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Argentina presentó un informe ante la ONU sobre desaparición forzada de personas
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Agencia Télam. Argentina. 3 de agosto de 2006. La delegación local destacó que, luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, existen 959 causas penales en trámite y 211 personas con prisión preventiva dispuesta en los respectivos procesos penales.
La Argentina presentó en Ginebra un informe ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que informó sobre la existencia de 959 causas penales actualmente en trámite, luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, y sobre 211 individuos en prisión preventiva dispuesta en los respectivos procesos penales.
El informe fue presentado en la sede del Palacio de las Naciones por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación Rodolfo Mattarollo y otros funcionarios.
De acuerdo con un comunicado de la secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, la ONU mantiene desde la época de la dictadura militar argentina un Grupo de cinco expertos independientes que investigan las desapariciones forzadas de personas. Esta entidad, se pronunció firmemente contra la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos, por considerarla causa principal de las desapariciones forzadas en el mundo. En este sentido pidió precisiones a la delegación argentina sobre los procesos penales que se están substanciando actualmente.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -informó Mattarollo a los expertos de la ONU- se ha presentado hasta el presente como querellante en 24 causas penales en todo el país, incluido el proceso abierto contra José Alfredo Martínez de Hoz, Ministro de Economía de la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976.
Los expertos de Naciones Unidas, se interesaron por la actualización de los anexos de la última edición del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) titulado NUNCA MÁS, cuyo ejemplar impreso en tres volúmenes fue entregado en la audiencia al igual que su versión digitalizada.
Mattarollo informó que por primera vez en veintidós años se reeditaban los anexos documentales del informe con información actualizada como resultado de las investigaciones llevadas a cabo durante más de dos décadas por el Estado y las organizaciones de derechos humanos.
Como ejemplo citó el anexo relativo a los centros clandestinos de detención -aspecto clave de la estructura represiva ilegal montada por el terrorismo de Estado a partir de 1976- y rasgo distintivo de la desaparición forzada en la Argentina respecto de otras regiones del mundo.
El censo de centros clandestinos de detención ha pasado de los 364 que registró la CONADEP en 1984 a los 498 que han sido identificados hasta ahora, informó la Delegación.