El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) exigió hoy al Gobierno nepalí que se forme una comisión que aclare el destino del millar de desaparecidos durante la guerra en ese país a la que un acuerdo puso fin ahora hace seis meses.
Uno de esos desaparecidos es Hiramani Dahit, un carpintero de un pequeño pueblo del suroeste nepalí que fue detenido por el Ejército el 13 de abril de 2001 y nadie ha vuelto a saber de él ni de los casi mil desaparecidos en la contienda.
En una mesa redonda celebrada hoy sobre los desaparecidos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) exigió al Gobierno que se forme la comisión que, según el acuerdo de paz, habría de aclarar el destino de esas personas y dar consuelo a sus familias.
Según el ICRC, hay 937 desaparecidos de la década de guerra, en la que otras 13.000 personas murieron.
De ellos, al menos 656 fueron detenidos por el Ejército, como Dahit, y otros 161 por la guerrilla maoísta, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC).
Dahit fue detenido por un grupo de soldados cuando volvía del trabajo en Thakurdwara, en el distrito de Bardiya, pero cuando su esposa, Manju, acudió al día siguiente al cuartel local le dijeron que no estaba ahí.
'No sé por qué lo arrestaron; no era un maoísta, pero a veces ellos venían a casa y nos obligaban a alimentarlos', explicó a EFE esta mujer, que ha movido cielo y tierra para saber qué fue de su marido, sin éxito.
Unos días antes del arresto del carpintero, cinco miembros del Ejército habían muerto en una explosión en la jungla vecina, emboscados por maoístas.
Otras 12 personas desaparecieron del pueblo junto a Dahit, entre ellas su hermano, Ram, un albañil, al que los soldados detuvieron en su casa una noche tres meses después, diciéndole que se lo llevaban para interrogarlo.
Su mujer, embarazada entonces, no se atrevió a preguntar por él temiendo correr la misma suerte y supo, por una información de la radio estatal unos días después, que Ram había 'muerto en un combate'.
'Pero no hemos visto su cadáver', denunció Manju, quien relató que su cuñada perdió al bebé a los dos días de dar a luz.
'Creo que mi marido aún está vivo. Quiero saber dónde está', exigió Manju.
El padre de Krishna Kumar Chaudhary, un maestro del mismo distrito, desapareció a principios de 2002. Su hijo no cree que siga vivo pero quiere 'saber por qué lo mataron y que los culpables lo paguen'.
El acuerdo de paz suscrito el 21 de noviembre de 2006 prevé crear una comisión de alto nivel para saber qué fue de los desaparecidos, pero tanto el Gobierno como los maoístas temen que se identifique a los culpables, afirmó a EFE el abogado Govinda Sharma Bandi, quien investiga las desapariciones a manos del Ejército.
Lo único que el nuevo Gobierno -en el que están incorporados los maoístas- ha hecho es presentar al Parlamento una ley que convierte en delito retener a una persona sin informarle del motivo y privándole de visitas de familiares.
'Pero la falta de interés por atender el asunto de los desaparecidos es obvia, porque la ley no es retroactiva', destacó Bandi.
En la misma línea, la representante de la ACNUR en Nepal, Sandra Beidas, criticó que 'la falta de avance en la resolución del destino de los desaparecidos y en la atención del derecho de sus familias a que se haga justicia plantea interrogantes sobre si existe la intención política de emprender una acción efectiva'.
Para la jefa de la delegación del ICRC en Nepal, Mary Werntz, el reto del Gobierno es mantener a los desaparecidos en el centro del debate, pero éste 'no debería convertirse en un asunto político, sino mantenerse en el plano humanitario'.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha investigado una serie de desapariciones de personas detenidas por el Ejército y ha pedido al Gobierno que haga público su paradero, 'que investigue a los responsables y adopte medidas contra ellos', según uno de sus miembros, Shyam Babu Kafle.
'Pero el Gobierno no ha hecho nada', dijo Kafle a EFE.
Portavoces del recién creado Ministerio para la Paz y la Reconstrucción y de Interior consultados por EFE dijeron que el asunto está fuera de sus competencias.
De formarse la comisión prevista por el acuerdo de paz, aún está por ver si su mandato permite el procesamiento de los culpables u opta por el perdón y el olvido.