I- DATOS DE LOS QUERELLANTES: Que los datos de los querellantes son: Susana Ida Moyano, argentina, mayor de edad, casada, ama de casa, con D.N.I. 10.271.258, domiciliada en Tercer Barrio COVIMET, Manzana F, Casa 23, Godoy Cruz, Mendoza; y María del Carmen Gil de Camín, LC. 3.043.466 y Elba Lilia Morales, DNI 3.499.576, ambas argentinas, mayores de edad, representantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza, con domicilio social en San Lorenzo 478 de la Ciudad de Mendoza.

II. DOMICILIO LEGAL: Que junto con sus letrados patrocinantes viene a constituir domicilio legal en San Lorenzo 478, Ciudad de Mendoza, sede del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (M.E.D.H.).

III. OBJETO: Que vienen a promover acción penal por los hechos que se denuncian a continuación a raíz de los cuales resultó la ausencia por desaparición forzada de JORGE DANIEL ROBERTO MOYANO, hermano de Susana Ida Moyano.

Así mismo se constituyen en querellantes en los términos de los arts. 82 a 83 del CPPN, en contra de quienes resulten imputados por la responsabilidad mediata e inmediata en los hechos que originaron la desaparición forzada que motiva esta presentación y cuya exhaustiva investigación dejan peticionada.

IV. LEGITIMACION: Susana Ida Moyano se presenta en calidad de hermana del desaparecido Jorge Daniel Roberto Moyano, lo que se acredita con las partidas de nacimiento que se acompañan.

Legitimación del M.E.D.H: El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, es una institución de incuestionable trayectoria en la defensa de los derechos humanos, su legitimidad ha sido fundamentada y reconocida en diversas causas que tramitan ante la Justicia Federal de Mendoza a cuyos antecedentes remitimos de las que podemos citar a la Causa Nº 3487, caratulada "Búsqueda del destino de personas desaparecidas" relativa a los Juicios por la Verdad que tramitara ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, representando a más de 40 familiares de desaparecidos.

Asimismo, ha sido admitido como querellante en causa Nº 84.087-A, caratulados "F/p, Av. Delito", y en causa Nº 85.742-A caratulado "Secretaría de Derechos Humanos f/denuncia" en la cual se investiga el funcionamiento durante la Dictadura Militar de un Centro clandestino de detención, dependiente de Fuerza Aérea, detectado y denunciado por este organismo en el mes de mayo del 2004.

Se acompaña en copia poder otorgado por el MEDH central a las representantes de la Regional Mendoza.

V. DATOS PERSONALES DE LA VICTIMA: Los datos personales de la víctima son los siguientes: Jorge Daniel Roberto Moyano, argentino, nacido en Mendoza el 10 de abril de 1954, hijo de Alejandro Idrain Moyano y de Nadelia Vega (ambos fallecidos), de estado civil soltero, estudiante, D.N.I. 10.907.417, con último domicilio en Paraguay 1240 de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, Mendoza.

VI. HECHOS: A fin de cumplimentar con lo dispuesto por el art. 83 inc. 2 del C.P.P.N. se realiza un breve relato de los hechos en que se funda esta petición:

Jorge Daniel Roberto Moyano era estudiante de la Escuela Superior de Periodismo y militante del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Integraba el Centro de Estudiantes, junto con otras personas que están desaparecidas, tales como su presidente Billy Lee Hunt, su secretaria Raquel María Moretti, Edesio Villegas, Aldo Casadidio, Raúl Walter Reta, todos casos oportunamente registrados por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas.

