El Contexto
De la guerra al banquillo

El Escuadrón Perdido, por José Luis D'Andrea Mohr.
  
 


Del Mundial a la guerra

Pasó el Mundial de Fútbol de 1978 y los gritos de triunfo entre papelitos ahogaron los alaridos de los torturados en la ESMA, allí nomás. Y si la guerra es la continuación de la estupidez política mediante la brutalidad militar, ésta, puesta a política, concibe a la guerra como su más lúcida expresión. Así ocurrió a fines de 1978 cuando la gigantesca movilización sobre la frontera oeste estuvo a horas de convertirse en una invasión a Chile.

Ni el Mundial, con su explosión fugaz de entusiasmo nacional, ni la casi guerra con Chile, muy vivida por las poblaciones fronterizas e ignorada por los veraneantes atlánticos, lograron disimular la debacle socioeconómica ni las denuncias por atrocidades que llovían en el exterior y en nuestros juzgados donde, con pocas excepciones como la del doctor José Pedro Narvaiz, los habeas corpus eran sistemáticamente rechazados.

Roberto Eduardo Viola relevó a Videla; a los pocos meses lo declararon enfermo y se hizo cargo de la Presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri.

Cuando el 2 de abril de 1982 la población se sorprendió por la ocupación de las Islas Malvinas y en su gran mayoría aportó entusiasmo, voluntarios y donaciones, los triunviros creyeron haber logrado, por fin, sortear el descrédito, el desprecio y el desastre social y económico del plan que apoyó el golpe de 1976.

Terminado el conflicto con el resultado conocido, la nueva Junta Militar ordenó realizar una investigación. Para ello creó la "Comisión de evaluación del Conflicto del Atlántico Sur", el 2 de diciembre de 1982. Los investigadores fueron: teniente general (R) Benjamín Rattenbach, general de división (R) Tomás Armando Sánchez de Bustamante, almirante (R) Alberto Pedro Vago, vicealmirante (R) Jorge Alberto Boffi, brigadier general (R) Carlos Alberto Rey y brigadier mayor (R) Francisco Cabrera.

El 16 de setiembre de 1983 la Comisión elevó a la Junta Militar un informe final de 291 páginas y varios anexos, conocido luego como "Informe Rattenbach". Resulta ilustrativo leer algunos de sus acápites:

"874. Este ha sido el único conflicto bélico de la Nación en lo que va del siglo."

El teniente general Cristino Nicolaides, comandante en jefe y miembro de la Junta Militar que ordenó hacer el "Informe Rattenbach", había afirmado el 26 de abril en Córdoba, como comandante del Cuerpo de Ejército III

"Estamos asistiendo al capítulo más importante de la historia argentina. En este momento en que el monstruo marxista se lanza sobre el mundo, lo encuentra débil, inerme. Por eso todos debemos producir una reacción. Esta es una lucha de todos, de ser o no ser como Nación y debemos pensar que hay una acción comunista-marxista internacional que desde 500 años antes de Cristo tiene vigencia en el mundo y que gravita en el mundo. El monstruo del marxismo, disciplinado, ordenado, se lanza sobre el mundo occidental, atomizado, quien sufre las consecuencias de su propia desorganización."

El documento que sigue aclara perfectamente el motivo que tuvo la Junta Militar para ordenar la ocupación de Malvinas:

247. La decisión de "Ocupar las Islas Malvinas" fue tomada porque ya existía, desde diciembre de 1981, la idea de que para llegar a negociaciones exitosas con Gran Bretaña iba a ser necesario hacer uso del poder militar. La decisión se adoptó con rapidez puesto que ya estaba planeada la ocupación, lo que permitía cumplir la etapa inicial. Pero nunca se planificó cómo defender las islas una vez ocupadas.
En definitiva, la decisión, que se mantenía latente, estuvo influida por aspectos políticos particulares, tal, por ejemplo, la conveniencia de producir una circunstancia significativa que revitalizara el Proceso de Reorganización Nacional (sin juzgar éticamente esta consideración), unida también a la poco manifiesta vocación negociadora de Gran Bretaña. Esta decisión se conformó, casi definitivamente, el 23-MAR, cuando la Junta Militar pudo minimizar el hecho Georgias si hubiera tenido auténtica intención de hacerlo, e hizo eclosión el 26-MAR, cuando la Comisión de Uabajo estableció (muy posiblemente presionada por los hechos y por la casi descartada posibilidad, por parte del COMIL, de una considerable reacción británica), que la fecha más próxima en que la operación AZUL podía realizarse quedaba, alternativamente, entre el 01, 02 o 03 de abril.

