Están procesados por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, en la causa en la que el juez Baltasar Garzón investiga crímenes de la última dictadura militar. Con esta decisión, el Consejo de Ministros cumple con la sentencia dictada en 2005 por el Tribunal Supremo español.
España solicitará a la Argentina la extradición de más de 40 represores procesados por genocidio, terrorismo y torturas en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, investiga los crímenes de la última dictadura militar argentina.
El Consejo de Ministros español, en cumplimiento de la sentencia de 31 de mayo de 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, acordó hoy dar curso a esta solicitud, que había sido frenada en agosto de 2003, tras la derogación de las leyes argentinas de Obediencia Debida y Punto Final.
De acuerdo al documento al que tuvo acceso Télam, el consejo acordó pedir la extradición, entre otros, de Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz, Antonio Pernias y Héctor Febres.
Un grupo de estas personas, entre las que se encuentra Graffigna, fueron detenidas en Argentina el 26 de julio de 2003, en cumplimiento de una orden internacional cursada por el juez Garzón.
El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional envió al Ministerio de Justicia la propuesta de extradición, pero el 29 de agosto de 2003, el Consejo de Ministros, del entonces presidente José María Aznar, decidió suspender el procedimiento contra los más de cuarenta represores argentinos.
Paradójicamente, en el marco de la misma causa, México extraditó dos meses antes a España al represor Ricardo Cavallo, quien ahora podría ser enviado a la Argentina por una decisión de la Audiencia Nacional de no juzgarlo.
La decisión del gobierno de Aznar consideró que con la derogación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final, los jueces argentinos habían recuperado su plena soberanía para actuar y, por lo tanto, no procedía la extradición.
Al no formalizarse el pedido de extradición, el juez argentino Rodolfo Canicoba Corral dejó en libertad a estas personas. A pesar de la medida, la detención de varios represores dio origen a distintas causas en Argentina.
Sin embargo, las acusaciones populares y particulares en los juicios de España interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra el citado acuerdo del Consejo de Ministros español.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió en mayo de 2005 ese recurso contencioso- administrativo y en su sentencia declaró que el Consejo de Ministros debía dar curso a la solicitud de extradición ante el Gobierno de Argentina para su tramitación.
El Tribunal Supremo consideró que el gobierno de José María Aznar había tomado una decisión que era una injerencia en los asuntos propios de la justicia.
Más de un año y medio después, el gobierno español del presidente José Luis Rodríguez Zapatero explica que "está obligado a cursar la petición de extradición del Juzgado Central de Instrucción Número 5 a Argentina, decisión que fue tomada hoy en el Consejo de Ministros".
"Es una medida muy importante y ayuda a que, ante las dificultades surgidas en Argentina, se sienta que las jurisdicciones de fuera del país siguen actuando", dijo el abogado Carlos Slepoy a Télam.
En ese sentido, el letrado agregó que "ahora se pueden dar diferentes situaciones, una de ellas es la de las personas que ya están siendo procesadas en Argentina, y que la justicia local puede no extraditar hasta tanto se resuelvan estas causas en el país".
"Otro es el caso de los que no están procesados, quienes se podrían extraditar inmediatamente, una vez iniciado el trámite procesal", agregó Slepoy.
El procedimiento es el mismo al que actualmente están sometidos en España el ex comisario y presunto cabecilla de la Triple A, Rodolfo Almirón, y la ex presidenta argentina, María Estela Martínez de Perón. En tanto, el abogado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid (AAPDH-M), Antonio Segura, dijo a Télam que esta decisión es muy importante.
Sin embargo, señaló que con esto Madrid intenta "cubrirse las espaldas ante las denuncias de que España está colaborando con la impunidad de criminales internacionales, tras la decisión de avanzar en la extradición a la Argentina de Ricardo Cavallo".
Posted by marga at Febrero 10, 2007 12:14 AM | TrackBack