La semana que pasó fue signada por la reaparición en escena de algunas de las metodologías más tradicionales utilizadas por los violadores de derechos humanos: la amenaza y la represión.
El juez Carlos Rozanski, presidente del tribunal que condenó al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz a reclusión perpetua; y presidente también del mismo tribunal, que en poco tiempo más juzgará por primera vez a un sacerdote por su participación en crímenes de lesa humanidad, volvió a recibir una de las máximas expresiones de la cobardía: la amenaza en su casa y recibida por miembros de su familia.
Da la sensación de que los enemigos de la verdad y de la justicia quieren hacernos suponer que estamos en peligro. Da la sensación, también, de que pueden hacerlo impunemente y de que las instituciones del estado son impotentes cuando se trata de detectar a quienes utilizan sus resquicios para operar.
Es la oportunidad en que tenemos que señalar que a casi ocho meses de su desaparición no sabemos nada de Jorge Julio López. Tampoco sabemos nada de la cadena de intimidaciones y amenazas ocurrida después de la condena a Etchecolatz.
Los servicios de inteligencia nativos están demostrando su verdadera utilidad: espiar a la ciudadanía y servir a los intereses políticos y económicos del gobierno y/o de los poderosos de turno.
La desaparición de López y las amenazas a Rozanski están marcando una vez más la fragilidad institucional en que nos desenvolvemos y de la cual sería muy peligroso para las autoridades no tomar nota. Porque hay veces en que esa fragilidad parece beneficiar a quien temporariamente ocupa posiciones de poder; pero termina inexorablemente abandonándolo a fuerzas completamente ajenas a su voluntad y también a la voluntad del pueblo.
El uso de la fuerza represiva para contener la protesta social es otro signo de fragilidad institucional. Y si uno puede no sorprenderse demasiado cuando la represión es dirigida por un “manodurista” como Jorge Sobisch, no ocurre lo mismo cuando quien ordena la represión es un representante directo del Poder Ejecutivo Nacional, empeñado en un discurso público diferente.
Aquí hay una cuestión que –aunque parezca mentira- debe ser puesta sobre la mesa y clarificada: el reclamo de los docentes y de los municipales santacruceños es absolutamente legítimo. Cobrar sus sueldos en blanco, proteger a sus jubilados e intentar adquirir una mejor calidad de vida es defender los derechos humanos.
La práctica de pagar gran parte de los salarios estatales “en negro” debe ser desterrada inmediatamente. La calidad de vida de los trabajadores ocupados y desocupados debe ocupar un lugar protagónico en la discusión nacional acerca de qué se hace con el ingreso en nuestro país.
Estas verdades, que dichas así parecen de Perogrullo, se ven obligadas a abrirse paso entre los bastonazos de la policía y de la gendarmería nacional, como en la más cinematográfica república bananera. Y esto también es fragilidad institucional. Y es violación a los derechos humanos.
Necesitamos, entonces, reunir todas nuestras fuerzas para salir en defensa de quienes hoy son víctimas de estas prácticas y encarar la construcción de una democracia que a fuerza de popular y participativa, a fuerza de satisfacer las necesidades de su pueblo, merezca llevar ese nombre.
Posted by marga at Mayo 17, 2007 1:09 AM | TrackBack