilla de
cianuro en la boca y la masticó cuando la patota abrió la puerta. Le quisieron
hacer un lavaje de estómago con una manguera, pero se les murió", relató. Los
represores, entonces, llamaron a la comisaría de Ranelagh, cuyos efectivos se
llevaron el cadáver.
Minutos después de ese episodio, Maly fue nuevamente llevado al Pozo de Quilmes.
Tuvo dos sesiones más de tortura con picana. "Te bajamos (de la celda, ubicada
en un segundo piso) para divertirnos. Quería picanear a alguien y te bajé a
vos", le dijo un represor. Recordó que entre el personal estaba el médico Jorge
Bergés y que entre las víctimas había otros dos obreros de Peugeot, Jorge Guidi
y otro de apellido Fiore, ambos desaparecidos.
Maly también habló de las inhumanas condiciones de detención que había en ese
centro clandestino. "Nos daban de comer fideos o polenta a medio hacer día por
medio y a veces pasaban hasta cinco días. Lo mismo pasaba cuando queríamos ir al
baño. Hacíamos nuestras necesidades en un tarro de lavandina", señaló.
En una oportunidad que lo bajaron de la celda a la planta baja —donde estaban
las oficinas— para interrogarlo escuchó decir a un represor: "Tenemos cuatro
traslados a la IMPA". Según dijo, eso le permitió inferir que los detenidos eran
tirados desde aviones al mar. IMPA es la sigla de las viejas Industrias
Metalúrgicas Plásticas Argentinas —que funcionaron en plenitud durante los dos
primeros gobiernos peronistas (1946-55)—, donde ya a fines de los '70 funcionaba
la Escuela de Aeronáutica de Quilmes. "Desde ese lugar y de la ESMA trasladaban
gente en avión para arrojarlos al mar", dijo Maly.
El 11 de febrero de 1978 fue trasladado desde el Pozo de Quilmes a la Comisaría
3° Lanús (Valentín Alsina) junto a Juan José Rúa y su esposa, Herna Silva. "Los
de la patota se despidieron como si fuéramos grandes amigos. Me abrazaban y me
decían 'abuelo, te salvaste'", afirmó.
Allí, dijo, "me engordaron, me afeitaron y me cortaron el pelo". El 7 de
septiembre de aquel año recibió las primeras visitas de su familia. Y el 9 lo
largaron. La noche del 22 recibió nuevamente la visita de la patota en su casa:
"Maly, acompáñenos, que faltan firmar unos papeles", le dijeron . "Fui en mi
auto para poder regresar a casa por mis medios. Los tipos me presentaron ante el
comisario y quedé detenido", dijo. Ahí se enteró que había sido puesto a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto 2038/78 y que le habían
dado la libertad por error.
Maly estuvo un año más preso en la Unidad Penal N°9 de La Plata, de donde salió
el 28 de septiembre de 1979 rumbo a Alemania. En la U9 reconoció entre los
guardiacárceles a uno de sus captores. "Estaba en la cárcel pero el miedo
persistía. La 'verdugueada' era permanente", señaló.
El sobreviviente residió en Alemania hasta marzo de 1984 y cuando regresó al
país declaró en la Conadep y en el Juicio a las Juntas. Por aquellos días revisó
el fondo de su casa para buscar la caja que le había dejado Rosen, pero los
represores ya lo habían hecho por él. Habían removido la tierra del patio en
varias visitas que hicieron en su ausencia.
Su caso fue uno de los pocos en los que el Ejército reconoció en un documento
una detención ilegal: en la causa obra una constancia firmada por el capitán
Alberto Juan, fechado en el Regimiento de La Tablada el 11 de septiembre de
1978, que señala que Maly "no es responsable de cargo alguno y su detención se
debió a un error involuntario de personal ajeno a esta Unidad" y que "a los
efectos de salvaguardar el buen nombre y honor" de Maly "se le extiende el
presente certificado".
El tal Minicucci
Esta mañana declaró la Abuela de Plaza de Mayo Yoli Elena "Muñeca" Opezzo, en el
marco de la causa en la que se investiga el asesinato de Laura Carlotto y el
paradero de su hijo Guido, nacido en el Hospital Militar Central en junio de
1978.
Yoli, que recuperó a su nieto Juan Cabandié a principios de este año, había sido
citada para aportar datos sobre el militar de apellido Minicucci acusado de
comandar la entrada y la salida de Carlotto de aquel nosocomio. Como la mujer no
pudo aportar datos precisos, el tribunal decidió terminar la declaración y citar
a quien la acompañaba, la abogada de Abuelas, Alcira Ríos.
