Relatan la persecución a sindicalistas
santafesinos de Luz y Fuerza
Una sobreviviente contó a los jueces el seguimiento y las detenciones que
sufrieron los obreros del sindicato y su ex esposo, Daniel Benavidez,
desaparecido. Además, un ex policía que estuvo en las brigadas de Quilmes y
Lanús intentó desligarse de la represión.
Por Lucas Miguel y Francisco Martínez (Secretaría de Prensa)
LA PLATA (14abr04).-
La ex esposa de un desaparecido narró hoy ante la Cámara Federal de La Plata la
persecución que sufrieron los trabajadores de la Empresa Provincial de Energía (EPE)
de Santa Fe antes y durante la última dictadura cívico-militar.
Elena Ferrigutti declaró como testigo en la causa por la desaparición de su ex
marido, Daniel Albino Benavidez, que habría ocurrido en La Plata a mediados de
1977. Ambos eran delegados gremiales del sindicato de Luz y Fuerza en la empresa
de energía eléctrica —Ferrigutti hace 35 años que trabaja allí— y militantes de
la Juventud Trabajadora Peronista.
La persecución contra Benavidez comenzó en abril de 1975, cuando un grupo armado
realizó un allanamiento ilegal en la casa que éste compartía con su entonces
pareja, de nombre Soledad. "Los detuvieron durante cinco días. Me presenté en
los tribunales de Santa Fe y por disposición judicial recuperaron la libertad",
narró Ferrigutti, que había sido esposa de la víctima, padre de sus dos hijas.
En diciembre de 1975 otro grupo armado fue a la fábrica en busca de Benavidez,
pero no lo encontró. "Los del grupo de tareas estaban de civil y fueron en
Falcon. Se entrevistaron con el jefe directo de Daniel", dijo la testigo.
En enero del '76, días después del secuestro fallido, Benavidez pidió licencia
sin goce de haberes. La empresa le concedió la solicitud y él se fue con su
pareja, Soledad, y la beba de un año y medio que habían tenido juntos a San
Nicolás, en el noreste de la provincia de Buenos Aires. La mujer dijo que, así,
"pasaron a la clandestinidad".
Ferrigutti recordó que al día siguiente de haber obtenido el divorcio de su ex
esposo, el 9 de julio de 1976, la secuestraron de su casa. "Fue un grupo del
Ejército. Me llevaron al Cuerpo de Infantería de la Policía de Santa Fe", contó.
"Salvo unos golpes en la cabeza, no me tocaron", añadió. Y, emocionada, señaló
que conocía ese lugar desde niña "porque mi papá era jubilado de Policía y me
llevaba a jugar".
Esa detención ilegal se prolongó durante veinte días e incluyó a todos los
delegados gremiales de la empresa de energía eléctrica, que en ese momento
estaba a cargo del Servicio de Inteligencia del Ejército. "Volvimos a trabajar
aunque estábamos con suspensión preventiva (en la empresa) y nos detuvieron
nuevamente por averiguación de antecedentes. Nos tomaron huellas digitales",
declaró la mujer.
Benavidez fue dejado cesante el 19 de julio del '76, mediante el decreto N°865
del gobernador de facto, Jorge Desimone. El decreto, señaló Ferrigutti, invoca
la resolución N°47 de la empresa de energía del estado. Esa resolución, que la
testigo definió como "trucha", se refiere a una licitación y no a un eventual
problema laboral de Benavidez.
En octubre de aquel año, un grupo de civiles encapuchados ingresó a la vivienda
que ocupaba Benavidez con su pareja en San Nicolás. "Ellos escapan y la nena
queda en la cuna", aseguró Ferrigutti. La beba, que quedó provisoriamente en
casa de unos vecinos, luego fue devuelta a los abuelos paternos por orden de un
juez.
La pareja, en la clandestinidad, huyó a Villa Constitución, provincia de Santa
Fe. "A la semana, un operativo del Ejército mata a Soledad y Daniel logra
escapar", dijo la mujer.
A partir de ese episodio, el destino de Benavidez fue incierto. Ferrigutti lo
vio por última vez, "muy mal", en enero de 1977 en la ciudad de Buenos Aires,
que no era su lugar de residencia. Aparentemente, trabajaba en una fábrica de
yeso en las cercanías de La Plata.
