desaparecidosCampanha


English
CAMPAÑA INTERNACIONAL POR LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS URUGUAYOS

CON MOTIVO DE LA ASUNCION DE URUGUAY
A LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS

El próximo 10 de diciembre la Organización de Naciones Unidas celebra el 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fecha le otorga una significación especial a la sesión de la Asamblea General de ese organismo internacional, que se inauguró el pasado 7 de setiembre.

Para Uruguay, esta sesión de la Asamblea General de la ONU reviste una relevancia aún mayor, ya que nuestro país ha asumido la Presidencia de la misma a través de su Canciller, el Dr. Didier Opertti. Una designación de estas características significa un reconocimiento para el Estado uruguayo, y debería constituir un honor para sus ciudadanas y ciudadanos, puesto que presupone la existencia en el país de una situación de respeto a los Derechos Humanos.

Sin embargo, las deudas que el Estado uruguayo mantiene con toda la sociedad y con la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos, nos imponen la obligación de señalar que, de no saldarse esa deuda, la Presidencia de la Asamblea General de la ONU estará siendo ejercida sin la coherencia que la instancia requiere.

El Estado uruguayo tiene una deuda con los familiares de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar y con la sociedad toda. Con la aprobación en 1986 de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado -ratificada por plebiscito en 1989-, se consagró la impunidad de los responsables de delitos de lesa humanidad. Esa ley fue censurada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (octubre 1992) y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (marzo 1989 y abril 1998), por considerarla incompatible con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respectivamente, ambos instrumentos ratificados por Uruguay.

Dicha ley, no obstante, en su artículo 4º establece el deber del Poder Ejecutivo de investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos. Esa investigación no se realizó cabalmente, pues el Poder Ejecutivo encomendó una parte de ella a dos Fiscales militares (los Coroneles José Sambucetti y Nelson Corbo) acusados de violaciones a los derechos humanos e integrantes del mismo órgano que legitimó la represión política durante la dictadura. Como era de esperar, dicha investigación no arribó a ninguna conclusión esclarecedora, limitándose a afirmar que no existían pruebas de la participación militar en los delitos de lesa humanidad denunciados.

Así, el Poder Ejecutivo consagró y garantizó la impunidad en reiteradas ocasiones, obstaculizando y frenando incluso toda acción tendiente a esclarecer el destino de los detenidos-desaparecidos –entre los cuales hay menores sustraídos en ocasión del secuestro de sus padres-, y negándole a los familiares una respuesta que hasta hoy están reclamando.

Vale la pena recordar también que, como establece la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas (OEA, 1994), ratificada por el Estado uruguayo en 1995, el delito de la desaparición forzada tiene un carácter permanente "mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".

Al mismo tiempo que se consagró la impunidad, se escamoteó a la sociedad uruguaya la posibilidad de conocer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el período militar. A diferencia de los países vecinos, en Uruguay no existió jamás una Comision de la Verdad, es decir, una investigación oficial y pública sobre esos hechos; y menos aún un reconocimiento del Estado sobre su responsabilidad al respecto, a pesar de que en juicios civiles ha quedado probada la responsabilidad del Estado en dichos hechos, por los que militares uruguayos han sido procesados también en países vecinos (Argentina y Paraguay).

Esta omisión no sólo ha violado el "derecho colectivo a saber la verdad" (como lo ha llamado el magistrado Louis Joinet, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Impunidad), negándole al pueblo uruguayo la posibilidad de construir su memoria histórica; también ha permitido que en el país se sucedan hechos y declaraciones oficiales que atentan contra esa posibilidad y que constituyen afrentas para la conciencia moral del pueblo uruguayo. Ya lo advertía el mismo Joinet al señalar que "Como contrapartida [al derecho colectivo a saber] al Estado le incumbe el "deber de recordar", a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo". Así, por ejemplo, en Uruguay los militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos han continuado ascendiendo en la carrera militar con el aval del Senado de la República; Jorge Silveira, uno de los más conocidos torturadores y responsable de numerosas desapariciones forzadas y de operativos de coordinación represiva en el Cono Sur, fue designado este año asesor directo y hombre de confianza del actual Comandante en Jefe del Ejército, con el aval del Poder Ejecutivo; y los mandos militares no han dejado de reivindicar públicamente, en reiteradas oportunidades, el terrorismo de Estado practicado por el régimen militar entre 1973 y 1984, ante el silencio aquiescente del poder civil. Ello ha legitimado una versión de la historia que tiene su fundamento en la Doctrina de la Seguridad Nacional, según la cual todo opositor político era un enemigo a eliminar, y los crímenes de lesa humanidad cometidos no fueron más que acciones de guerra.

