Agosto 2, 2007

Arg - Luis Patti le prende una velita a la Corte

LA PROCURACION OPINO QUE EL CONGRESO NO DEBIO IMPEDIR LA ASUNCION DEL REPRESOR LUIS PATTI

Luis Patti le prende una velita a la Corte

El dictamen fue firmado por el procurador Luis González Warcalde. Se basó en el fallo de la Corte sobre Bussi pero contradijo la opinión de Righi. Los diputados aseguraron que resistirán el ingreso del ex subcomisario y que acudirán a la CIDH. Críticas de los organismos de derechos humanos.

Por Victoria Ginzberg

El procurador fiscal ante la Corte Suprema Luis González Warcalde opinó que ese tribunal debería pronunciarse a favor de que el ex subcomisario Luis Abelardo Patti asuma como diputado. Basó su dictamen en la decisión de los propios supremos sobre el caso del dictador Antonio Domingo Bussi. Allí, la mayoría de los ministros aseguró que el Congreso no tiene atribuciones para rechazar la incorporación de un legislador electo. El escrito de Warcalde contradice la opinión de su jefe, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien hace dos años señaló que la Cámara de Diputados podía impedir el juramento de un legislador electo si éste estaba acusado de participar en crímenes de lesa humanidad. El nuevo dictamen fue criticado por los diputados que frenaron la asunción de Patti y por los organismos de derechos humanos. “Hubiera sido deseable que la Procuración insistiera con su posición para obligar a la Corte a contestar argumentos que fueron ignorados en el fallo anterior”, señaló Gastón Chillier, director del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

González Warcalde es, de hecho, el segundo de Righi. Fue quien elaboró el dictamen sobre Patti porque el procurador general fue recusado por el ex subcomisario (ver aparte). Con su escrito firmado, la Corte ya está en condiciones de pronunciarse sobre la banca del represor. En el caso de Bussi, la decisión de los supremos quedó abstracta porque al momento del fallo ya había vencido su mandato. Pero Patti se presentó para el período 2005-2009. Si la Corte falla ahora a su favor, seguramente reclamará su incorporación al Congreso. Esto generaría un nuevo conflicto, ya que en su lugar asumió otro legislador de su lista. Por este caso, el oficialismo estudia solicitar una opinión consultiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“De acuerdo con la doctrina novísima de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados de la Nación, al juzgar el diploma de Luis Abelardo Patti, ha excedido su potestad constitucional”, señaló González Warcalde. La doctrina a aludida es el fallo sobre Bussi. En junio, el máximo tribunal señaló –por mayoría de cuatro miembros– que el Congreso no podía definir si un diputado electo estaba en condiciones de asumir. El principal argumento de los jueces fue que habilitar a los legisladores para eso podía traer “consecuencias gravísimas”, ya que concedía a la mayoría la potestad de definir quién asumía y quién no. Los magistrados agregaron que el control de los requisitos constitucionales de los candidatos se debe hacer antes de la elección y ante el Poder Judicial pero que, además, el impedimento para ejercer el cargo “deviene, necesariamente, de una condena judicial por un delito”.

En este último fundamento reside la mayor crítica de quienes se oponen a que Patti (y los represores en general) pueda ser diputado o ejercer cualquier otro cargo público. Es que el ex subcomisario no pudo ser condenado, ni siquiera investigado, porque durante veinte años estuvieron vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Y, según la Corte, como no fue condenado, está en condiciones de ser diputado. “Es un argumento circular y perverso. El fallo (sobre Bussi) fue para un país donde funcionó la justicia, donde no hubo interrupción del estado de derecho, ignoró la política de impunidad que hubo en Argentina desde la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el fallo del juez Gabriel Cavallo”, dijo Chillier a Página/12. El director del CELS agregó que González Warcalde perdió la oportunidad de discutir el fallo de la Corte sobre Bussi, al que consideró “endeble”.

El CELS presentó ante la Corte un amicus curiae (un escrito de terceros con justificado interés en un proceso) en el caso Patti. Allí se recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en 1995 y 2000 que la Argentina debía adoptar medidas para evitar separar a funcionarios sospechados de graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En ese documento se hizo especial hincapié en la “situación excepcional” de los represores de la última dictadura que recién ahora comienzan a ser juzgados. En la resolución sobre Bussi, la Corte no hizo mención a este hecho.

