Al igual que Osvaldo Romo, quien falleció ayer, más de 300 militares (R) y una veintena de civiles cumplen condena o están procesados por delitos de lesa humanidad. Hasta ahora un descuento por planilla al personal del Ejército costea la defensa de los implicados.
El ministro de Defensa, José Goñi, ratificó ayer que se trabaja intensamente para que en el “más breve plazo” se ponga término al sistema de descuentos por planilla a los militares activos, con el fin de costear los abogados de los ex uniformados procesados en causas de derechos humanos.
Según indicó el titular de Defensa “el general (Óscar) Izurieta, comandante en jefe del Ejército, ya ha aclarado esta situación, ha señalado que se están tomando las medidas internas para sacar de la institución la recolección de este fondo, y que la gente civil, militar o quien desee colaborar con este tipo de fondo, que lo haga privadamente”.
El ministro agregó creer que “esto va en camino de solución. Será en el más breve plazo posible (...) dentro de las próximas semanas, incluso”, aseguró Goñi y aclaró que si bien esos fondos “tienen una buena intención” cuando se ayuda a militares inocentes, el conflicto es que muchas veces se destinan a apoyar inculpados, por lo que “no es buena esta vinculación de las Fuerzas Armadas, de ninguna manera”.
En el mismo sentido, poco antes, el senador (PS) Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, había emitido una declaración cuestionando que “si el aporte es voluntario, por qué a todos los integrantes de esta institución (el Ejército) se le descuenta un mismo porcentaje, es decir el 0,23% del sueldo”.
Y más adelante, Naranjo agrega que este aporte “genera un lazo institucional innegable entre el Ejército y los violadores de derechos humanos” y denuncia que las donaciones “no son voluntarias” ya que “altos funcionarios y miembros del Ejército me han expresado que están muy molestos por este descuento obligatorio” al cual no pueden oponerse “por temor a represalias morales y administrativas”.
Uno de los que en principio fue beneficiado por este aporte del Ejército, que incluso servía para mantener a su familia en Brasil, fue Osvaldo Romo Mena, quien falleció en la madrugada de ayer, en el hospital de la ex Penitenciaría, debido a un cuadro cardiorrespiratorio derivado de las múltiples dolencias que le afectaban.
Torturador
El médico del recinto, doctor Juan Idrovo, señaló que presentaba un cuadro de insuficiencia cardiaca descompensada, cardiopatía coronaria y diabético infectado, fue evaluado por un equipo multidisciplinario del Hospital Penal, se inició el tratamiento depresivo y de antibióticos, falleciendo a las 04:45 horas”.
En los primeros años de la dictadura militar, con el apodo de “Guatón Romo” el ex agente civil de la Dirección Inteligencia Nacional (DINA) se convirtió en siniestro símbolo de la despiadada represión. Por el descaro e impunidad con que actuaba al momento de interrogar a los prisioneros, Romo fue uno de los primeros torturadores en ser reconocido por las pocas víctimas que sobrevivieron al paso por las cárceles secretas de Pinochet. Cuando en 1975 los tribunales comenzaron reiteradamente a citarlo para que aclarara el destino de varios detenidos que figuraban como desaparecidos, bajo el nombre de Osvaldo Henríques Mena, los servicios de seguridad de la dictadura lo sacaron del país, junto a su familia, con destino a Brasil. Allá permaneció en forma clandestina, en un pequeño poblado, hasta que en 1992 la policía chilena dio con su paradero y tras incesantes gestiones diplomáticas, fue extraditado a Chile.
Seguridad y horror
La Moneda anunció ayer que se dispondrán todas las medidas de seguridad necesarias para evitar incidentes en el funeral de Osvaldo Romo.
“Adoptaremos las medidas destinadas a evitar cualquier tipo de enfrentamiento u otras cosas (que sucedan) en su funeral”, afirmó ayer el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, quien, al igual que otras autoridades gubernamentales, declinó referirse al fallecimiento del “Guatón” Romo, involucrado en más de un centenar de casos de detenidos desaparecidos y que sumaba condenas a 92 años de prisión, varias de ellas confirmadas por la Corte Suprema.
El diputado (PPD) Tucapel Jiménez señaló que Romo “simboliza todo el período de terror que vivió nuestro país. Siento que de cierta manera actúo con tanta maldad y odio, que terminó siendo víctima de sus propios horrores”.
Por su parte la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, señaló que “por lo menos él murió en la cárcel” y agregó que “los años pasan, los agentes van a ir muriendo”, pero advierte que “cuando muere uno de los más conocidos, uno dice ‘qué tremendo que haya existido esta gente’. Su sola existencia trae al recuerdo el horror, la tortura, la muerte”.
Su abogado Enrique Ibarra, ex profesional de la Auditoría General del Ejército y que afirma defendió a Romo en forma gratuita, asegura que “murió solo y abandonando, esperando que se le hiciera justicia (…), a él sólo le correspondió actuar en cumplimiento de un deber que el país le pidió a la Dirección de Inteligencia Nacional”. LN
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070704/pags/20070704213818.html
Posted by marga at Julio 5, 2007 6:02 PM | TrackBack