Informe de la Secretaría de DDHH de A.D.U.M.
y la Comisión del Juicio por la Verdad de Mar del Plata
En la ciudad de Mar del Plata, el 19 de marzo, el Tribunal integrado por los doctores Mario Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra, escuchó el testimonio del Dr. Rodolfo Díaz, actual presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata.
Informe de la Secretaría de DDHH de
A.D.U.M.
y la Comisión del Juicio por la Verdad de Mar del Plata
El Dr. Rodolfo Díaz, presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, manifestó que el día 6 de julio de 1977 se produjo el secuestro del Dr. Camilo Ricci y del Dr. Hugo Alais, en un procedimiento efectuado en el estudio del primero, sito en calle Falucho 2026, PB "c", de esta ciudad. En ese momento
La esposa del Dr. Ricci le pidió al Dr. Díaz que interpusiera Recurso de Hábeas Corpus, lo que realizó a primera hora del día 7 de julio ante la justicia ordinaria y federal. Asimismo formuló denuncia penal ante la justicia provincial, se entrevistó con el Dr. Pedro Hooft, juez provincial, y con la Dra. Ana Teodori, jueza subrogante a cargo del Juzgado Federal. El Dr. Hooft se comprometió a interceder personalmente para lograr el paradero del Dr. Ricci, mientras que la Dra. Teodori le manifestó que como jueza no iba a quedar "pagando" y que no iba ni siquiera a diligenciar oficio alguno. Según le manifestó el Dr. Ricci, el Dr. Hooft se habría hecho presente en el GADA 601 para pedir por su liberación. También consiguió por influencia del Dr. Solari Brumana, una entrevista con el entonces oficial a cargo del Comando Radioeléctrico de la Policia de la Provincia de Buenos Aires, de apellido Zubielki. En esa oportunidad el oficial reconoció que el procedimiento podía haber sido perpetrado por las Fuerzas Armadas, aunque precisando que no se sabía concretamente de donde podía venir ni donde podían estar los secuestrados.
El Dr. Ricci apareció con vida dos días después, lo tiraron encapuchado desde un automóvil. En septiembre de 1977 recibió un oficio del Juzgado Federal que le notificaba que el recurso de Hábeas Corpus era desestimado, con la imposición de costas al presentante, lo que le fue intimado a efectuar mediante oficio posterior. En la justicia federal esta era una manera de intimidar a los profesionales: cargarlos con las costas ante la imposición de los Habeas Corpus. En relación a la justicia provincial jamás tuvo respuesta.
El Dr. Diaz hizo entrega al Tribunal de la documentación que acredita los trámites judiciales oportunamente iniciados.
El Dr. Diaz agregó que en ese entonces, y a medida que se conocía del secuestro de otros abogados, el Colegio de Abogados de Mar del Plata se convocó en Asamblea Permanente y que para esa oportunidad vinieron el Presidente del Colegio de Abogados de Provincia de Buenos Aires así como también de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
También destacó que algunos jueces de la época militar incurrieron en la comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y que lamentablemente, ya en democracia, recibieron acuerdo de la autoridades constitucionales. Para el Dr. Diaz lo más reprochable en estos magistrados no fue el hecho de no haber logrado que los Hábeas Corpus no prosperaran, dado que en muchos casos a ellos mismos les negaban la información desde el ejecutivo, sino que lo más grave y reprochable fue que no hicieron todo lo que sí, podrían haber hecho. Esto quedó evidenciado en la actuación del Dr. Pedro Hooft en el caso Candeloro. En esa oportunidad el magistrado recibió la comunicación que el Dr. Candeloro supuestamente había sido abatido por las fuerzas armadas y no lo puso en conocimiento de los familiares que habían promovido el Habeas Corpus y ni siquiera pidió el cuerpo ni ordenó la pericia correspondiente. A su juicio esta actitud de los jueces es más grave que las leyes de obediencia debida y el punto final.
Para el Dr. Diaz el secuestro de los abogados fue parte de un plan orquestado tendiente a que no existiera Poder Judicial sino una mera administración de justicia. La mayoría de los abogados que desempeñaban su profesión con coraje en el ámbito laboral, por representar intereses contrarios al régimen a imponer, a la transición económica en marcha, fueron víctimas del terrorismo de estado.
