Proyecto Desaparecidos: Notas

El Diario Militar a la CIDH

EL PERIODICO, GUATEMALA. 14 DE JULIO DE 2006. El pasado miércoles 12,
familiares de 23 guatemaltecos que, entre 1983 y 1985, fueron
capturados y desaparecidos por unidades operativas de la Inteligencia
Militar...

El pasado miércoles 12, familiares de 23 guatemaltecos que, entre 1983
y 1985, fueron capturados y desaparecidos por unidades operativas de
la Inteligencia Militar reclamaron justicia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual les ha sido negada
en nuestro país.

Se trata de un caso bien conocido de la opinión pública. En 1999 el
National Security Archives –institución con sede en Washington, D.C.
que trabaja con fondos del Congreso de Estados Unidos en la
desclasificación de información secreta del Estado- dio a conocer un
expediente de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Guatemala
en el cual constaba que varios dirigentes estudiantiles y sindicales
que fueron desaparecidos durante el gobierno del general Humberto
Mejía Víctores, habían permanecido en los calabozos militares,
sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos.

El Archivo Militar incluía las fotos originales –arrancadas de las
cédulas de vecindad- de las víctimas y una nomenclatura, aún no
descifrada, sobre su destino (la mayoría, se presume, fue ejecutada).
Desde entonces el Ministerio Público no ha realizado ninguna acción
efectiva para dar con los responsables, aunque es sabido que el
director de la D-2, entonces, era el coronel Byron Lima Oliva (quien
guarda prisión por el caso Gerardi) y su director operativo era el
general Julio Balconi, quien jugó un rol importante en las
negociaciones de paz. Por lo demás, la estructura represiva de la
Inteligencia era clandestina, tan ilegal como los métodos subversivos
que pretendía derrotar.

Ante este y otros casos de violaciones de los derechos humanos, las
autoridades de Gobierno solo han seguido administrando (mal) la cosa.
Como reacción "meritoria" ante la demanda el "gerente" de Copredeh,
Frank LaRue tuvo a bien pedir a las ONG que fueron creadas casi una
década después de ocurridos esos dolorosos hechos, la información que
compete otorgar al Estado. Algo mucho peor hizo el ex activista
humanitario y aspirante a Premio Nobel de la Paz el año pasado, en el
caso del señor Florencio Chitay Nesh, síndico de la Municipalidad de
San Martín Jilotepeque, secuestrado en 1981: decirle a la CIDH que, si
acaso el hecho ocurrió, los familiares podían acudir al Programa de
Resarcimiento para que les dieran dinero.

Lo dijo muy bien el miércoles el hermano de Joaquín Rodas Andrade, un
dirigente estudiantil de Quetzaltenango "fichado" en el Diario
Militar: "No es venganza lo que buscamos, es justicia legal y justicia
a sus memorias".FIN.