Por Francisco Martínez y Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)
En 1984, un represor llamó a una Madre para
decirle dónde estaba su hijo
Le ocurrió a Nadia Vicentini, madre del desaparecido Guillermo Ricny. El
represor tenía datos concretos del secuestro, le pedía diez mil dólares y decía
que la Conadep estaba "infiltrada". También declararon un ex detenido y un
policía. Barros Uriburu no vino y ahora Bendini será responsable de que
comparezca.
Por Francisco Martínez y Lucas Miguel (Secretaría de Prensa)
LA PLATA (09jun04).-
La madre de un desaparecido contó hoy que fue "citada" en 1984 al penal de
Caseros por un presunto represor que tenía datos concretos del secuestro de su
hijo y le pedía dinero a cambio de información sobre su destino.
Esto le pasó a Nadia Vicentini, madre de Guillermo Ricny, secuestrado junto a su
esposa Graciela Nogueira el 21 de julio de 1977. Siete años después, un hombre
que estaba detenido en el penal de Caseros la convocó a ese lugar de detención
para "ofrecerle" el plan extorsivo.
"Me llamó el director del penal", declaró Vicentini, quien no pudo recordar el
nombre, y añadió que este funcionario estaba al tanto de lo que le proponían:
"Iban mitad y mitad", explicó.
El detenido le pidió a la madre de Ricny diez mil dólares a cambio de decirle en
qué lugar de una fosa común del cementerio de Avellaneda estaba enterrado su
hijo. La mujer le contestó que no tenía el dinero y que tampoco le interesaba.
"Si mi hijo está enterrado ahí con los compañeros, que se quede con los
compañeros", declaró.
Pero ese presunto represor dijo más cosas: afirmó haber estado en el secuestro
de Ricny y su esposa y le dio datos concretos. Vicentini los sabía porque ella
misma fue testigo e incluso fue secuestrada por unas horas.
"Me dijo que él había desinformado a la Conadep. Que esa comisión estaba
inflitrada" por represores, señaló Vicentini. Y agregó, más tarde: "También me
dijo que había torturado él mismo a Graciela (...) Que los norteamericanos le
habían enseñado a torturar en la escuelita de Panamá".
La mujer señaló que esto ocurrió en el otoño o el invierno de 1984, y que en una
mudanza perdió un texto que había escrito sobre las gestiones. Los jueces le
pidieron que, si en la tranquilidad de su hogar, podía hacer esfuerzos por
reconstruirlo.
En ese texto estaban los nombres de las personas involucradas en el plan
extorsivo. El represor que estaba detenido en Caseros le dijo a Vicentini que el
jefe del penal "había estado" en la masacre de Trelew, ocurrida en 1972.
El secuestro del matrimonio Ricny-Nogueira se produjo en su domicilio de
Bermúdez 633, Burzaco (Gran Buenos Aires). Pero esa noche habían ido al cine y
los represores los fueron a buscar al domicilio de Vicentini, en donde robaron
cosas de valor y "me llevaron de rehén por si mi hijo no aparecía". Allí estaba
el pequeño hijo del matrimonio, de casi 4 años, que declaró en este Juicio el
año pasado.
"Si no hubiese estado Nahuel en mi casa yo sería también Abuela de Plaza de
Mayo", reflexionó Vicentini.
La testigo señaló que se la llevaron en un auto y que escuchó cómo sus
secuestradores pedían permiso por una radio para "entrar a otra zona". Después,
el grupo represor se encontró con otro similar. "Ahí le pregunté al que me
custodiaba: '¿Hace mucho que haces esto? ¿No estás cansado?'. Y me contestó: 'Si
salgo, me chupan'".
Después, sintió que cargaban a su nuera en el auto. Escuchó que preguntaba por
su hijo. Horas después, Vicentini fue liberada, sin saber a dónde se habían
llevado a sus seres queridos.
Un mes después, un hombre mayor se contactó con ella para decirle que Guillermo
había estado con él en el centro clandestino "El Vesubio". La madre del
desaparecido nunca supo el nombre del sobreviviente.
La mujer dijo que realizó gestiones en la embajada de Alemania, ya que su esposo
era de esa nacionalidad. "Los alemanes nos recibían, nos ofrecían cenas. Pero
nunca hicieron nada", aseguró.
También, junto a otras madres, fue a ver al ex obispo de Lomas de Zamora,
Marcelo Colinos. "No nos recibió jamás. Era un militar con sotana. En vez de un
obispo, era un representante de allá abajo, del demonio".
Nadia Vicentini, que hoy tiene 77 años y dijo que su ocupación era "Madre de
Plaza de Mayo", pidió a los jueces que le digan si su declaración va a servir
para algo. "Quiero saber si alguien va a ir preso. Vamos a estar muertas
nosotras y ellos (por los represores)", afirmó. Al terminar su declaración,
pidió: "No me quiero morir sin ver la Justicia. Y ya estoy más cerca del arpa
que de la guitarra".