El día 12 de mayo de 1976, Jorge Daniel Roberto Moyano se encontraba en el domicilio de sus amigos, Víctor Manuel Sabatini y Nélida Lucía Allegrini de Sabatini ubicado en Chile 6565 del Barrio Santa Ana, Villanueva. En horas de la madrugada se realizó un operativo de fuerzas conjuntas en aquel lugar. Víctor Manuel, Nélida Lucía y Jorge Daniel fueron conducidos al Departamento de Informaciones (D-2) en el Palacio Policial. Sabatini y Moyano fueron alojados en el mismo sector y luego de ser llevados simultáneamente a los interrogatorios y a sesiones de tortura, Jorge no regresó a su celda. Desde ese momento se produjo su desaparición forzada, ya que nunca pudo saberse si fue trasladado a otro centro o si falleció como consecuencia de las torturas recibidas. Esta posibilidad sería la más acertada pues se desprende de los dichos de testigos, cuyos testimonios se ofrecerán en el capítulo respectivo.

Fueron testigos de la detención de la víctima y/o de su presencia en el D-2, Víctor Manuel Sabatini (actualmente fuera del país), Nélida Lucía Allegrini, Eugenio París, Raúl Aquaviva, Carlos Alberto Roca. Todos ellos sometidos a Consejo de Guerra Especial Estable Nº 1 para las áreas 331/6 (sentencia obrante en autos 74.160-A "Fs.c/Sabatini Víctor Manuel y Zárate Nicolás Antonio p/Inf.ley 20.840").

La desaparición forzada de Moyano fue denunciada ante la CONADEP bajo el legajo Nº 3519 y declarada por el Juez titular del Segundo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas de la Provincia de Mendoza, Dr. Mario F. Evans mediante sentencia del 16 de Agosto de 1996 en los autos Nº 136.511 caratulados "Moyano, Jorge Daniel Roberto p/Declaración Desaparición Forzada".

Los legajos Nº 6835 y 5179 en los que ex presos políticos denuncian el caso se encuentran archivados en la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Por su parte, obra en el MEDH Regional Mendoza una denuncia presentada a la Comisión de Familiares durante la dictadura militar, firmada por el señor Alberto Roca, padre del ex preso político Carlos Alberto Roca, DNI 10. 730.142, en la que manifiesta que su hijo conoce que Daniel Moyano murió en el D-2.

VII. CRIMENES DE LESA HUMANIDAD: Los hechos descriptos en la presente querella forman parte de los denominados "crímenes de lesa humanidad", delitos del derecho penal internacional que se caracterizan por negar a la humanidad en su conjunto, poniendo en peligro o lesionando bienes indispensables para la preservación de la especie humana y es a la luz de los principios del Derecho Penal Internacional que deben ser interpretados y juzgados.

Al decir de la Corte Suprema, los crímenes de lesa humanidad tienen como presupuesto común el de "dirigirse contra la persona o condición humana y en donde el individuo como tal no cuenta, contrariamente a lo que sucede en la legislación de derecho nacional común, sino en la medida en que sea víctima colectiva a la que va dirigida la acción…justamente por esta circunstancia, de la que participan los crímenes contra la humanidad, como los tradicionalmente denominados crímenes de guerra, que se los reputa como delitos contra el derecho de gentes que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar porque merecen la sanción y la reprobación de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales" (Fallo 318:2148, considerandos 31 y 32).

En consecuencia se trata de delitos imprescriptibles, es decir, que permanecen vigentes hasta tanto no se juzgue y condene a los responsables, conforme a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Delitos de Guerra y de Lesa Humanidad, pues repugna a la comunidad internacional que estos delitos queden impunes por el solo transcurso del tiempo.

VIII. RESPONSABLES: La responsabilidad por estos hechos comprende a todos los que de algún modo han intervenido, en su calidad de autores mediatos y directos, en función de los distintos grados de responsabilidad asumidos, de acuerdo a los principios desarrollados por Roxin a partir de los casos jurisprudenciales Eichmann y Staschynski y formulada como "teoría del dominio de la voluntad a través de aparatos organizados de poder", principios consagrados por nuestra Jurisprudencia en la Causa Nº 13 contra las Juntas Militares en el año 1985.

