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Corrientes: elevan a juicio causa contra militares por
delitos de lesa humanidad
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11 de agosto de 2006. Línea Capital. Posadas,
Misiones, Argentina. Corrientes (Momarandú). "Estamos
contentos como familiares de desaparecidos y
consideramos que este es un paso decisivo para poner
fin de la impunidad también en Corrientes", dijo Diego
Cazorla de la DDHH en la tarde del jueves.
Elevan a juicio la causa que se sigue a militares
involucrados en tormentos y desapariciones en el
Regimiento de Infantería 9 de Corrientes durante la
última dictadura militar en la Argentina, según
informaron este jueves fuentes de la Comisión de
Derechos Humanos.
“Demarchi, Juan y otros por tormentos agravados por el
tiempo, privación ilegítima de la libertad agravada
por el tiempo y desaparición forzada; Expte. N°
276/04", es la carátula de la demanda presentada por
familiares de las víctimas junto a esa entidad
humanitaria.
"Estamos contentos como familiares de desaparecidos y
consideramos que este es un paso decisivo para poner
fin de la impunidad también en Corrientes", dijo Diego
Cazorla de la DDHH en la tarde del jueves.
Dijo que "así también se está dando en el país con la
condena al Turco Julián y las detenciones de
Guglielmineti y los militares uruguayos involucrados
en el "Plan Cóndor".
Luego de la anulación por parte del Congreso de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la Comisión
de Derechos Humanos reabrió causas iniciadas en 1984.
En ese contexto, durante noviembre de 2003, la familia
de Vicente (Cacho) Ayala presentó la querella criminal
por su desaparición, ocurrida el 16 de febrero de
1976, junto a otros tres jóvenes militantes: Julio
Barosi, Jorge Saravia Acuña y Orlando Romero, ante el
Juzgado Federal de Corrientes y con el patrocinio de
los abogados Ramón Leguizamón y Diego Vigay.
En esta causa se hallan involucrados personal policial
comandados por Diego Ulibarrie, informó la Comisión
Provincial.
Posteriormente, el 24 de marzo de 2004, familiares de
Rómulo Artieda, presentaron una querella criminal por
la desaparición del mismo, presentación a la que se
aportaron testimonios que dieron cuenta sobre el
funcionamiento de un centro clandestino de detención
en el ex Regimiento 9, por lo que la misma se
convirtió de hecho en una “mega-causa”, en base a
declaraciones aportadas por ex detenidos liberados,
explicaron desde la Comisión de DD.HH.
A ello se agregaron luego otros testimonios que daban
cuenta del paso por ese centro de Ramón Vargas y
Fernando Piérola.
La Comisión de Derechos Humanos es actualmente parte
querellante de ésta causa, acumulada en una sola,
denominada “Demarchi, Juan y otros por tormentos
agravados por el tiempo, privación ilegítima de la
libertad agravada por el tiempo y desaparición forzada
en la que el Juez Federal Carlos Soto Dávila, en dictó
la orden de detención de 12 uniformados, 9 de ejército
y 3 de Gendarmería Nacional. De éstos doce uniformados
quedan detenidos tan sólo algunos, ya que el General
Cristino Nicolaides ya se encontraba cumpliendo
arresto domiciliario, Aguiar está fallecido un oficial
de apellido Carlson no está detenido y los gendarmes
Cruz y Zanek fueron excarcelados.
Actualmente la causa judicial se encuentra en una
etapa decisiva, ya que se ha dado el cierre de
instrucción y la elevación a juicio, por lo que se
considera una de las causas judiciales sobre crímenes
de lesa humanidad más avanzadas en la provincia.