Se trata de Emilia Marta García y será investigada en el marco de la "megacausa" en la que investiga delitos de "lesa humanidad" cometidos en la ESMA. La ex magistrada está imputada de haber participado en maniobras de desapoderamiento de bienes de detenidos-desaparecidos.
La ex jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García será indagada el 9 de agosto por el juez federal Sergio Torres en el marco de la "megacausa" en la que investiga delitos de "lesa humanidad" cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
Según indicaron este mediodía a Télam fuentes allegadas a la causa, la ex jueza -quien renunció luego que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aconsejara su destitución- está imputada de haber participado en maniobras de desapoderamiento de bienes de detenidos-desaparecidos que estuvieron ilegalmente cautivos en la ESMA, entre ellos Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma.
En la causa se investiga el rol que cumplía García en una escribanía -cuyo titular Ariel Sosa Moliné falleció- que se encargaba de certificar la documentación por la que las víctimas "transferían" sus bienes a sociedades que integraban familiares de ex jefes navales, entre ellos el hijo del dictador Emilio Eduardo Massera.
En marzo de 2001, el juez federal Claudio Bonadío procesó a una media docena de ex jefes navales por haber formado una asociación ilícita destinada a desaparecer y desapoderar a Cerutti, Palma y Gómez propietarios, entre otros bienes, del campo de "Chacras de Coria", valuado en unos 15 millones de dólares.
Aquella investigación permitió establecer que, en 1977, distintos grupos de tareas de la ESMA realizaron allanamientos simultáneos en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y la Capital Federal, donde secuestraron a Cerutti -de 80 años- y a su yerno, Omar Pincolini, al contador Palma y al abogado Gómez.
Según esa pesquisa el grupo que asaltó la casa de Gómez se llevó de la caja fuerte varios fajos de dinero, un teléfono, ropa, una máquina de escribir y los títulos de propiedad Cerro Largo, una sociedad vitivinícola formada entre las víctimas y de la cual el letrado administraba unas veinticinco hectáreas en Chacras de Coria, una exclusiva zona residencial de Mendoza.