Ese mismo día, en la reunión del COMIL (Acta N' 4), se impartieron instrucciones al canciller (Anexo IV/12):



Fallas en la oportunidad

783. En primer lugar, es necesario señalar que el estado general del país, en el momento de tomarse la decisión de ocupar las Islas Malvinas, no era el más adecuado para enfrentar un hecho político internacional de tal naturaleza.

784. Fueron causas concurrentes a ello, las siguientes:

a. La crisis socio-económica reinante, con un país postrado por problemas acuciantes de este orden.

b. La situación política interna, que, como consecuencia de lo expresado en el inciso anterior, se hallaba altamente sensibilizada, con movimientos políticos y sindicales internos que alteraban la paz social y ejercían una considerable oposición al gobierno. Todo ello, a la hora de la victoria, hubiese sido superable, pero se debió tener en cuenta que, a la hora de la derrota, significarían una grave convulsión de todo orden y el fin del PRN.

785. Si la situación externa hubiera sido favorable para el objetivo nacional de reconquistar los archipiélagos australes, la oportunidad para realizarla habría sido acertada. Pero no fue así, ya que:

a. Las autoridades nacionales eran duramente atacadas, particularmente por el problema de los derechos humanos, lo cual debilitaba sensiblemente el frente externo

b. La República Argentina se hallaba sancionada por los EE.UU., con embargos a sus importaciones de armamentos, lo cual limitaba su libertad de acción para equiparse y modernizar adecuadamente sus pertrechos militares.

c. Las relaciones con el Tercer Mundo/No Alineados, no pasaba por un buen momento, habida cuenta de ciertos problemas recientes que habían generado oposición en estos foros.

d. La vigencia del conflicto Austral, con su indudable importancia.

786. Al adelantarse la fecha prevista para la ejecución de la Operación "Azul", se produjeron los siguientes inconvenientes:

a. El equipamiento de las FF.AA. no se había completado aún. Como ejemplo, merece citarse el material Super Etendard-Exocet que quedó en los muelles de Marsella, al ser alcanzado por un embargo a las exportaciones de armas por parte de Francia, poco antes de su embarque con destino al país.

b. No se dio tiempo a las FF.AA. para preparar y adiestrar sus medios en forma adecuada. El Ejército no había concluido la baja de la clase 1962 y acababa de incorporar a la clase 1963.

c. Se eligió el peor momento del año en cuanto a sus condiciones climáticas, ya que las tropas propias no estaban debidamente equipadas ni adiestradas para soportar un asedio prolongado en las islas. Era también la peor estación para permitir operar adecuadamente a la Fuerza Aérea (pocas horas de luz diurna, techos bajos, nieblas, lluvias, etc.).

787. De haberse esperado más tiempo, la Marina Real Británica habría sufrido la disminución de una parte sustancial de su flota de superficie, atendiendo a cortes presupuestarios y al nuevo rol estratégico que le asignaba la OTAN en su teatro de operaciones. (De 66 buques en 1981, a 44 en 1985 y la supresión de los dos portaaviones livianos.)



Conclusión


788. La oportunidad libremente fijada por la Junta Militar para la recuperación de los archipiélagos del Atlántico Sur benefició fundamentalmente al enemigo.

95. También debe imputársele una errónea evaluación sobre la actitud que asumiría EE.LTU. en caso de conflicto, a la luz de los intereses políticos en juego.

96. La participación de asesores del Ejército Argentino en Centroamériea y nuestra posible influencia en Bolivia, fueron factores que el gobierno apreció erróneamente, ya que supuso que tales acciones tendrían tal importancia para los EE.UU., que su gobierno estaría comprometido a mantenerse equidistante en caso de conflicto con Gran Bretaña. (Declaración del almirante Anaya.)



El costo humano y material de la guerra

735. En este subcapítulo trataremos, brevemente, cuál puede considerarse el costo definitivo de la guerra. Con referencia a las bajas de personal, éstas fueron las siguientes:


A. DEL EJERCITO ARGENTINO

1)
Personal fallecido (168)
Oficiales 15
Suboficiales 22
Soldados 121

2)
Personal desaparecido (27)
Oficiales 1
Suboficiales 3
Soldados 23

3)
Personal herido (1.046)
Oficiales 45
Suboficiales 161
Soldados 840
 
 
B. DE LA ARMADA NACIONAL

1)
Personal fallecido (381)
Oficiales 12
Suboficiales 228
Conscriptos 123
Civiles 18

2) Personal desaparecido (10)
Oficiales -
Suboficiales 2
Conscriptos 8

3) Personal herido (116)
Oficiales 7
Suboficiales 38
Conscriptos 64
Civiles 7

 

C. FUERZA AEREA ARGENTINA

1) Personal fallecido (17)
Oficiales 5
Suboficiales 7
Soldados 5

2) Personal desaparecido (38)
Oficiales 31
Suboficiales 7

3) Personal herido (46)
Oficiales 10
Suboficiales 26
Soldados 10


Los muertos y heridos durante el conflicto en el Atlántico Sur testimonian el desprecio por la vida que tuvieron los terroristas de Estado. El mismo demostrado para con los torturados y desaparecidos. En el caso Malvinas, sacrificaron a tropas y pares para lograr perpetuarse en un poder que se les escapaba. Quizás los soldados del escuadrón perdido deberían tener su monumento en la plaza San Martín, al lado de los caídos en las islas.



