Mayo 13, 2007
Entre 1998 y el 2002, más de medio millar de campesinos, médicos, profesores, comerciantes ecuatorianos que laboraban en La Hormiga, La Dorada, El Tigre, El Placer, San Miguel y otras veredas del Putumayo colombiano fueron víctimas de masacres propiciadas por grupos paramilitares. Sus familiares callaron hasta ahora.
Cientos de ecuatorianos, hombres, mujeres y niños, que entre 1998 y el 2005 viajaban o residían ocasionalmente en una decena de poblados del sur del Putumayo colombiano, están desaparecidos a consecuencia de la acción armada de grupos paramilitares del vecino país.
Los familiares callaron y no denunciaron, por temor; los organismos de derechos humanos y el Gobierno ecuatoriano desconocían los casos. Hoy, cuando la Fiscalía de Colombia descubrió hace más de una semana varias fosas comunes de donde se desenterraron los restos de unas 154 personas, los parientes reviven sus heridas y deciden contar sus desgracias.
En cada comunidad de Sucumbíos, provincia fronteriza con Putumayo, hay un promedio de dos casos de personas que nunca regresaron de Colombia. Gleicer Puente, Fermín Álvarez, Johnatan Escobar, José Peña, Emiliano Espinales, entre otros, son algunos de aquellos ciudadanos. Sus madres, esposas e hijos aún los esperan.
Gloria Vélez abraza a sus hijas, Shirley, de 11 años, y Lucero, de 9. Las tres lloran. Con profunda convicción, la madre, quien padece de cáncer al útero, expresa: “Cuando vengo de lavar ropa ajena, llego ilusionada; pienso que mi marido está esperándome, pero al entrar a la casa no lo encuentro, no vuelve, y entonces me invade la tristeza”.
Ella lleva siete años con aquella diaria ilusión, que se transforma también en una rutinaria desilusión. Santos Fermín Álvarez, su esposo, partió hacia Colombia la mañana del 14 de junio del 2000, y no regresó.
Desapareció junto a sus amigos Gleicer Puente Lara y Carlos Ortiz, residentes en la comunidad Pacayacu, a 35 km de Nueva Loja y a 10 km de la frontera colombo-ecuatoriana. Los tres mantenían negocios de combustibles con comerciantes del vecino país.
Desesperada por la ausencia, dos días después, Gloria fue a la frontera a indagar el paradero de su pareja, pero nadie le dio pistas. “Mejor me aconsejaron que no preguntara nada porque hasta nosotros corríamos peligro”, refiere. Tampoco denunció, porque “la ley no es capaz de ayudar al pobre”.
Así transcurrió el tiempo. Hoy, las heridas por la desaparición de Álvarez, Puente y Ortiz vuelven a sangrar, y con fuerza, en sus esposas e hijos, una vez que hace dos semanas personal de la Fiscalía de Colombia desenterrara en La Dorada, frontera con Ecuador, los restos de 154 personas, entre estas al menos cinco ecuatorianas, según los primeros informes, víctimas de los paramilitares que operaron en la zona desde 1998.
Justamente la noticia de ese hallazgo provoca que familiares de personas que viajaban ocasionalmente o vivían en esa parte de Colombia, desde la década del noventa hasta el 2003, y no retornaron, se pregunten si esos restos son de sus parientes.
En Ecuador, a excepción de los parientes, que optaron por callar, y algunos vecinos, nadie sabía de estas desapariciones. “En esa época no había ningún control migratorio y la frontera era muy dinámica, por lo que es difícil dar cifras de personas afectadas”, indica Manuel Ibarra, director de la Pastoral Social del área fronteriza de Sucumbíos.
Lo mismo afirma Fanny Pilco, presidenta del Comité Provincial del Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos (Fedhu). “Nosotros no tenemos esos datos, hemos llevado solo casos puntuales”, menciona.
Pero es en la zona fronteriza que ese letargo de dolor se despierta al conocer el hallazgo de fosas comunes en el lado colombiano. Así como en Pacayacu se vuelve a hablar de los tres desaparecidos del pueblo hace siete años, en la parroquia El Eno, al sur de Nueva Loja, los parientes de Emiliano Espinales Bravo y José Leonardo Peña Calderón reviven su dolor.
Espinales, oriundo de Chone (Manabí) y que tenía 50 años, trabajaba en San Miguel recogiendo hojas de coca. “Yo estaba enferma en Quito y un día había salido de la casa diciendo que iba allá, a Colombia, a cobrar un dinero para que yo me cure. Desde ahí no sé nada de él”, afirma Indira Jácome, su conviviente.
“Un vecino de apellido Bermeo me avisó meses después que a Emiliano lo habían acribillado y hecho pedazos. No denuncié en ningún lado porque como pasó en Colombia a una le da miedo”, agrega la mujer.
Elisa Estela Calderón es la madre del desaparecido José Peña, quien tenía 26 años. Ella, a sus 74, padece de osteoporosis y lleva como una carga el dolor por la pérdida de su hijo. “Iba por temporadas para Colombia y allá hasta se consiguió una mujer que se llamaba Rosario.