Ríos relató que, en el marco de la investigación penal que lleva a cabo la jueza
federal porteña María Romilda Servini de Cubría, pudo determinarse que en el
Ejército revistaron tres hombres de apellido Minicucci:
* Un médico, de nombre Julio César, que al momento de la investigación pasaba
los 80 años y se comprobó que no tuvo relación con la represión ilegal;
* Otro que en los '90 revistaba en el Comando en Jefe y cuyo nombre (que no
recordó) sería Ignacio. Este hombre tiene un hijo nacido en una fecha próxima a
Guido Carlotto y se prestó a realizarse un examen de ADN, que arrojó resultado
negativo.
* El tercero es el represor; su nombre es Federico Antonio, fallecido y, según
relató Ríos, su fotografía fue reconocida ante Servini por el ex conscripto
Carlos Aníbal López López, quien custodió a Carlotto el día del parto. "Actuó en
muchos campos: El Vesubio, El Atlético, El Olimpo, El Banco, la ESMA. Era jefe
de inteligencia del regimiento de La Tablada y era nexo entre la Marina y el
Ejército", dijo Ríos.
"Bueno, la cuestión es que ya pasó a mejor juez", añadió el juez Leopoldo
Schiffrin sobre Minicucci. Con el legajo del represor en la mano, señaló que el
militar había obtenido altas calificaciones y que había sido felicitado por el
general Leopoldo Fortunato Galtieri.
Caso Carlotto
La Cámara Federal ordenó que en la próxima audiencia del Juicio por la Verdad se
careen el ex soldado Carlos Aníbal López López y el médico militar retirado
Andrés Jorge Chovancec, quien hoy negó haber discutido con el represor Federico
Antonio Minicucci en torno a la aplicación de una inyección a Laura Carlotto,
luego que esta diera a luz en el Hospital Militar Central en 1978.
La semana pasada López López aseguró en este juicio que vio y escuchó cómo
Minicucci le ordenó al entonces capitán Chovancec que le aplicara una inyección
a Carlotto —supuestamente para dormirla— y que el médico militar se negó.
El ex soldado aseguró que entonces "apareció el general médico (Raúl Eduardo)
Mariné, director del Hospital. Habló con Minicucci y le dijo a Chovancec que se
fuera, que la aplicaba él".
"En lo que a mí respecta, esa situación nunca ocurrió", dijo hoy el militar
retirado ante los jueces de la Cámara Federal. El presidente del tribunal
Leopoldo Schiffrin entonces le dijo que estaba negando dichos de un testigo
creíble. Con absoluto desdén, Chovancec respondió: "Eso le corresponderá
aclararlo a cada uno de los testigos".
El juez se ofuscó con la respuesta: "Usted le está faltando el respeto al
tribunal. Lo exhorto a comportarse debidamente y a contestar seriamente". El
militar, después, se cruzó de brazos, miró hacia abajo y sólo dio escuetas
respuestas.
Por esto, la Cámara Federal dispuso que el miércoles 28 de julio —día de la
primera audiencia después del receso invernal— se lleve a cabo un careo entre
Chovancec y López López.
Por otro lado, el militar, que es obstetra, negó conocer al represor Minicucci:
"Conmigo no trabajó ninguna persona con ese nombre", señaló.
Un dato curioso de esta audiencia fue que, para que Chovancec conociera la
versión de los hechos que terminó negando, el tribunal ordenó la lectura por
secretaría del informe de prensa de la APDH La Plata del miércoles pasado —que
da cuenta de la declaración de López López— porque aún no contaba con la
desgrabación del testimonio del ex conscripto (ver audiencias del 30 de junio de
2004).
Laura Carlotto dio a luz en el Hospital Militar Central el 26 de junio de 1978.
Según el ex conscripto López López, que debió custodiar la habitación donde fue
alojada la joven, el operativo de ingreso y egreso de la joven al nosocomio
estuvo a cargo del "mayor Minicucci". Hoy la abogada de Abuelas, Alcira Ríos,
despejó la duda sobre su identidad: se trata de Guillermo Antonio Minicucci,
fallecido.
El ex conscripto también dijo que Carlotto fue sacada en un Falcon y que vio que
un hombre flaco y alto, vestido de civil, salía con su bebé Guido por otra
puerta del nosocomio.
Ferranti, el negativo
En tanto, el comisario retirado Rómulo Jorge Ferranti se empeñó en negar la
historia al afirmar que mientras fue subjefe de la Brigada de Avellaneda "todos
los detenidos" eran legales.
Ferranti, de 67 años, concurrió a declarar tras haber pegado el faltazo la
semana pasada. Lo hizo con una abogada particular, Susana Severino, quien llamó
la atención en la audiencia por lucir una plástica cirugía en su rostro.
El juez Schiffrin le advirtió al represor que "puede tener imputaciones en su
contra, por derivaciones penales. Pero este no es el caso" y pidió a la
secretaria del Tribunal que leyera los testimonios de sobrevivientes del centro
clandestino "El Infierno", que funcionó en la Brigada.