El final con banquillo

El Proceso no logró una retirada ordenada como tuvieron otros gobiernos de facto. Malvinas, los crímenes y el descalabro económico habían convertido en polvo aquellos discursos de reorganización y grandeza de los inicios en 1976. A la soberbia anterior la reemplazó la cobardía de dictar su ley de "autoamnistía", y el 5 de diciembre de 1983 el teniente general Cristino Nicolaides, comandante en jefe, ordenó la incineración de la documentación referida a la lucha antisubversiva -parte de esos documentos están en las páginas anteriores- y de documentos contables para justificar el destino dado a las cuentas secretas imputadas a gastos para la lucha antisubversiva.

Asumidas sus funciones presidenciales, el doctor Raúl Alfonsín firmó el decreto 158/83. Parte de sus considerandos dice:

"[... ] Considerando: Que la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976, y los mandos orgánicos de las Fuerzas Armadas que se encontraban en funciones a esa fecha concibieron e instrumentaron un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales.

"Que entre los años 1976 y 1979, aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos de lucha, inspirados en la totalitaria “Doctrina de la Seguridad Nacional”. [...]

El decreto 158 dispuso el juicio sumario para las tres primeras Juntas ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Era el 13 de diciembre de 1983. En setiembre de 1984 el Consejo Supremo no sólo no había juzgado a sus pares sino que hizo pública su resolución: las directivas, decretos y órdenes habían sido impecables. A partir de ese momento la Cámara Federal de Apelaciones se hizo cargo del "Juicio a las Juntas". Hubo sentencias, cárcel para los sentenciados y comenzaron a abrirse causas contra centenares de terroristas de Estado. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida lograron impedir la prosecución de las causas en trámite y las nuevas denuncias, y la Argentina conoció una interesante y curiosa figura penal: el desprocesamiento.

Tiempo después, en 1990, los argentinos nos enteraríamos de que el Presidente está facultado, aunque la Constitución lo prohiba, a indultar a procesados. De este modo, a criminales de la peor especie ni siquiera se les aplicó la sanción disciplinaria de destitución.

Con el tiempo hemos visto cómo a Alfredo Astiz se lo destituyó por lo que dijo que hizo pero jamás se lo castigó por lo hecho. Y a Antonio Domingo Bussi, quien tuvo la suma del poder público en Tucumán y que como comandante de la subzona 52 acumuló 806 desapariciones de personas, lo acaban de sancionar con una "amonestación por falta grave al honor, con atenuantes" por unos dineros no declarados en su declaración jurada.

Los soldados de nuestro escuadrón perdido tuvieron la desgracia de haber ingresado a cumplir con el servicio militar obligatorio en el tiempo de la degradación militar. Esos muchachos, nacidos en la década del cincuenta, durante un gobierno derrocado, terminaron sus vidas en manos de los discípulos de aquellos derrocadores.

Muchas personas me han preguntado: ¿En qué andaba aquel soldado para que lo desaparecieran? La pregunta molesta y hasta enfurece, pero es común. La respuesta ha sido: Eso hay que preguntárselo a los desaparecedores, además de exigirles responder por qué esos muchachos no fueron acusados ante Consejos de Guerra.

¿Habrá sido para infundir terror entre los demás soldados? ¿Comentaron aterrados lo visto en algún centro clandestino de detención?

No conozco la respuesta, que es lo que hay que buscar, pero estoy seguro de lo canallas que debieron ser el teniente, el capitán, el mayor y el coronel que integraron la cadena de complicidades junto al oficial de Inteligencia que marcó el "blanco". Muchos de esos individuos van a aparecer en las páginas de El escuadrón perdido. Y muchos otros se leerán en Memoria debida, próximo a aparecer y hecho junto a mi amigo Federico Mittelbach. Porque la carga del escuadrón perdido hacia la verdad será seguida por cada desaparecido acompañado por los nombres de sus desaparecedores. Y cada ladrón de niños dejará de ser un desconocido.

¡Escuadrón, monten!
¡Desenvainen!
¡Hacia la verdad... a la carga!

Abril de 1988
JOSÉ LUIS D’ANDREA MOHR.

 

 

Indice General de El Escuadrón Perdido