"Me ataron con cadenas"
También declaró Juan José Rúa, un sobreviviente que fue secuestrado el 14 de
octubre de 1977 junto a su esposa Herna Silva (fallecida), de su casa de
Témperley, en el sur del gran Buenos Aires.
Rúa recordó que los represores llegaron en tres autos y que quien comandaba el
grupo vestía un traje. Los llevaron a la Brigada de Quilmes: "Ahí me ataron con
cadenas a una columna. A mí mujer también. Todavía tengo las marcas de las
cadenas".
En ese centro clandestino estuvieron entre cuatro y cinco meses. Estaban
encapuchados sólo cuando los movían de lugar o venía "algún jefe".
Después, Rúa y su mujer fueron llevados a la comisaría 3° de Lanús, en Valentín
Alsina, donde pasaron otros seis meses. El sobreviviente se preocupó por
destacar que las condiciones de detención allí no eran mejores, y que les daban
muy poco de comer.
"Los policías tiraban cajas de pizzas sin abrir, enteras, y nosotros no comíamos
por tres días", recordó. "Si no fuera por los presos comunes, mi señora hubiera
muerto ahí. Le dio una hermorragia interna en el estómago por no comer, y los
familiares de los presos le llevaron leche, yogurt, y remedios", agregó Rúa.
El próximo lugar de detención fue la Unidad 9. La Cámara Federal le mostró a Rúa
su legajo del Servicio Penitenciario Bonaerense en el que constaba su ingreso
(octubre de 1978) y su egreso (mayo de 1979).
Su último destino fue la cárcel de Caseros. De ahí salió, con libertad vigilada,
recién hacia junio de 1980. "Yo pedí la salida del país y me la negaron. (El
ministro del Interior, Albano) Harguindeguy contestó que, por no ser peligroso,
yo era recuperable para la Nación", recordó.
Un policía casi jubilado
Hoy también declaró el policía Deolindo Ramón Velazquez, de 65 años, quien
actualmente ostenta el cargo de suboficial principal y presta servicios -tal
como lo hizo durante la dictadura- en la comisaría 3ra de Lanús.
De la misma forma en que lo han hecho los policías que declararon en las últimas
jornadas de audiencias, Velazquez reconoció la presencia de "detenidos
políticos" en los calabozos de aquella seccional durante la última dictadura
cívico-militar.
Cuando le preguntaron si veía con frecuencia a los detenidos, dijo: "Cómo no los
vamos a ver si estábamos ahí".
El policía dijo que durante la dictadura en los calabozos de la 3° sólo había
"detenidos políticos": "Los comunes iban a distintas comisarías", aseguró.
No obstante su contacto con los detenidos, sostuvo no saber cuántos estaban
alojados en la dependencia aunque indicó que nunca eran más de 10 o 12. El
abogado de la APDH La Plata, Jaime Glüzmann, le preguntó entonces qué capacidad
tenían las celdas y el policía replicó: "El criterio de cuántos (detenidos)
tenía que haber era todos los que querían poner. No les preguntaban si estaban
cómodos".
Si bien señaló que su función era la de patrullar las calles, reconoció que
durante un mes debió cumplir la de cabo de guardia. Es decir, a cargo del
cuidado de los detenidos. "Les cocinaba yo, por mi cuenta. Yo iba a la esquina,
a la carnicería, a pedir. Y mi hija tenía panadería. Llevábamos pan, facturas...
Les daba mate cocido a la mañana. Si tenía azúcar les ponía; si no, no", se
jactó.
Tras relatar el episodio, el juez Julio Reboredo le preguntó cuántas raciones de
comida preparaba, para de esa forma establecer la cantidad de detenidos
alojados. "No me acuerdo cuántos platos servía. Les daba un poquito a cada uno",
respondió Velásquez.
El ex policía, que cuenta los días para jubilarse -dijo que le quedan 41-,
aseguró que con sus compañeros "nunca hablamos sobre lo que pasaba (con los
detenidos). Hablábamos de algún problema nuestro, pero no de eso".
Barros Uriburu
Barros Uriburu no vino y ahora Bendini será responsable de que comparezca. Así
lo resolvió la Cámara Federal de La Plata. Ante la ausencia del coronel, que
debía comparecer hoy, el tribunal ordenó una nueva citación para la semana
próxima y responsabilizó de la presencia del militar al jefe del Estado Mayor
del Ejército, Roberto Bendini.
El coronel Nicolás Barros Uriburu, acusado de comandar ejecuciones de
prisioneros y la quema de sus cadáveres durante la última dictadura, no se
presentó hoy a declarar en el Juicio por la Verdad. La Cámara Federal resolvió
que deberá comparecer el próximo miércoles y responsabilizó al jefe del Estado
Mayor del Ejército, Roberto Bendini, de la presencia del militar en los
tribunales.
Barros Uriburu había sido citado a declarar hoy al mediodía en la causa en la
que se investiga el paradero de más de dos mil personas en la jurisdicción de
los tribunales federales de esta capital, a pedido de la APDH La Plata.