Así, la moderna doctrina penal, a fin de dar respuestas a situaciones que NO PUEDEN ENCUADRARSE EN LOS CRITERIOS TRADICIONALES, entendió que la responsabilidad penal debe basarse en la teoría del dominio del hecho, considerando AUTOR a quien domina el hecho, quien retiene en sus manos el curso causal y que por tanto puede decidir sobre el sí y el cómo del hecho, quien tiene la posibilidad de decidir la configuración central del acontecimiento. Esta teoría producida por el finalismo de Welzel, fue desarrollada y precisada en sus límites y contenidos por Claus Roxin en su obra "Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal" (Ed. Marcial Pons, Madrid, Edición 2000).

Este autor parte de la idea expresa que quienes mueven los hilos de un aparato organizado de poder, tienen interés en la realización del hecho, tanto como el inductor, por lo que el fundamento de su autoría no puede sustentarse en una posición subjetiva con relación al hecho que se realiza, sino sólo en el mecanismo de funcionamiento del aparato en el marco en el que se actúa.

La tesis del dominio del hecho debe ser utilizada a fin de juzgar los delitos de lesa humanidad que aquí denuncian, por cuanto aquellos fueron cometidos mediante la utilización de un aparato organizado de poder desarrollado desde el Estado y en el marco de la no vigencia del Estado de Derecho.

Por lo expresado promovemos la presente constitución de querellante contra todos aquellos que a la fecha de la comisión de estos CRIMENES DE LESA HUMANIDAD se encontraba en funciones en el D2 y toda la cadena de mandos que se desarrolla a continuación, solicitando se establezcan sus actuales domicilios teniendo presente el tiempo transcurrido desde la época en que actuaron en la llamada "lucha antisubversiva"..

Se encuentra suficientemente acreditada ante la Justicia Federal de Mendoza, la responsabilidad penal que le cabe a los integrantes de la cadena de mandos con responsabilidad decisoria y actuación operativa a la fecha de los hechos. A tal efecto solicitamos se impute y se proceda a la inmediata detención de las siguientes personas:

1) Luciano Benjamín Menéndez, comandante de la Zona 3, desde septiembre de 1975 hasta el 29 de septiembre de 1979.

2) Integrantes del Comando Militar de la Subzona 33 a la fecha en que se produjeron los hechos. Nos remitimos a la descripción de su organización y funcionamiento efectuada por la Excma. Cámara Federal de Mendoza en autos Nº 49.772-L-878 "Lépori, Mario Ramón s/ Planteo de Incompetencia". Ellos son:

Tamer Yapur, 2º Comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña a la fecha del hecho denunciado. El Comandante, Gral.Maradona, falleció.

3) Integrantes de los Consejos de Guerra Especiales Estables para la Subzona 33.

Solicitamos se impute a: (se mencionan los grados militares de la época) Coronel Federico Segura, Capitanes Amílcar Virgilio Dib, Jorge Alberto Godoy, Angel Osvaldo Corvalán, Roberto Wellington Di Lorenzo, Luis Guillermo Kettle, Coronel Hugo Alfredo Soliveres, Capitanes Gilberto Esteban Oliva, Jorge Eduardo Baravale, Miguel Angel Castex, José Omar Rodríguez, Teniente primero Lucio Ernesto Rienti, Vice Comodoro Pedro Héctor Monjo, Tenientes Guillermo Siri, Carlos Moreno, Luis Demierre. Actuaron en el Consejo de Guerra en las causas "Fs.c/Luna" (36.887-B) y "Seydell y ots." (S-1854), debiendo establecerse la fecha en que cada uno de ellos se encontraba en actividad en la Subzona 33.

