El ex jefe de Inteligencia santiagueño Antonio Musa Azar negó haber participado en torturas y desapariciones de detenidos durante la última dictadura militar, informaron ayer fuentes judiciales.
En el marco de una nueva indagatoria realizada por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, Musa Azar dijo "no conocer" a las personas desaparecidas o presos políticos que denunciaron torturas durante la década del ’70 y en la etapa final de la tercera gestión de gobierno de Carlos Juárez.
Se trata de la causa en la que Juárez, de 89 años, está imputado por los delitos de "autor intelectual de apremios y torturas" y de "jefe de asociación ilícita" en la desaparición de 30 personas durante el gobierno constitucional entre 1973-75.
La acusación a Juárez surgió cuando el fiscal Pravia, en un dictamen de más de 30 fojas, denunció "torturas y apremios ilegales" aplicados a ciudadanos considerados opositores al gobierno provincial.
En la misma causa, también se encuentra acusados los militares Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Bussi, Jorge D’Amico y Musa Azar, detenido y procesado por el Doble crimen de La Dársena.
También fueron imputados por "privación ilegítima de la libertad torturas y apremios ilegales", los comisarios Ramiro López, Miguel Garbi, Juan Bustamante, Roberto Díaz, Jorge Brau, Correa Aldana y el fallecido Noly García, en todos los casos retirados de las fuerzas de seguridad.
Inicialmente, el ex juez federal Angel Toledo había ordenado una serie de procedimientos, entre ellos la exhumación de los restos de Consolación Carrizo, una de las víctimas enterrada en un cementerio de Arraga, que murió en extrañas circunstancias, tras su detención en la SIDE santiagueña.
Asimismo, un centenar de familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad, comparecieron en el Juzgado Federal de Santiago del Estero para permitir la extracción de sangre para un banco de datos de ADN.
Los exámenes serán comparados con los restos humanos que se sospecha serán encontrados en los cementerios clandestinos de las localidades santiagueñas de Sumamao, Arraga, Pozo Hondo e Isla Verde, trámite que tampoco fue ordenado por Toledo.
Las excavaciones e inspecciones oculares también debían extenderse hasta los cerros de Guasayán, a 80 kilómetros al oeste de la capital santiagueña, en el que se presume los desaparecidos serán arrojados de helicópteros, trámite que sigue sin cumplirse.
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Posted by marga at Mayo 24, 2007 5:53 AM | TrackBack