La secretara María Antonieta Pérez Galimberti leyó partes de las declaraciones
de los ex detenidos Adolfo Paz, Ramón Miralles, Juan Antonio Díaz, Horacio
Matoso y la del ex comisario Rubén Oscar Páez, que fue comisario en esa
dependencia policial.
Adolfo Paz contó que conocía el barrio de la Brigada por haberse críado en la
zona. "Conocía el ruido del tren, porque a dos cuadras de ahí había un
ferrocarril de carga, yo jugaba de chico ahí. (...) Sentí la sirena de los
bomberos, yo fui bombero voluntario y el cuartel está a tres cuadras, conocía la
cancha de fútbol, conocía la voz del botellero que todas las mañanas pasaba por
ahí", declaró en abril de 2002, al señalar su certeza de haber estado en ese
centro clandestino, donde fue torturado y secuestrado durante más de 50 días.
Paz compartió el cautiverio con varios prisioneros políticos, entre los que
estaban el hermano de Dante Gullo y los líderes de la comisión interna de la
Mercedes Benz, Esteban Reimer y Víctor Ventura (ver audiencia del 10 de abril de
2002)
Horacio Matoso declaró en octubre de 2000 que estuvo en la Brigada de Avellaneda
"casi dos meses sin tomar agua y sin comer. (...) 25 kilos debo haber bajado".
Juan Antonio Díaz dijo que estuvo detenido ilegalmente unas horas en esa
dependencia, donde junto a su hermano fue sometido a un interrogatorio por una
persona de civil que pidió "que no lo mirásemos". "Se escuchaba mucho barullo de
gente detenida o para interrogatorio", recordó.
Pero el testimonio que irritó a Ferranti fue el del ex juez federal Ramón
Miralles. El represor interrumpió la lectura que hacía la secretaría para decir:
"Al señor Miralles lo traté con consideración y respeto".
Miralles fue detenido por el propio Ferranti en un juzgado de la Capital Federal
al que había ido para hacer un hábeas corpus en favor suyo. El represor, que
entonces tenía el rango de comisario, lo trasladó de ese juzgado a una
dependencia policial de La Plata.
"A Miralles le agradecí la ley de retiro de los policías, durante el gobierno de
(Victorio) Calabró (Miralles fue ministro de economía del ex gobernador
bonaerense)", señaló Ferranti. "Cuando estuvo bajo mi. . . protección. . ., fue
tratado con total consideración y respeto. Le pregunté, para no tener problemas,
si me permitía ponerle las esposas", agregó el represor.
La detención de Miralles dista de ser legal, como la presentó Ferranti. El ex
juez tenía a parte de su familia secuestrada cuando fue al juzgado porteño, a
cargo de Rafael Sarmiento, quien años después lo querelló por injuria agravada.
En La Plata, gracias a la gestión de Ferranti —quien hoy dijo que obró bajo
orden de Sarmiento—, Miralles fue presentado a una persona "de los servicios de
la Marina", que se lo llevó detenido en un auto, donde lo encapucharon. Fue el
preludio de la tortura: entró al circuito de centros clandestinos, siendo
llevado al "Coti Martínez" y luego a "Puesto Vasco".
Miralles dijo en el Juicio que Sarmiento y Ferranti "hablaban con un
conocimiento acabado de las cosas que estaban haciendo". Hoy Ferranti presentó
las cosas como dentro de la legalidad: "Lo llevé desde el mismo juzgado",
señaló. Y agregó: "Fuimos a comer a la Brigada. Él estuvo tomando café y leyó el
diario (...) Su detención salió en los diarios".
Otro testimonio contra Ferranti fue el de un ex compañero suyo. El comisario
Rubén Páez, quien también fue jefe de la Brigada de La Plata, negó en octubre de
2000 que los detenidos de Avellaneda estuviesen a disposición de algún juez. "En
absoluto", sentenció.
A pesar de que el juez Schiffrin le dijera que los testimonios "indican a las
claras" que en esa Brigada funcionó un centro clandestino de detención, Ferranti
se mantuvo en la negativa.
"Mientras yo era subjefe de la Brigada, los detenidos se registraban y estaban a
disposición de un juez", dijo, con un tono de voz alto. "No tenía detenidos
políticos", añadió, por si quedaban dudas.
Ferranti dijo que su jefe en la Brigada de Avellaneda fue el comisario Bruno
Trevisán, quien también fue jefe del "Pozo de Quilmes". Cuando le preguntaron si
recibió alguna directiva especial tras el golpe de estado, el represor señaló:
"Sólo sobre delitos comunes. De lo otro, ni se hablaba".
Participantes
De las audiencias de hoy participaron los jueces Leopoldo Schiffrin y Julio
Reboredo; el fiscal general Carlos Dulau Dumm; el defensor ad hoc Jorge Cozzi;
las abogadas de la APDH La Plata, Alicia Peralta y Elizabeth Rivas; y la letrada
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, María Ester Alonso Morales.
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