Ella me conversó que unos paramilitares le cogieron en La Hormiga y se lo llevaron para matarle. No sabemos nada de su cuerpo, lo tenemos como muerto pero no denunciamos”, indica.
En Patria Nueva y Puerto Nuevo hay otros cuatro casos. Uno de ellos es el hijo de Juan Escobar, presidente de la segunda comunidad.
Johnatan Marcelo, de 12 años, acostumbraba viajar a La Dorada para lustrar zapatos. Hace seis años, en un mes de marzo, nunca más se supo de él. “No denuncié porque creía que iba de volver. Esto es difícil para la gente de ambos lados de la frontera. Ahora que oigo lo de las fosas comunes pienso que mi hijo puede estar ahí”, manifiesta Escobar, directivo de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo.
El dirigente estima que el 20% de desaparecidos por ataques paramilitares en el Putumayo colombiano podría ser ecuatoriano. En cada comunidad hay un promedio de dos familias cuyos miembros están perdidos. Si se toma en cuenta que en el cordón fronterizo de Sucumbíos hay unas 250 comunidades, se estima que serían unas 500 las víctimas del conflicto armado del vecino país. A ellos se suman los casos de comerciantes, médicos, profesores y agricultores, hombres y mujeres, que de distintos sectores del país ingresaban a esa conflictiva región, y que no retornaron.
El éxodo de ecuatorianos al Putumayo colombiano se dio por el boom de la coca en esa región, que entre 1985 e inicios del 2002 provocó un intenso movimiento económico y coincidió con la presencia de la guerrilla de las FARC. A inicios de 1998 comenzaron las masacres por la llegada de grupos paramilitares, cuya misión era combatir, al margen de la ley, a la guerrilla. Los paramilitares, según testigos y relatos de sus integrantes ante la Fiscalía colombiana, atacaban pueblos enteros, asesinaban a hombres, mujeres y niños, y sus cuerpos los arrojaban a los ríos o los enterraban en fosas, parte de las cuales hoy se están descubriendo.
El terror traspasó la frontera y cuando algún ecuatoriano no regresaba del vecino país, sus parientes no se atrevían a denunciar. Un miembro de la Fiscalía de Nueva Loja, que pide se reserve su nombre, explica que incluso las autoridades de Sucumbíos se negaban a conocer los casos porque estos se produjeron en otro país. No obstante, en los archivos de esa institución se registra un promedio de 40 denuncias al año, entre el 2001 y 2003, por desapariciones de personas en Nueva Loja, aunque sus parientes sabían que estas viajaron a Colombia, pero allá reinaba el terror y no podían ir a denunciar.
Mario Shingre, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo, y Fanny Pilco, de la Federación de Derechos Humanos de Sucumbíos, piden que el gobierno de Rafael Correa o algún organismo internacional levante un registro de desaparecidos ecuatorianos en esta zona de Colombia.
“Es difícil que la gente denuncie. Ahora que están desenterrando las fosas (en Colombia), hablan, y lo que han dicho en las comunidades es totalmente cierto. Sería interesante hacer una evaluación. Sería ideal que el Gobierno trate de establecer una cifra, que se forme un grupo de investigación”, dice Pilco.
Mientras, Gloria Vélez, quien subsiste con los $ 120 que obtiene al lavar ropa ajena, no solo llora por la ausencia de su esposo Fermín Álvarez, sino por el futuro de sus hijas, pues teme que el cáncer de útero que soporta se agrave y ellas se queden solas y no logren culminar sus estudios. Su primer hijo, que tenía 11 años cuando desapareció el padre, ya obtuvo su bachillerato y está en el cuartel.
“Hace dos semanas mi hijo vino franco. En cuanto llegó me preguntó si no había vuelto mi Fermín”, recuerda Gloria.
Santos Fermín Álvarez
Comerciante oriundo de Loja y residente en Pacayacu. Fue al Putumayo colombiano el 14 de junio del 2000. Lo esperan su esposa y tres hijos.
Emiliano Espinales Bravo
Oriundo de Chone y residente en El Eno, Sucumbíos. Tenía 50 años cuando se fue a San Miguel, Colombia, hace más de seis años.
Carlos Ortiz
Comerciante de Pacayacu, Sucumbíos, donde lo conocían como Cólera. Se fue hace siete años. Su esposa Martha Torres y su hijo lo esperan.
Gleicer Puente Lara (foto)
Comerciante nacido en San Miguel de Bolívar y residente en Pacayacu. Partió en el 2000. Su esposa y sus dos hijas aguardan por él.
Johnatan Marcelo Escobar
Nació en Naranjito, Guayas, de donde partió con su padre a Sucumbíos en el 2006. Tenía 12 años cuando se fue a La Hormiga, en el 2001.
José Peña Calderón
Oriundo de El Eno, Sucumbíos, tenía 26 años. Trabajaba en La Hormiga hace seis años. Procreó un hijo con una colombiana.
Cifras
Los efectos
250 Comunidades. Se sospecha que en unas 250 localidades de Sucumbíos hay al menos dos casos de desaparecidos en el Putumayo colombiano.