Representantes de los organismos de Derechos Humanos denunciaron públicamente que cinco (de los quince) miembros de la Gendarmería Nacional Argentina, que ya debieron ser indagados por la Justicia Federal, acuden a “chicanas judiciales” para evadir este paso procesal en el marco de la causa por el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. “Se trata de nuevas maniobras por parte de la defensa de los participes en el plan sistemático de terrorismo de Estado implementado en nuestra provincia por la última dictadura”, recalcaron a través de un comunicado de prensa.
“Al ya clásico recurso del certificado médico se suma ahora el pedido de defensores de reclamar la presencia en el expediente de los legajos de los represores con sus fojas de servicio en esa época”, alertaron.
A esto agregaron: “Ahora, pretendiendo descalificar los testimonios aportado por la querella y la fiscalía, pide la defensa de los genocidas, una prueba en la que no está registrado el itinerario criminal de los gendarmes Celso Alberto Barraza; Benito Palomo; Carlos Lafuente; Ernesto Rivero ; Juan Carlos Riso Avellaneda y Oscar Aurelio Soto ni de los gendarmes que aun falta concurrir. En ningún lugar va a constar, oficialmente, que eran destinados a prestar "servicios" en un lugar clandestino, de exterminio como lo fue el Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde tenían la función de fusilar, torturar, quemar los cuerpos de las víctimas del terrorismo de Estado, entre otras acciones”.