El fiscal también interpuso un recurso de apelación contra la sorpresiva resolución.
Sin haber recibido una notificación oficial, el fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, se enteró por casualidad de que el represor Luis De Cándido fue trasladado del penal de Villa Urquiza a su domicilio particular. Por ello, le solicitó al juez federal Nº1, Jorge Parache, que le remita su resolución en la que habilitó la prisión domiciliaria sin intervención del Ministerio Público. De Cándido está procesado desde 2004 en la causa por las desapariciones de los hermanos Marta y Rolando Coronel.
Sorpresa y media. Creía que el represor Luis Armando De Cándido seguía alojado en el penal de Villa Urquiza pero por casualidad se enteró de que en realidad estaba gozando de las comodidades de su domicilio particular. Esto le sucedió al fiscal federal Nº1, Emilio Ferrer, quien aseguró en un escrito que nunca fue notificado de esta medida judicial que fue tomada por el renunciante juez federal Nº 1, Jorge Parache.
En un escrito que le presentó ayer al magistrado, Ferrer dijo que a través de un informe del médico Carlos Posse se enteró de que el interno De Cándido “no se encuentra” alojado en el penal de Villa Urquiza, sino que cumple arresto domiciliario desde el 14 de diciembre de 2006. “Esta es la primera noticia que tiene este Ministerio Público sobre el cambio en la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva de De Cándido, ya que nunca me fuera notificada la resolución que así lo ordenara”, expresó el fiscal al mismo tiempo que solicitó en forma urgente la resolución de Parache que habilitó la prisión domiciliaria sin intervención del Ministerio Público. Inclusive, ese informe médico se realizó en el marco de otra causa, la de Alicia Cerrota de Ramos
De Cándido fue agente del Servicio de Inteligencia Confidencial de la Policía de Tucumán durante el último gobierno militar. Fue detenido y desalojado en julio de 2004 de la vivienda que había usurpado ubicada en calle Chacabuco al 400 y luego fue procesado por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio con alevosía, asociación ilícita y usurpación de la vivienda de Marta y Rolando Coronel, desaparecidos en mayo de 1977, durante la última dictadura militar.
En su planteo, Ferrer también dejó en claro su disconformidad e interpuso un recurso de apelación contra la resolución que hubiera modificado la modalidad de la prisión preventiva de De Cándido al aclarar que adolece de nulidad absoluta. “Planteada la apelación en contra de cualquier resolución jurisdiccional, aclaro que me veo impedido de motivarlo exhaustivamente por la falta de conocimiento de los argumentos (¿edad...enfermedad terminal en etapa de desenlace...?) que fundaron la resolución impugnada”, agregó dejando traslucir su malestar al tratarse de personas que están “reprochadas de ser responsables de delitos de lesa humanidad”.
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