También agregó que en esa época los jueces eran abogados nombrados por una especie de comisión integrada por abogados y ex - jueces que se reunían en el café "Temis", ubicado en la esquina de Tribunales. Si bien no le consta personalmente sino a través de comentarios o rumores, esa comisión encargada de la selección de los candidatos a jueces habría estado integrada por el Dr. Clement, Dr. Cazaux, Dr. Viñas, Dr. D´Angelo, entre otros. A él le ofrecieron ser juez en esa época y el ofrecimiento se lo hizo el Dr. Solari Brumana, quien le aseguró que el régimen militar duraría 10 años. El rechazó ese ofrecimiento porque nunca estuvo de acuerdo con el gobierno de facto. Este ofrecimiento nunca lo hizo pública, solo lo compartió con su esposa. Sin embargo días después, en la esquina de Brown y Buenos Aires, se cruzó con el Dr. Tejerina quien lo felicitó por su nombramiento como juez, ignorando que él había rechazado el ofrecimiento. Es por esta razón que estima que el Dr. Tejerina tenía contacto con el Dr. Solari Brumana en relación al tema de la designación de los jueces. Ya antes del golpe se sabía que el abogado que presentaba más de tres Hábeas Corpus corría peligro. Por eso era difícil conseguir abogados que firmaran. Por ello el Consejo Directivo del Colegio de Abogados comenzó a firmar institucionalmente.Debido a esas circunstancias la esposa del Dr. Salerno no conseguía quien le firmara cuando el Dr. Salerno fue detenido junto al Dr. Fertita y sometido a severas torturas. El Dr. Diaz aseguró ante el tribunal, que el Dr. Salerno, quien aforytunadamente sobrevivió, está decidido a declarar en esta causa. Ante preguntas del Dr. Sivo contestó que no conoció casos en que los jueces hayan desaparecido por renunciar así como tampoco que alguno de los magistrados de entonces recibiera orden alguna prohibiéndoles renunciar. En aquella época no se observaba la presencia de personal perteneciente a las fuerzas armadas en el edificio de tribunales. Tampoco le consta que los jueces informaran a las autoridades militares quienes eran los abogados que firmaban los Habeas Corpus. Sin embargo conocía ó sabía que existían reuniones de jueces de Mar del Plata con el general Camps en la Unidad Regional. Según se decía, allí recibían órdenes pero no le consta personalmente. Asimismo manifiesta que no conoce de ningún juez que haya manifestado públicamente haber sentido temor en ese entonces ó arrepentimiento actual por lo sucedido en esa época. Una vez concluída la declaración, el Dr. Sivo solicitó la palabra a fin de que quede constancia de lo que surge de la documentación entregada por la Licenciada Marta García de Candeloro en la audiencia anterior, que descalifican las declaraciones radiales del Dr. Hooft en el sentido que la Sra. Garcia de Candeloro había retirado el expediente sin haberlo devuelto nunca. En este sentido manifiesta que tal como surge de las constancias incorporadas en la audiencia anterior el Dr. Hooft no contestó los oficios enviados por el Juzgado Federal de Neuquén en los que se solicitaba información acerca del lugar y fecha del fallecimiento de Jorge Roberto Candeloro; esos oficios se libraron con fecha 22 de diciembre de 1980 (nº3327), 4 de marzo de 1981 (nº415), y 14 de abril de 1981 (nº 872). Ante esa circunstancia el Juzgado Federal de Neuquén elevó la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando se requiriera al Juzgado Provincial a cargo del Dr. Hooft la urgente producción del informe, lo cual se dejó sin efecto, pues ese mismo día se recepcionó el informe proveniente del Juzgado Provincial. En contraposición con esta actitud es llamativo la celeridad con la que contestó un oficio librado por el entonces Coronel Dante Caridi, quien en fecha 24 de julio de 1980, le solicitó copia de la causa sustanciada en relación a la desaparición de Jorge Roberto Candeloro. Con fecha 24 de julio el Dr. Hooft ordenó la extracción de copia íntegra del expediente de mención y su remisión al Coronel Caridi. Esto descalifica totalmente las afirmaciones del Dr. Hooft en estos días quien expresó públicamente, vía radial, que el expediente había sido retirado por la Licenciada García de Candeloro el 8 de abril de 1980 y nunca había sido devuelto al Juzgado. Si fuera así no se explica como el Dr. Hooft pudo extraer copia íntegra de la causa con fecha 25 de julio de 1980 y remitírsela al Coronel Caridi.
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