LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONO SUR
Uruguay: el Ejército acepta los juicios a militares de
la dictadura
Guillermo Pellegrino MONTEVIDEO. ESPECIAL CLARIN,
ARGENTINA.
Un nuevo capítulo en materia de derechos
humanos parece desatarse en Uruguay. Primero fueron
las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez, en
las que resolvió excluir a los altos mandos militares
del amparo de la amnistía vigente para los militares
acusados de violaciones a los derechos humanos. Ayer,
una noticia del semanario Búsqueda señala que el jefe
del Ejército piensa que sería conveniente enjuiciar a
los militares uruguayos en el país, para evitar que se
los juzgue afuera.
"El Jefe del Ejército cree que la única forma que
existe para evitar la extradición de militares a
Argentina es que sean enjuiciados en Uruguay", señala
la tapa de la publicación. Según Búsqueda —que señaló
como origen de la información a una fuente política—,
el comentario del comandante en jefe del Ejército
Carlos Díaz fue a manera de reflexión y en el marco de
una reunión con algunos de los oficiales arrestados.
La revista se comunicó telefónicamente con el jefe del
Ejército quien confirmó la reunión y dijo que "pudo
haber manejado esa afirmación como una reflexión ante
la hipótesis de que finalmente la justicia uruguaya
acceda al pedido argentino" de extradición de los
militares.
En su declaración, Díaz se refería concretamente a los
5 militares y un policía detenidos a la espera de la
extradición solicitada por el juez argentino Guillermo
Montenegro por la causa Plan Cóndor. Se trata de José
Ricardo Arab, José Nino Gavazzo, Ricardo Medina,
Ernesto Rama, Jorge "Pajarito" Silveira Quesada y
Gilberto Vázquez, involucrados directamente en la
detención ilegal de 11 uruguayos y de la argentina
María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
A la hipótesis mencionada por Díaz debe agregarse la
preocupación que hay desde hace unos meses en filas
castrenses, y en otros actores de la vida política,
por la consumada extradición a Chile de tres militares
uruguayos implicados en el secuestro y homicidio del
químico chileno Eugenio Berríos, ex agente de la DINA,
la policía secreta de la dictadura de Augusto
Pinochet. Claro que este caso fue radicalmente
distinto ya que el crimen ocurrió en los '90, en plena
democracia.
Según las fuentes consultadas por Búsqueda, "los tres
militares con los que se reunió Díaz recibieron con
'frialdad' las expresiones del Comandante en Jefe".
"Creo que si no se juzga a los militares violadores de
derechos humanos en Uruguay por causa de una ley de
impunidad, se los debe someter a la justicia, para que
solicite las extradiciones por delitos que puedan
haber cometido en el extranjero. Tratándose de delitos
de lesa humanidad, obviamente hay un criterio de
universalidad en la persecución de los mismos para su
juzgamiento", dijo a Clarín Guillermo Payssé,
Coordinador del Serpaj (Servicio de Paz y Justicia).
Payssé también se refirió a las declaraciones del
presidente Vázquez acerca de que los altos mandos
militares de la dictadura quedarán fuera del alcance
de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del
Estado, promulgada en 1986 y reconfirmada mediante un
referéndum en 1989.
"La posición de Tabaré no es nueva", dijo Payssé.
"Hace más de un mes, en EE.UU., ya se había
manifestado al respecto. Desde los organismos de
derechos humanos consideramos que los mandos militares
no están dentro de la ley de caducidad por el propio
texto de la ley, y además por la posición jerárquica
que ocupaban, por ser los responsables mediatos de las
acciones de sus subordinados, las hayan conocido o
no", dijo Payssé.
Clarín intentó comunicarse con referentes del sector
militar, pero muchos se negaron a hablar. Quien sí
aceptó dar su opinión sobre las declaraciones del jefe
del Ejército fue el general retirado Oscar Pereira,
autor del libro Recuerdo de un soldado oriental del
Uruguay (2004), en el que el militar asume las culpas
del Ejér cito en el período de la dictadura
cívico-militar.
"De ser real, la de Díaz es una reflexión muy
importante porque, al fin y al cabo determina y acepta
que los militares deben ser juzgados", declaró Pereira
a este diario entre desconfiado y optimista. "Pero por
otro lado —dijo— no me queda claro a través de qué
mecanismo podrían ser hoy juzgados si no se anula la
ley de caducidad, que es lo que corresponde hacer,
para preservar la institucionalidad del país. Este no
es un tema político ni tampoco militar, es un tema de
la sociedad, y creo que al final la sociedad va a
lograr el propósito de derogar o anular esa ley",
declaró el militar retirado.