Miércoles 29 de Septiembre de 2004

Informe de Prensa de la APDH La Plata - Juicio por la Verdad

El militar Vargas se negó a declarar por el conscripto desaparecido
Trajo un cuerpo de abogados que presentaron escritos para impedir su declaración. Pero la Cámara decidió realizar la audiencia, aunque "sin juramento" del militar. En 1977, Vargas envió en comisión a Héctor Irastorza, que fue secuestrado cumpliendo el trámite.

Por Francisco Martínez y Vanina Wiman (Secretaría de Prensa) 

LA PLATA (29sep04).- El coronel retirado Juan José Luis Vargas se negó a declarar este mediodía en el Juicio por la Verdad por el caso de la desaparición en 1977 de un conscripto que estaba bajo su mando en un regimiento de Puerto Deseado (Santa Cruz).

Vargas, que trajo un numeroso cuerpo de abogados que presentaron dos escritos para impedir su declaración, fue citado por el secuestro y desaparición de Héctor Manuel Irastorza, un joven veterinario de 25 años que estaba haciendo el servicio militar en el Escuadrón de Caballería Blindada 9 del Ejército.

El militar fue convocado por la Cámara Federal a raíz del testimonio de la madre del desaparecido, Huri Qüesta de Irastorza. La mujer había dicho que el 26 de febrero de 1977 fue al regimiento a visitar a su hijo y allí le dijeron que estaba ausente desde el día 10, y que se habían iniciado los trámites para declararlo desertor.

El entonces mayor Vargas, quien envió a Irastorza en comisión a Comodoro Rivadavia, recibió a los padres del joven y les preguntó si su ausencia no se debía a alguna "mujercita" que andaría "entre medio".

La Cámara había decidido citar a Vargas como testigo pero hoy cambió el criterio y prefirió tomarle declaración sin juramento, basándose en el fallo de la Cámara de Casación en el caso "Corres" (en el que se prohibió a los tribunales inferiores citar a los militares como testigos), en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los escritos presentados por los abogados del militar.

La audiencia fue muy corta. Huri Qüesta se sentó en la segunda fila, junto a otras dos Madres, y buscó que el militar la reconociera. "Me voy a sacar los anteojos porque en esa época no los usaba", le comentó a una Madre.

El juez Leopoldo Schiffrin dijo que, para el Tribunal, el coronel retirado se ubica "en situación de posible imputado", por lo que le comunicó que lo relevaba del juramento y le señaló que debía designar a un abogado de confianza. Fue allí cuando un hombre trajeado se levantó de la última fila de asientos y dijo: "Está presente su abogado, soy yo, señor juez".

Schiffrin añadió que existía "un testigo muy importante" que declaró haber estado con Irastorza en el centro clandestino "La Cacha", entre marzo y abril de 1977. Se trata de Patricia Pérez Catán, quien en los años '80 le comunicó por carta a la madre del desaparecido de esa situación: "No podemos permitir que tanto horror se olvide y si nuestro testimonio vale para acusar y luego juzgar a los responsables de tanta barbarie, lo daremos cuantas veces se nos necesite. Sí, señora, yo estuve con Héctor, que le decían «El Pesca». Nuestros colchones eran el piso, estaban bastante cerca y pudimos charlar bastante, así que supe que él estaba haciendo el Servicio Militar. Lo detuvieron en el sur y luego lo llevaron a «La Cacha»", escribió la sobreviviente.

Mientras la secretaria leía una parte de la declaración de Qüesta, de mayo de 2003, en la que la mujer relataba la reunión con el militar, Vargas miraba al techo. "Mi hijo le enseñó a leer y a escribir a siete soldados", relató la Madre en esa testimonio.

Vargas no abrió la boca para decir que se negaba a hablar del tema. Lo hizo su abogado: "Mi asistido va hacer uso del derecho de abstención a declarar", señaló el letrado Alfredo Solari.
Entonces, la audiencia terminó. Huri Qüesta miró desde su asiento al militar cuando pasó a su lado, pero Vargas le negó la mirada.

La madre del desaparecido decidió abordarlo en el pasillo de Tribunales. En ese diálogo, Vargas le dijo que había decidido mandar a Héctor en comisión porque lo consideraba "el mejor soldado".

Héctor Irastorza, según el relato de su madre, fue bajado por personal militar del ómnibus que hacía el trayecto entre Puerto Deseado y Comodoro Rivadavia. Lo detuvieron en Caleta Olivia, 75 kilómetros antes de llegar a destino. Un testigo podría ser el chofer del ómnibus Transporte Patagónico, de apellido Zapata.

En el legajo militar que llegó esta semana a la Cámara, constan sus servicios como edecán presidencial del dictador Jorge Rafael Videla, a partir de noviembre de 1979. En 1976, cumplió funciones en Campo de Mayo.

Actualmente, Juan José Luis Vargas vive en el piso 28 del edificio de Avenida Libertador 8008, en Capital Federal. Según la inmobiliaria Lepore Propiedades, el alquiler de un departamento en esa torre ronda los 600 dólares mensuales.

Careo entre policías

También se produjo un careo entre los ex policías Luis María Coliva y Lucas Gumersindo Belich, que en un principio fue planteado sobre el funcionamiento del centro clandestino "Pozo de Quilmes".

En sus respectivas declaraciones, los ex policías habían incurrido en una contradicción: mientras Belich reconoció la presencia de los detenidos ilegales, Coliva la negó.

Pero durante el careo el Tribunal se orientó a establecer si los policías habían prestado servicios en la Brigada de Quilmes en la misma época. Del cotejo de legajos resultó que sí, pero Coliva se defendió diciendo que "hay errores tremendos" en su legajo.

Coliva añadió que su jefe fue el represor Bruno Trevisán, con quien luego se fue a trabajar a la sede de otro centro clandestino: la Brigada de Lanús con asiento en Avellaneda. En este punto coincidió con Belich, quien dijo: "Sí, cuando se fue, Trevisán se llevó a su gente".

Tanto Belich como Coliva dijeron desconocerse mutuamente, aún cuando en sus legajos consta que trabajaron en la Brigada de Quilmes en 1976.

Marcos Pedro Bruno (h)

En otro orden, declaró Marcos Pedro Bruno, cuyo padre —de igual nombre— está desaparecido. El testigo, que al momento del secuestro tenía 18 años, contó que esa madrugada irrumpió un grupo de hombres de civil armados en la casa de la familia, en calle 505 esquina 566, del barrio Libertad, en Florencio Varela.

“Registraron todo, a mi papá le pegaron, le agarraron la garganta”, contó hoy Bruno. Y añadió que después ingresó un segundo grupo de secuestradores, que traían con ellos a un joven encapuchado: “Le sacaron la capucha y asintió”. Luego se llevaron a los dos.

Según un habeas corpus presentado por un abogado amigo de la víctima, este episodio ocurrió el 11 de febrero de 1977. Sin embargo, el hijo del desaparecido dijo hoy que fue en 1976: recordó que su padre tenía iniciada una demanda laboral por despido y que fue secuestrado antes de poder presentarse a la audiencia de conciliación. El abogado de la APDH La Plata, Jaime Glüzmann, pidió que se busquen los expedientes correspondientes a esa causa, para poder precisar la fecha de la desaparición.

Participantes

De las audiencias de hoy participaron los jueces Leopoldo Schiffrin y Julio Reboredo; en representación del Ministerio Público Fiscal, Hernán Schapiro; el defensor ad hoc Jorge Cozzi; y los abogados de la APDH La Plata Jaime Glüzmann y Alicia Peralta.