Los contactos entre los dos siguieron por carta. Con nombres falsos, se
escribían a direcciones de estafetas postales. Benavidez usaba el nombre de
"Miguel Millevich" y recibía las cartas en la "estafeta Ariel del Plata, de la
ciudad de La Plata", dijo Ferrigutti, que al término de su declaración salió a
buscar ese lugar en esta capital.
"La última carta se la escribo en junio-julio de 1977. Él me enviaba una por mes
y me decía: 'Si pasa más de un mes sin que te escriba, no me busques'", recordó
la testigo. Benavidez fue visto por última vez en julio, en un bar de Buenos
Aires, por Daniel Monti, compañero de trabajo.
Como a partir de entonces no hubo más noticias de Benavidez, Ferrigutti inició
gestiones para buscarlo. "En Santa Fe no conseguí un abogado que me firmara un
habeas corpus", dijo. De hecho, nunca se presentó uno. En 1978, hizo la denuncia
en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y luego realizó trámites sin
resultado en el Ministerio del Interior.
Ferrigutti presentó hoy ante la Cámara Federal de La Plata un documento del
Archivo General de la provincia de Santa Fe. Allí se señala que en 1977 "la
Unidad Regional de la Policía de Mendoza informa que Benavidez, miembro de
Montoneros y el ERP, está a disposición de la Brigada de Montaña del Ejército".
La mujer dijo que le parecía un documento destinado a "despistar" en la búsqueda
de Benavidez y señaló como dato inverosímil que a la víctima se le atribuyera
militancia política en dos organizaciones con muy poco en común. "Él era
montonero", dijo.
La testigo habló también de sus sospechas de que los gerentes de la empresa
estatal proporcionaron a los represores la lista de los delegados gremiales, que
luego fueron secuestrados.
Dijo además que el Renault Gordini que era propiedad de Benavidez está en manos
de un policía de Paraná, provincia de Entre Ríos. Ese auto, que la víctima había
prestado a un amigo, apareció con manchas de sangre en Santa Fe y luego habría
sido apropiado por aquel policía.
Según Ferrigutti, sobre esto puede testimoniar su cuñado, Raúl Giménez, quien
"formó parte de la represión", estuvo detenido cuatro años durante la dictadura
y actualmente trabaja en una empresa de seguridad santafesina.
La fecha de desaparición de Benavidez es incierta. En el libro Memoria Debida se
señala el 7 de junio de 1977. En el expediente abierto en 2000 por la
indemnización estatal a los familiares de los desaparecidos dice, como fecha
estimativa, 1° de octubre de 1977. Pero hasta ahora no se ha encontrado una
prueba que acredite la fecha y el lugar exactos.
"Etchecolatz es un delincuente"
Hoy también declaró el ex policía Carlos Roberto García, quien durante la última
dictadura prestó funciones en la Brigada de Investigaciones de Lanús, con
asiento en Avellaneda (provincia de Buenos Aires), y que en la segunda mitad de
1975 fue funcionario de la Brigada de Quilmes.
García declaró como testigo. Antes de interrogarlo, el juez Leopoldo Schiffrin
le advirtió que no incurriera en "actitudes reticentes" y le explicó que fue
citado en ese carácter porque "no se lo presume autor de un ilícito".
García, de 58 años, reconoció la presencia de "detenidos políticos" en las dos
dependencias —en Quilmes, antes del golpe— y se desvinculó de la represión
ilegal: todo el tiempo repitió su baja graduación y denostó sus actividades como
oficial judicial y de servicio. "Por mi poca jerarquía siempre hice sumarios por
delitos comunes; no nos permitían hacer preguntas ni nada", dijo.
Según su legajo, García prestó funciones desde junio de 1975 a marzo de 1977 en
la Brigada de Quilmes, el Pozo, y luego en la Brigada de Lanús, conocida como
"El Infierno". El ex policía dijo que esa información era errónea y que sólo
estuvo en Quilmes los últimos seis meses de 1975. Señaló también que de enero a
junio de 1976 prestó funciones en Lanús y que de ese mes a diciembre del mismo
año hizo un curso en la Escuela de Oficiales.
Sin embargo, ese año recibió la orden San Miguel Arcángel por "actos destacados
de servicio". Dijo que la Jefatura otorgaba el premio "como incentivo para los
más jóvenes" y lo atribuyó a un enfrentamiento que tuvo con "tres delincuentes
que quisieron asaltarme".