El diploma de Patti fue impugnado por los diputados Miguel Bonasso, Araceli Méndez de Ferreyra, Remo Carlotto, Carlos Tinnirello y Diana Conti por su participación en crímenes de lesa humanidad. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos hizo una investigación que incluyó la posibilidad de defensa por parte del dirigente del Paufe. La Comisión consideró probado que el ex subcomisario participó, entre otros casos, del fusilamiento de los dirigentes Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, el secuestro de Juan José Fernández, Ricardo Jiménez, el diputado Diego Muñiz Barreto y el periodista Tilo Werner y el secuestro y tortura de Valerio Salvador Ubiedo y Luis Angel Geréz. También se tuvo en cuenta que había sido procesado por encubrir, en 2003, al represor Jorge Granada mientras estaba prófugo. Actualmente, Patti está imputado en por lo menos cuatro causas por su actuación durante la última dictadura, aunque ninguna de ellas registró grandes avances. “Los jueces le tienen temor porque es poderoso y este dictamen es un mal mensaje”, dijo Ana Oberlin, abogada de Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) (ver aparte).

Al manifestar su opinión en el caso de Bussi –que había sido impugnado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos–, Righi dijo que el Congreso podía rechazar la incorporación al cuerpo de un torturador y señaló que “el disvalor que se desprende del hecho de haber formado parte de ese gobierno (de facto) permite razonablemente afirmar un reproche ético incompatible con el requisito de idoneidad necesario para el acceso a la función pública”. González Warcalde no opinó igual.


LOS DIPUTADOS RATIFICAN QUE IRAN A LA CIDH

“No permitiremos que asuma”

Por Miguel Jorquera

Los diputados kirchneristas que impugnaron el ingreso de Luis Abelardo Patti a la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral” cuestionaron duramente la resolución del procurador adjunto Luis González Warcalde que favorece al ex subcomisario de la bonaerense y ratificaron que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se expida sobre el “conflicto de poderes”. “Es un derecho constitucional revisar los títulos de los miembros de la Cámara”, “hemos respetado la voluntad popular” y “su derecho a defensa” argumentaron los legisladores que juzgaron la conducta de Patti. También dejaron en claro que no cederán ante la resoluciones judiciales: “no permitiremos que un torturador y genocida se siente en una banca del Parlamento”, sentenciaron.

Casi con los mismos argumentos con que manifestaron su rechazo a la resolución de la Corte Suprema sobre el dictador Antonio Domingo Bussi, los legisladores que impugnaron el ingreso de Patti al Parlamento volvieron a cuestionar el dictamen del procurador adjunto González Warcalde, aunque la decisión final estará en manos de los supremos.

“Primero, la resolución no es vinculante, pero hay varias cosas que nos llaman la atención: que se haya dado a conocer durante la feria judicial; que el adjunto haga propio el fallo de la Corte sobre el caso Bussi, en lugar de tener un pronunciamiento propio en el marco de una consulta; y que vaya en contra de toda la argumentación jurídica que volcó el procurador (Esteban) Righi en el caso Bussi”, dijo a Página/12 el diputado Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

Desde México, donde participa de la gira presidencial, el diputado Miguel Bonasso fue contundente: “No vamos a permitir que un torturador y genocida ingrese a la Cámara de Diputados”, contestó ante la consulta de este diario. “Vamos a recurrir ante la CIDH porque sin lugar a dudas estamos frente a un conflicto de poderes, entre el Legislativo y la Justicia. Juzgar a nuestros pares en la Cámara es una facultad que nos otorga la Constitución, fue aprobado por dos tercios de los legisladores y le otorgamos derecho a defensa durante tres meses de audiencias a las que nunca asistió”, concluyó Bonasso, impulsor de la impugnación a Patti.

El kirchnerista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse ratificó la “justeza” de la actuación de los diputados. “En el ’99, la Cámara no se equivocó con Bussi cuando no permitió que asumiera su banca por inhabilidad moral por mentir sobre sus cuentas en Suiza, y entonces sólo tenía una causa penal abierta. Ahora tiene más de 500 causas que van desde enriquecimiento ilícito hasta genocidio”, dijo a Página/12 antes de embestir contra el dictamen de la Procuración por el tema Patti: “La legitimidad popular tiene un límite. Pensar que el voto popular sobreseyó a alguien que violó las leyes es un disparate”, concluyó Vargas Aignasse.