4) Personal de la Policía de Mendoza, integrante del Departamento de Informaciones D-2 que se encontraba en funciones a la fecha del hecho denunciado lo cual deberá establecerse en cada caso. Conforme al listado de personal remitido por la Policía de Mendoza a la Cámara Federal, en la causa "Agüero Martha y otros" citamos a:

Oficiales Juan Agustín Oyarzábal Navarro, 2º Jefe del D-2. Armando Osvaldo Fernández Miranda y Eduardo Smaha Borzuk, ambos tenían la tarea de enlace entre el D-2 y el Comando Militar de la Subzona e integraban el C.O.T.. Manuel Bustos Medina, reconocido por testigos secuestrados en el D-2 a la época de este hecho, en la causa "Agüero Martha y otros".

En cuanto al personal del D-2 incluido en el listado agregado a la mencionada causa "Agüero M. y otros", deberá citarse para que presten declaración testimonial a los siguientes:

Pablo José Gutiérrez Araya, Luis Alberto Rodríguez Vásquez o Vazquez, Roberto Juan Usinger, Rafael Isaac Montes, Carlos Faustino Alvarez Lucero, Juan Carlos Quiñones, Marcelo Rolando Moroy, Ricardo Vazquez, Timoteo Rosales, Alfredo Milagro Castro, Domingo Scachi o Scacchi, Miguel Angel Tello Amaya, Miguel Angel Salinas, Carlos Faustino Alvarez Lucero, Rafael Isaac Montes, Hugo Alberto Bracon Lescano, Teodoro Alejo Galigniana Oros, Félix Humberto Andrada, Diego Fernando Morales, Pablo José Gutiérrez Araya, Antonio Raimundo Rovida.

5) Integrantes de la Comunidad Informativa (personal de los Servicios de Inteligencia) y del Comando de operaciones Táctico (personal de operaciones), partícipes de la actividad de persecución, detección, secuestro, privación de la libertad en lugares clandestinos, interrogatorios bajo tormento y homicidios, ocultamiento del destino final de la víctima y de sus restos.

a) Se requieran las fichas que se elaboraban en el D-2 (Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza) con la información relacionada con ciudadanos sospechados de subversivos. Previamente deberá establecerse si dichos instrumentos fueron remitidos con anterioridad a la Cámara Federal de Mendoza (años 1974 a 1977).

b) Copia de la declaración indagatoria de Pedro Sánchez Camargo en autos Nº 49148-Z-267 "Nicolás Zárate". Se agregue.

c) Denuncia formulada ante la Comisión de Familiares por el padre del ex preso político Carlos Alberto Roca. Se acompaña.

a) Se ofrece como prueba el expediente 21-F (Sabatini Victor Manuel s/ Av. Apremios Ilegales, Cámara Federal de Mendoza Exp. Nº 49.177-S-1855).".

- Se cite a declaración testimonial al Sr. Alberto José Guillermo Scaffati, con domicilio en calle Rondeau 397, Ciudad, Mendoza.

- Se cite a declaración testimonial a la Sra. Nélida Lucía Allegrini, con domicilio en Videla Castillo 3038, de la Ciudad de Mendoza.

- Se cite a declaración testimonial al Sr. Eugenio París, con domicilio en Carlos Paz 1355, Godoy Cruz, Mendoza.

- Se cite a declaración testimonial al Sr. Raúl Aquaviva, domicilio en Bº San Eduardo, Manz. G, Casa 23, Maipú, Mza..

- Se cite a declaración testimonial al señor Carlos Alberto Roca, DNI 10.730.142, cuyo actual domicilio deberá establecerse.

X. NOTIFICACIONES: Conforme lo dispone el art. 92 del C.P.P.N. y la jurisprudencia mayoritaria en resguardo del debido proceso legal y el derecho de defensa, corresponde y así lo pedimos, que oportunamente se proceda a notificar la presente constitución en querellantes a quienes resultan imputados, en forma personal, y a sus defensores en los domicilios legales.

XI. PETITORIO: Por todo lo expuesto solicitamos:

1)Nos tenga por presentados y por constituido domicilio legal.

2)Tenga presente la denuncia formulada y ordene las medidas necesarias a fin de instruir la causa.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERA JUSTICIA