En contrapartida con esa negación oficial, en Uruguay ha crecido la conciencia y el consenso de la opinión pública sobre la necesidad de que se dé una respuesta sobre el destino de los detenidos-desaparecidos, cumpliendo así con el artículo 4º de la misma ley de impunidad y con las obligaciones del Estado uruguayo emergentes de los acuerdos internacionales. Sectores de todos los partidos políticos, instituciones sociales, culturales y religiosas de la sociedad civil se han sumado a este reclamo que tiene indiscutibles dimensiones éticas, políticas e históricas. No obstante, la respuesta del Poder Ejecutivo ha sido siempre idéntica: un obstinado y reiterado silencio, que no refleja otra cosa que indiferencia e insensibilidad.

Por todo esto, consideramos que la designación de Uruguay para presidir la Asamblea General de la ONU no puede ser un hecho ajeno a esa realidad. El gobierno uruguayo viene desde hace años manteniendo un doble discurso: mientras en el plano exterior manifiesta su compromiso con el respeto a los Derechos Humanos y a los instrumentos internacionales que los garantizan –y así lo confirmó el Canciller Opertti en la sesión inaugural el pasado día 7-, en lo interno se niega sistemáticamente a atender un reclamo elemental desde el punto de vista humanitario, ignorando el sentir de la mayoría de la ciudadanía.

Creemos entonces que ejercer la Presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas constituye un imperativo para saldar esa deuda y asumir definitivamente la respuesta que el Estado uruguayo le debe a los familiares y a la sociedad uruguaya, sin lo cual esa Presidencia y la misma sesión de la Asamblea carecerán de la dignidad que la instancia y la fecha requieren.

Es por eso que nos dirigimos a la comunidad internacional para solicitarle que se dirija al gobierno uruguayo exhortandolo a investigar y dar a conocer publicamente el destino de los desaparecidos por la represion politica, y a reconocer oficialmente la responsabilidad del Estado uruguayo en esos delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.

Solicitamos dirigir sus comunicaciones a:

Presidente de la Republica Julio Ma. Sanguinetti
Edificio Libertad
Montevideo, Uruguay
Fax: (+598.2) 480 9397
Email: presidente@presidencia.gub.uy
 
Ministerio de Relaciones Exteriores
Secretaria General
Palacio Santos
Montevideo, Uruguay
Fax: (+598.2) 902 1349
Email: sm@mrree.gub.uy
 
Canciller de Uruguay Dr. Didier Opertti
Presidente de la Asamblea General
de Naciones Unidas
Mision de Uruguay en Naciones Unidas
New York
Fax: (+1.212) 593 0935
Email: uruun@undp.org
 

Agradecemos tambien enviar copia de sus comunicaciones a nuestra direccion electronica: serpajuy@internet.com.uy

Montevideo, 16 de septiembre de 1998.

<><><><><><><><><><><><><><><><><>
  SERVICIO PAZ Y JUSTICIA-URUGUAY 
  Joaquín Requena 1642                           
  11200 Montevideo                                   
  URUGUAY                                         &n bsp;    
  Tel.      (+598-2)  408 5301                     
  Fax      (+598-2)  408 5701                     
  Email   serpajuy@internet.com.uy 
<><><><><><><><><><><><><><><><><> 



Proyecto Desaparecidos
Argentina


Proyecto Desaparecidos Busca Busca Preguntas Frecuentes correo