Indicó que en Quilmes, antes de la dictadura, "iban militares y hablaban con los
jefes" y que le estaba vedado el ingreso al tercer piso, donde se alojaba a los
"detenidos políticos". La jefatura de esa dependencia, señaló, estaba a cargo de
un comisario de apellido Bértoli.
García aseguró que el jefe de la Brigada de Lanús, el comisario (Bruno) Trevisán,
le dijo frases como: "De acá para acá, estos calabozos no los controlás", "No te
metés en nada que no te corresponde" y "si traen detenidos de otros lados no te
tenés que meter". Trevisán fue procesado por delitos cometidos en el "Pozo de
Quilmes" y beneficiado con la ley de Obediencia Debida.
El testigo señaló además que a los presos ilegales "los cuidaba gente del jefe".
En este sentido, indicó que los prisioneros estaban bajo control policial y que
los militares no visitaban la dependencia.
"No presencié ningún interrogatorio que no fuera por delitos comunes", reiteró.
"Yo limpiaba, pasaba lista a los detenidos comunes. Me limitaba a hacer lo que
me ordenaban", abundó. "Quién se iba a arriesgar a perder la vida", preguntó
sorpresivamente.
A pedido de la Cámara Federal, el ex policía hizo un croquis de la Brigada de
Lanús y la describió como un lugar pequeño. El fiscal Hugo Cañón, entonces, le
preguntó si escuchaba los gritos de los torturados y contestó que no.
Luego, Cañón quiso saber si en el curso que hizo en la Escuela de Oficiales le
"enseñaron el uso de la picana". García reaccionó como ofendido: "No, doctor,
qué me dice".
El fiscal, entonces, le narró el conocido episodio en el que el ex director de
Investigaciones de la Policía, Miguel Etchecolatz, exhibió una picana durante
una visita de estudiantes de derecho de la Universidad de La Plata a una
comisaría. "El señor Etchecolatz es un delincuente condenado", dijo, con
molestia, García.
Operativo en 11 y 35
También declaró Ana María Haristeguy, por la desaparición de su hermana Susana
Inés, quien habría sido asesinada en un operativo contra una vivienda de la
calle 11 esquina 35, de esta ciudad, el 24 de enero de 1977.
Haristeguy declaró que en esa época vivía en un campo cercano a Benito Juárez
(interior de la provincia de Buenos Aires) y que supo de los hechos por
referencias de su familia y de los familiares de Rubén Mario Molina, novio de
Susana, quien también habría resultado muerto en el operativo.
La testigo contó que tanto Susana como su otra hermana, Estela Virginia, vivían
en La Plata, donde estudiaban Psicología. Relató que la última vez que vio a
Susana fue cuando partió a esta ciudad en enero de ese año, para rendir la
última materia.
Poco tiempo después de esa despedida, Ana María recibió la visita intempestiva
de su hermana Estela: había sido traída por su suegro hasta el campo de Benito
Juárez escondida en el baúl de un auto. Sentía que la perseguían. "Creo que ya
daban a mi hermana por desaparecida", dijo Haristeguy.
La mujer señaló que Estela, quien hoy vive en Salta, podría brindar más datos de
lo que vivieron ella y Susana en La Plata. Haristeguy señaló que los pocos datos
del operativo los obtuvo de la familia Molina.
En septiembre de 1999, declaró en el Juicio Daniel Molina, hermano de Rubén.
"Por intermedio de un abogado tuvimos alguna información indirecta que no
pudimos constatar —afirmó—. Aparentemente en el enfrentamiento habrían
participado tres automóviles Torino, y al comando del mismo habría estado el
Comisario Etchecolatz".
El hermano del desaparecido continuó así su relato: "Prácticamente no fue un
enfrentamiento sino un tiroteo desde los automóviles hacia el departamento, creo
que sin ninguna respuesta de adentro. Por una fuente similar conseguimos también
el dato de que 24 horas después la compañera de mi hermano, Susana Haristeguy,
había sido hallada sin vida en el departamento de al lado, en la casa vecina".
Lo cierto es que los cuerpos de Molina y Haristeguy nunca aparecieron. Ana María
declaró hoy que una vez pasó por el frente de la casa: "Era un colador",
recordó.
La testigo señaló que sus padres tuvieron el teléfono intervenido por más de un
año en su domicilio de Necochea. Añadió que en 1978 ó 1979, el Ejército allanó
la manzana en la que vivían los progenitores y revisó casa por casa.