La Cámara Federal, con las firmas del presidente Leopoldo Schiffrin y del juez
Julio Reboredo, resolvió fijar una nueva audiencia "a fin de que el coronel
Nicolás Barros Uriburu comparezca a prestar declaración sin juramento el día 16
del corriente a las 12 horas, con uso de la fuerza pública si fuera necesario,
debiendo esta orden ser ejecutada bajo responsabilidad del señor jefe del Estado
mayor general del Ejército, general (Roberto) Bendini, sin perjuicio de la
citación que se efectúe por vía normal".
Esto significa que el militar deberá comparecer obligatoriamente el próximo
miércoles y que tiene dos opciones para presentarse: por sus medios o llevado
por la fuerza pública, que deberán ejercer sus camaradas del Ejército.
Dos abogados —uno de ellos, el platense Sebastián Hornero Barrios; el otro se
identificó como procedente de la Capital Federal— se presentaron hoy a las 10.30
en la secretaría del tribunal y dejaron un escrito a nombre de Barros Uriburu,
en el que el militar señala que le corresponde declarar por escrito o vía
exhorto y que, si fuera necesaria su comparecencia personal, pide que le paguen
los gastos de traslados.
El juez Schiffrin se enteró de la presentación hacia las 11.30, cuando estaba
tomando testimonio a un policía. Entonces, ordenó que fueran a buscar a los
abogados de Barros Uriburu para tomarles declaración testimonial, pero los
letrados ya no estaban en el edificio de los tribunales. Luego, los jueces se
retiraron de la sala con el fiscal general Rodolfo Marcelo Molina para deliberar
casi una hora acerca de la presentación del coronel.
Barros Uriburu, primer militar en actividad citado a declarar en este juicio,
dice en el escrito que hizo llegar que "atento al rango de coronel en actividad
que ostenta en la fuerza, se le permite volcar por escrito las manifestaciones
que estime corresponden o declarar vía exhorto ante la Cámara Federal con
jurisdicción en el asiento de su destino, Comodoro Rivadavia en este caso".
El militar cita el fallo de la Cámara Nacional de Casación en el caso "Corres,
Julián Oscar s/recurso de queja", en el que el máximo tribunal penal ordenó que
no se cite a miembros de las Fuerzas Armadas a declarar como testigos en los
juicios por la verdad, y señala que le corresponde el "tratamiento especial"
prescripto en el artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación, en el que
se sostiene que "no estarán obligados a comparecer" determinados funcionarios
públicos, como el presidente, los legisladores y miembros del Poder Judicial, y
"los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, desde el grado de coronel o su
equivalente, en actividad", entre otros funcionarios.
En su segundo párrafo, el artículo 250 señala que "según la importancia que el
juez atribuya a su testimonio y el lugar en el que se encuentren, aquellas
personas declararán en su residencia oficial, donde aquél (el juez) se
trasladará, o por un informe escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo
juramento".
No obstante estos argumentos, el militar dice en el escrito que "en caso de
contar el tribunal con la necesidad de hacer comparecer personalmente al
suscripto" solicita "la indemnización que prudentemente corresponda para los
gastos de traslado".
La Cámara Federal, por su parte, resolvió —con la adhesión del fiscal Molina—
que "la citación efectuada se ajusta a lo prescripto por la Cámara de Casación
Penal en la causa 'Corres, Julián Oscar s/ recurso de queja', toda vez que la
persona llamada a declarar no lo es en calidad de testigo y por consiguiente no
se beneficia con el tratamiento especial establecido por el articulo 250 del
Código Procesal Penal de la Nación".
En otras palabras, de la resolución se desprende que no se dan en este caso
ninguno de los supuestos esgrimidos por Barros Uriburu, dado que el coronel fue
citado a declarar sin la obligación de prestar el juramento al que están
obligados los testigos.
El militar, que actualmente se desempeña como director del Liceo Militar General
Roca de Comodoro Rivadavia (Chubut), estaba hoy en Buenos Aires "en comisión",
según informó Radio La Red de aquella ciudad a este organismo.
El 27 de mayo, la APDH La Plata solicitó al presidente Néstor Kirchner que "en
su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, arbitre los medios
necesarios para apartar en forma inmediata del cargo de director del Liceo
Militar General Roca y de cualquier otro cargo vinculado a la formación de
futuros militares al coronel Nicolás Barros Uriburu" y aún no ha obtenido
respuesta a ese pedido.
El 16 de julio de 2003 Barros Uriburu fue identificado en el Juicio por la
Verdad por el ex conscripto Miguel Ángel Pajón como el líder de un grupo de
militares que llevó a cabo ejecuciones masivas de prisioneros y quema de
cadáveres en la Compañía de Ingenieros X "Pablo Podestá" de San Martín.
El militar también había sido denunciado junto a otros camaradas por el ex
conscripto Héctor Enrique Torlaschi ante la Conadep por los mismos delitos.
Participantes
De las audiencias de hoy participaron los jueces Leopoldo Schiffrin y Julio
Reboredo; el fiscal general Rodolfo Marcelo Molina; el defensor ad hoc Jorge
Cozzi; y los abogados de la APDH La Plata, Jaime Glüzmann, Alicia Peralta y
Elizabeth Rivas.
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