“Si la Corte Suprema acogiera el criterio del dictamen, el fallo sería de cumplimiento imposible, pues hay una situación jurídica consolidada, ya que en lugar de Patti ingresó otro candidato de su lista”, argumentó la diputada correntina Araceli Méndez de Ferreyra. Dante Camaño se sentó en la banca del Paufe, de acuerdo con la ley electoral, “hasta el final del mandato”. Camaño no abrió la boca, mientras macristas y radicales aseguraron a Página/12, “aunque todavía no conocen los detalles del dictamen”, que mantendrán la misma postura que durante todo el proceso contra Patti: “si no está procesado, debe asumir su banca”.


LA PALABRA DE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS

“Tendría que estar preso”

Por Adriana Meyer

“Son las paradojas que generó la impunidad en este país, que se haya cuestionado su diploma por su actuación y finalmente se resuelva a su favor tiene que ver con que durante todos estos años a las víctimas se les negó la justicia, y si en este país las instituciones funcionaran (Luis) Patti tendría que estar preso.” Así, con inocultable indignación, opinó sobre el dictamen de la Procuración la abogada de HIJOS de Rosario, Ana Oberlin. El mismo sentimiento recogió Página/12 en diálogo con Manuel Gonçalves y Juana Muñiz Barreto, hijos de dos de las víctimas del torturador aspirante a diputado.

“Es un retroceso como lo fue el dictamen de la Corte sobre Bussi, y se está dando un mensaje contradictorio: promovemos juicios que se reabren, instamos a la participación de los testigos y los animamos dándoles confianza, incluso algunas resoluciones de la Corte van en ese sentido, pero un dictamen como éste vuelve a generar impunidad. Y me preocupa ese mensaje en este momento clave en que socialmente se está debatiendo las consecuencias de la dictadura en el presente, es volver para atrás con el acierto del año pasado de la Cámara”, completó Oberlin, querellante en varios procesos en los que está imputado Patti. “Por algo los jueces tienen tanto temor con este personaje, por lo menos son cuatro que no hacen nada. Y ahora va a hacer aún más difícil pero vamos a seguir peleándola”, anticipó.

El hijo del desaparecido Gastón Gonçalves recordó que no sólo el problema está en la Justicia. “Los proyectos de ley para impedir las candidaturas de represores aparecieron con el caso Bussi y con el caso Patti pero ahora duermen en los cajones”, expresó. “Hay intereses que no conozco y con una elección acá nomás si no hay decisión de fondo esto va a seguir sucediendo”, agregó Manuel Gonçalves, que participó del proceso de impugnación de Patti en la Cámara de Diputados. “Fueron tres meses en el Congreso para lograr algo válido, y pensamos que la Justicia nos iba a acompañar pero me siento horrible... la gente tuvo que contar las atrocidades que vivió varias veces y alguien desde un escritorio ahora dice que esto no va. Parece todo un circo”, se quejó Gonçalves. La causa por el séxtuple homicidio de sus padres y otros cuatro militantes de la Juventud Peronista pasó del juzgado de San Nicolás al de Campana, de ahí a la Cámara de Rosario por un conflicto de competencia, y finalmente recayó en la justicia federal de San Martín. “Esto grafica mucho lo que pasa, dos años, tres jueces, dos cámaras, todo dilatado. El fiscal (Juan Murray) pidió su detención, y (Patti) ya estaría preso, ya habría condena. Pero da mucho trabajo porque tiene poder”, concluyó.

Consultada sobre el dictamen, la hija del desaparecido diputado justicialista Diego Muñiz Barreto manifestó que le parece “una verdadera vergüenza”. Y agregó: “Mi padre fue una víctima más de la falta de legalidad, así que no voy a dejar de batallar porque estoy segura de que éste es el mejor legado que puedo dejarles a mis hijos”.

Posted by marga at Agosto 2, 2007 5:26 PM | TrackBack
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