Haristeguy también recordó que una compañera de su hermana, Graciela Beatriz
Saguez, está desaparecida, al igual que el esposo de ésta, de apellido Perdigue.
Familia secuestrada
También declaró el ex detenido-desaparecido Miguel Angel Laporta, quien contó
que fue secuestrado junto a su familia cuando tenía 17 años.
Todo ocurrió en septiembre de 1976, en el domicilio de Capitán Rosas 2471,
Banfield. Un día, a la tarde, uniformados de la Policía Provincial secuestraron
a Miguel Angel, a su hermana María y a la madre de ambos, hoy fallecida.
Buscaban a otro de los hermanos: Roberto Laporta, quien hoy está desaparecido,
al igual que su mujer, Norma Molina.
Los llevaron a todos a la Brigada de Quilmes. "Me torturaron preguntándome por
mi hermano", declaró Laporta. Dijo que lo alojaron en el 3° piso de la Brigada,
conocida como "Pozo de Quilmes", dependencias que el ex detenido hoy reconoció
en un plano del libro "Nunca más".
Unos días después, apareció en ese centro clandestino su hermano Roberto. Miguel
Angel recordó que "lo sacaban a la calle para marcar gente, pero sus compañeros
ya estaban todos muertos".
En Quilmes, declaró Laporta, "había un viejo con un palo con pinche que te
pegaba en las manos y en la cabeza". También recordó que años después vio a uno
de los represores en un banco en Quilmes y a otro en Lomas de Zamora.
El ex detenido señaló que, tras estar varios meses en el "Pozo de Quilmes", lo
llevaron a un lugar que no supo precisar dónde quedaba. "Era una cárcel vieja,
había inscripciones sobre jugadores de fútbol", reseñó.
Después, lo llevaron al Regimiento de La Tablada, de donde lo liberaron "diez
días antes del Mundial '78", o sea, mediados de mayo de ese año.
Laporta señaló que también sus vecinos en Banfield fueron secuestrados. Se trata
del matrimonio compuesto por Carlos Guillermo Robles y Martina Espinoza,
desaparecidos en Quilmes el 13 de septiembre de 1977. Por este caso declaró en
noviembre de 2002 María Rosa Pugliese, madre de Robles.
Testigo poco creíble
El último de los testigos fue Osvaldo Roberto Gómez, el hombre que provocó un
escándalo en el acto de los organismos de Derechos Humanos realizado en La Plata
el 16 de marzo pasado. Allí dijo: "Yo pertenecí a la represión". Y fue retirado
por integrantes del público, entre quienes había algunos que lo insultaban a los
gritos.
Su testimonio, sin embargo, fue poco creíble y de hecho desató algunas risas y
sonrisas entre los asistentes a la audiencia. Gómez no fue preciso y sólo
pareció ser un ex conscripto de la Fuerza Aérea enemistado con los militares.
Dijo que en 1973 entró al entonces Servicio Militar Obligatorio, hasta marzo de
1975. "Ahí me dieron la baja, pero no me largaron, se quedaron con mi documento.
Porque mi tío, el general Ojeda, me odiaba", señaló.
Gómez dio muchas vueltas y el juez Leopoldo Schiffrin llegó a decirle: "No veo
que usted nos informe sobre lo que nosotros investigamos".
Después, dijo que siendo conscripto se había enterado que en el cementerio de
Morón se quemaban cadáveres durante la dictadura, aunque no dio fechas. "Hacían
un pozo de diez metros; yo ví el pozo. Echaban el cadáver y lo prendían fuego",
señaló, aunque ante una pregunta puntual afirmó no haber sido testigo de esos
hechos.
Como Gómez dijo haber estado en la Fuerza Aérea, Schiffrin le preguntó por el
centro clandestino que manejaba esa arma, la Mansión Seré. "No sé", fue la parca
respuesta.
Participantes
De las audiencias de hoy participaron los jueces Leopoldo Schiffrin y Julio
Reboredo; el Fiscal General Coordinador, Hugo Cañón; los abogados de la APDH La
Plata Jaime Glüzmann, Alicia Peralta y Marta Vedio; la abogada de Abuelas de
Plaza de Mayo, María Esther Alonso Morales; y el defensor oficial ad hoc, Jorge
Cozzi.
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